El Ayuntamiento de Barcelona y la asociación de ejes comerciales Barcelona Oberta se sentarán por fin próximamente en una mesa de negociación para tratar de definir una alternativa a la sentencia que ordena devolver la urbanización del eje verde de la calle Consell de Cent a su anterior configuración. Según han confirmado a La Vanguardia diversas fuentes implicadas en este conflicto, ambas partes están dispuestas a aceptar la mediación que ya ha propuesto oficiosamente la Sindicatura de Greuges de Catalunya para buscar una solución satisfactoria para todos que evite revertir una obra ya plenamente consolidada y, al mismo tiempo, que impida tener que devolver los fondos europeos Next Generation que obtuvo el Ayuntamiento para financiar parcialmente su programa de la Superilla Barcelona.
El próximo 5 de septiembre se cumplirán dos años ya desde que una jueza de Barcelona falló en contra del proyecto de reurbanización de Consell de Cent por considerar que su aprobación no se había ajustado a derecho al haber esquivado la modificación del Plan General Metropolitano. En aquella sentencia, la magistrada dio la razón a la parte demandante, la asociación Barcelona Oberta, en su conflicto con el Ayuntamiento de la capital catalana.
La primera decisión judicial ya planteaba la opción de una mediación que hasta ahora no se ha producido
El Consistorio decidió entonces agotar todas las vías legales para evitar la ejecución de la sentencia. El pasado mes de de marzo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificó la primera decisión y el gobierno que ahora preside el alcalde socialista Jaume Collboni decidió apelar en última instancia al Tribunal Supremo, que podría emitir un fallo definitivo durante el primer semestre del 2026. La resolución del TSJC incluía un voto particular que validaba los argumentos del Ayuntamiento.
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La judicialización de la reforma de los ejes verdes del Eixample, como la de la reurbanización de la Via Laietana, es una cuestión que atañe a los dos últimos gobiernos municipales. Se trata de actuaciones diseñadas en el segundo mandato de la común Ada Colau –con el propio Collboni como primer teniente de alcalde– y cuya resolución judicial ha caído como una bomba de efectos retardados sobre el gobierno en minoría del PSC. Ya en un primer momento los socialistas, a pesar de formar parte de aquel ejecutivo, expresaron objeciones a este tipo de urbanismo del que BComú ha hecho bandera, aunque en definitiva lo han acabado defendiendo ante la justicia por un principio de responsabilidad y porque, al menos públicamente y en virtud de las alegaciones de los abogados del Ayuntamiento, creen en la legalidad de las actuaciones realizadas.
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Ya en la primera sentencia sobre la reforma de Consell de Cent la jueza planteaba la posibilidad de efectuar una mediación para no tener que llegar al, extremo de revertir la obra, con el elevado coste económico y social que ello representaría. Sin embargo, a pesar de algunos contactos iniciales y, sobre todo, de la voluntad expresada por ambas partes de buscar un plan B menos drástico, esa mediación se ha ido demorando mientras el conflicto iba quemando etapas en los tribunales. Es ahora, con la sentencia definitiva del Supremo en un horizonte cada vez más cercano, que entra en juego la Sindicatura de Greuges. Ambas partes litigantes apuntan en este sentido el papel que puede jugar en la resolución de este espinoso asunto el abogado y mediador internacional especializado en resolución de conflictos, derechos humanos y construcción de la paz Jordi Palou-Loverdos. Este jurista de reconocido prestigio fue designado el pasado febrero adjunto a la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.
Vía crucis judicial
La reforma de algunas calles del Eixample se ha convertido en un vía crucis judicial para el Ayuntamiento, que ha visto cómo iban cargándose en su mochila varias sentencias desfavorables, pero que también ha observado una cierta disparidad de criterios a la hora de juzgar la legalidad de sus actuaciones. En octubre pasado, un juzgado avaló la reforma de Consell de Cent con Girona porque no consideró necesaria la modificación del PGM. Antes, se había archivado la causa penal contra la exalcaldes de Ada Colua y la es responsable de Urbanismo, Janet Sanz, presentada por el exarquitecto en jefe del Ayuntamiento Josep Antoni Acebillo.
