La sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa asumirá un papel protagónico en la IV Cumbre Celac–Unión Europea, al presentar oficialmente la Declaración de la Sociedad Civil ALC–UE, un documento que recoge las demandas de más de un centenar de organizaciones sociales, redes, sindicatos, pueblos indígenas, colectivos juveniles y entidades sin ánimo de lucro.
El texto, construido durante el Foro de Sociedad Civil ALC–UE realizado los días 7 y 8 de noviembre en Santa Marta (Colombia), será presentado por Inma Alonso, de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (España), y Andrés Rodríguez, de Youth Sounding Board Colombia. Ambos expondrán ante los jefes de Estado los diez ejes centrales del documento, que buscan fortalecer una cooperación birregional “justa, inclusiva, participativa y sostenible”.
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Durante el encuentro previo, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, destacó la relevancia de este espacio en la diplomacia contemporánea. “Esperamos de la sociedad civil que nos ayude, en términos de diplomacia, a construir una gobernanza compartida. Por eso hemos insistido en lo que denominamos diplomacia comunitaria, una diplomacia de los territorios”, señaló el funcionario, al subrayar que Colombia busca romper con la visión centralista de su política exterior.
La Declaración de la Sociedad Civil que se presentará el 9 de noviembre en Santa Marta insta a los gobiernos de ambas regiones a fortalecer la participación ciudadana como pilar del multilateralismo democrático. En su primer punto, las organizaciones firmantes subrayan la necesidad de una cooperación basada en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos, que coloque a las personas y comunidades —incluidas las rurales, migrantes, afrodescendientes y con discapacidad— en el centro de las políticas birregionales.
El documento advierte sobre las “crisis interconectadas” que amenazan la cohesión social, ambiental y económica, y que profundizan la desigualdad y la pérdida de espacios democráticos, en especial para los países insulares del Caribe. Por ello, la sociedad civil pide que la cumbre adopte compromisos “ambiciosos y medibles” que consoliden una cooperación horizontal y participativa, centrada en la justicia social y la sostenibilidad.
Uno de los apartados centrales está dedicado a la justicia climática y la protección de los territorios, donde las organizaciones reclaman garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, el acceso equitativo a la tierra y el agua, y el financiamiento directo y sostenible para comunidades rurales. También se insta a proteger la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos, considerados “prioridades éticas y políticas de los Estados de la Celac”.
En materia de desarrollo económico, la Declaración propone redefinir el concepto de progreso más allá del PIB y exige cumplir con los compromisos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), alcanzando el 0,7% del producto interno bruto. Además, plantea que la inversión birregional sea transparente y que los acuerdos comerciales, como el UE–Mercosur o el Global Gateway, incluyan cláusulas vinculantes en derechos humanos, laborales y ambientales.
Otro de los ejes sustantivos del documento es la igualdad de género y la autonomía de mujeres, niñas y juventudes. La declaración exige medidas para erradicar todas las formas de violencia machista y de género, así como garantizar la participación activa de la sociedad civil en la implementación y seguimiento del Pacto Birregional por los Cuidados, que reconoce el cuidado como un derecho humano y un bien público global.
En el contexto de la transformación digital, la sociedad civil advierte que “la tecnología no es neutra” y que, sin un enfoque de derechos humanos, puede profundizar las desigualdades. Por ello, propone que la Alianza Digital ALC–UE incorpore principios de sostenibilidad, rendición de cuentas y gobernanza democrática, además de garantizar la conectividad asequible y la alfabetización digital universal, con especial atención a mujeres, niñas y personas con discapacidad».
El documento también aborda la corrupción y el crimen organizado como amenazas a la democracia y al bienestar social, llamando a fortalecer las instituciones públicas, la rendición de cuentas y la transparencia. Se enfatiza la importancia de proteger a periodistas, fiscales y personas defensoras de derechos humanos, y de armonizar los marcos normativos para prevenir delitos financieros y el lavado de dinero.
La declaración concluye reafirmando que “sin igualdad no hay justicia, sin derechos no hay desarrollo y sin democracia no hay futuro”, y propone que la cumbre formalice un mecanismo birregional permanente de diálogo y seguimiento con participación efectiva de la sociedad civil, sindicatos, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y gobiernos locales.
Este mecanismo, según el texto, permitiría consolidar una cooperación “legítima, eficaz y transformadora”, fortaleciendo los espacios de incidencia ciudadana ya existentes.
