La ex presidenta Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria en el barrio de Constitución, comparó su situación judicial con la que tuvo el mandatario de Brasil Lula da Silva. Dijo que «fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso».
«Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy SU VISITA FUE MUCHO MÁS QUE UN GESTO PERSONAL: FUE UN ACTO POLÍTICO DE SOLIDARIDAD», afirmó la exmandataria a través de un posteo en su cuenta de X.
Sin embargo, la situación judicial de ambos es bastante diferente y se les imputaron distintos delitos, y Lula nunca llegó a tener una condena firme como la de Cristina a 6 años de prisión en la causa Vialidad por fraude al Estado, en un juicio que duró 9 años y pasó por todas las instancias de revisión judicial, afirmaron fuentes judiciales.
En Vialidad se la condenó por el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos de obras públicas en favor de su socio, Lázaro Báez, que en su mayoría no fueron terminadas y se hicieron con sobreprecios. Ella en persona firma un decreto para reasignar presupuesto para obras en Santa Cruz.
Además, Cristina está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Cuadernos de las Coimas que recaudó unos 200 millones de dólares en sobornos de parte de contratistas de obra pública. Y también está procesada por lavado de dinero en la causa Hotesur-Los Sauces y por encubrimiento en la causa del pacto con Irán, entre otras.
En 2022, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las condenas contra Lula da Silva. La decisión fue tomada por ocho votos frente a tres y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que antes había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel, y lo hizo por un conflicto de competencias. Ese fallo le permitió presentarse a las elecciones y se reelecto.
Fachin consideró que los dos juicios en que Lula fue condenado a prisión, y otros dos en los que todavía no había sentencia firme, fueron irregulares, ya que se realizaron en los tribunales de la ciudad de Curitiba, a cargo del exjuez Sergio Moro, que no tenían competencia territorial sobre esos asuntos.
En 2019, la Justicia brasileña había condenado al ex presidente a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por supuesto cohecho y lavado de dinero. Se trata de otra investigación en el marco del gran operativo Lava Jato, en el que fue sospechoso de haber recibido sobornos en el marco de una reforma en una quinta en el estado de San Pablo. La sentencia la había dictado la jueza Gabriela Hardt, de primera instancia.
La jueza Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de San Pablo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al ex presidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
El líder del Partido de los Trabajadores estaba preso en Curitiba desde abril de 2018, cumpliendo una pena de 12 años y un mes, decidida por un Tribunal Regional Federal. Fue condenado por recibir un departamento en la localidad costera de Guarujá, en San Pablo, como supuesto soborno por parte de una constructora, a cambio de ser beneficiada en una obra pública.
