USHUAIA.- La industria impulsada por la dictadura de Pinochet a fines de los 80, se ha convertido en uno de los más productivos del país, pero a un costo ambiental y social cada vez más evidente. Más de la mitad de las empresas que operan en esta región son extranjeras, principalmente noruegas, y sus prácticas están provocando una devastación marina que alarma a expertos y comunidades.
El salmón, una especie foránea introducida en Chile, es cultivado intensivamente en jaulas sumergibles del tamaño de un campo de fútbol. Cientos de miles de salmones son engordados con sistemas automatizados y luego “cosechados” mediante mangueras que los succionan hacia las plantas procesadoras. A diferencia de Noruega, donde el salmón es silvestre y adquiere su color rosado de crustáceos, en Chile se les deben introducir colorantes y grandes cantidades de antibióticos para su supervivencia fuera de su hábitat natural. Esto resulta en una grave contaminación de las aguas y los fondos marinos por heces y residuos químicos.
Sobreproducción, zonas muertas y la lucha de las comunidades indígenas
Mientras las empresas salmoneras transnacionales cumplen rigurosamente con la legislación en sus países de origen, en Chile aprovechan la falta de control por parte de las autoridades locales para criar muchos más salmones de lo permitido. Esta sobreproducción ha provocado el escape de millones de ejemplares de las jaulas, que actúan como depredadores de las especies locales y alteran gravemente el equilibrio marino. Además, el hacinamiento de los peces en las jaulas genera altas demandas de oxígeno, disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua y creando las denominadas “zonas muertas” que aniquilan la vida oceánica.
El avance de esta industria no solo está acabando con los ecosistemas marítimos, sino también con las formas de vida tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales. En 2024, el Relator de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, recomendó a Chile suspender “la expansión de la acuicultura del salmón a la espera de un análisis científico independiente de los impactos medioambientales adversos”, dado que aún no se ha calculado el grado real de contaminación.
A pesar de estas advertencias, la industria salmonera sigue expandiéndose por la Patagonia, cada vez más hacia el sur. Tras saturar el mar en Chiloé y Aysén, ahora ha llegado hasta Cabo de Hornos, en el extremo austral, amenazando ecosistemas de alta biodiversidad marina, incluyendo áreas con categoría de Reserva Nacional.
La Ley Lafquenche, promulgada en 2008, buscó fomentar la participación de las comunidades indígenas en el uso y manejo de los recursos marinos de sus territorios a través de la figura de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Sin embargo, su implementación ha resultado complicada debido a la fuerte oposición de la industria salmonera.
Los habitantes de las islas Huichas, por ejemplo, cuya forma de vida siempre estuvo asociada al mar a través de la recolección de algas, crustáceos y pesca tradicional, se han visto gravemente afectados por las más de 300 concesiones salmoneras en el archipiélago. Nelson Millatureo, presidente de la comunidad indígena Antünen Rain, declaró que “todo lo económico aquí viene del mar. Pero ahora hay un daño ambiental gigante”. Millatureo denunció la aparición de una “baba espesa” en las costas producto de las heces de los salmones, que impide la reproducción de larvas de especies autóctonas. “El Estado salmonero, como le llamamos, no realiza estudios, solo se hace eco de los beneficios que genera la industria y afortunadamente para ésta toda la contaminación queda bajo el agua, no se ve. Lo único que se aprecia es la basura de los centros salmoneros acumulada en las orillas”, sentenció.
Sofía Cabero, recolectora de algas, relató que antes, áreas ricas en “loco, almeja, picoroco”, hoy no tienen “absolutamente nada” debido a la contaminación. Además, denunció que “se ven incluso centros salmoneros completos en el fondo [del mar] porque a los empresarios les conviene más hundirlos cuando cumplen su ciclo que trasladarlos”. Paolo Matissini, de la comunidad indígena Fotem Mapu, agregó que las mallas usadas para proteger a los salmones de los lobos marinos se desprenden, provocando la muerte de lobos marinos, cormoranes y hasta ballenas enredadas.
El desastre trasciende lo ambiental. Nelson Millatureo afirmó que “estas caletas pesqueras han quebrado, el poco trabajo que ofrecen las salmoneras es precario. Traen gente de fuera y en la localidad ahora hay prostitución, droga y alcohol”. Aunque los líderes no están en contra de la industria per se, exigen un fin a las “malas prácticas” y la administración de sus maritorios a través de los ECMPO. No obstante, las solicitudes han sido rechazadas tras campañas de desinformación por parte de la industria, con denuncias de amenazas y presión económica.
La sobreproducción salmonera ha ido en aumento, con una alarmante falta de control sobre las instalaciones y las prácticas. “La administración encargada de la fiscalización ni siquiera tiene embarcaciones, vienen en las lanchas de los propios salmoneros. Ni buzos tienen”, denunció Cabero. Esta situación también ha bloqueado el desarrollo de nuevas actividades económicas como el turismo, con registros arqueológicos y paleontológicos destruidos por la infraestructura industrial. “A pesar de la belleza natural, ¿qué turista va a querer venir a ver este desastre?”, concluyó Sofía, reflejando la desesperación de las comunidades afectadas.
