Argentina enfrenta una crisis moral y económica que se gestó durante años en el sistema de pensiones por invalidez. Con 1,25 millones de estas pensiones otorgadas, los números no cierran con ningún dato demográfico. Es insostenible, y las evidencias de irregularidades son abrumadoras.
La auditoría en curso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está destapando un festival de fraudes que no solo compromete las finanzas públicas, sino que también traiciona a quienes genuinamente necesitan estas ayudas.
Casos escandalosos saltan a la luz día tras día. En Chaco y Salta, se investiga la entrega de pensiones en actos públicos, como si fueran caramelos. Hay 220 presos y 331 prófugos cobrando pensiones por invalidez laboral, un despropósito que implica que el Estado, en la práctica, financia fugas con dinero público.
La auditoría, que comenzó en la Patagonia y Buenos Aires y se extiende al resto del país, ya suspendió 80.000 pensiones: 65.000 por irregularidades como certificados falsos, 8.000 por renuncias voluntarias de quienes sabían que su beneficio era fraudulento y casi 7.000 por cobros de familiares de beneficiarios fallecidos. El 60% de los citados ni siquiera se presentó a la revalidación, una señal clara de que muchos saben que no pueden justificar su pensión.
Este descontrol tiene un costo astronómico: las pensiones suspendidas hasta ahora representan un ahorro de 23.000 millones de pesos mensuales. Los cálculos estiman que, como mínimo, se darán de baja 250.000 pensiones, lo que equivale a 1,2 billones de pesos al año.
Dinero que podría destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad que realmente lo necesitan, quienes hoy enfrentan trámites interminables y reciben montos insuficientes, en parte porque el sistema está colapsado por el fraude.
El Gobierno ha tomado medidas: un nuevo cuerpo médico evaluador, reinscripción obligatoria y facultades ampliadas para la ANDIS para suspender o dar de baja pensiones.
Sin embargo, el camino no es fácil. Los defensores del «festival» reaccionan con fuerza. Desde el Congreso, se dio media sanción a una ley de emergencia de discapacidad que, aunque incluye medidas loables, esconde trampas para reactivar el reparto indiscriminado de pensiones. Figuras como Andrés «Cuervo» Larroque, desde la Secretaría de Bienestar Social de Buenos Aires, promueven guías para dificultar las bajas, mientras consejos deliberantes como los de Tandil y Balcarce, o legisladores kirchneristas de Río Negro, declaran en contra de la auditoría, calificándola de «violencia institucional».
La verdadera violencia, sin embargo, fue el saqueo al ANSES, perpetrado durante años bajo la mirada cómplice de quienes ahora critican el intento de ordenar el caos.
Este escándalo no es solo una cuestión de números. Es la radiografía de una red de corrupción que involucra a millones: médicos que firman certificados truchos, gestores que lucran con trámites, abogados que alimentan una industria del juicio y funcionarios que miraron para otro lado mientras el ANSES se convertía en un agujero negro.
Pero lo más grave es la degradación moral que esto refleja. Se ha naturalizado una cultura del “vivo”, donde el fraude se justifica como solidaridad, siempre con la plata de otros. Y los más perjudicados son, justamente, aquellos que el sistema debería proteger: las personas con discapacidad que, por la codicia y la indolencia de muchos, reciben migajas.
La auditoría de la ANDIS es un primer paso para limpiar esta mugre, pero no solo se trata de recuperar recursos, sino de reconstruir una sociedad que normalizó el choreo. Porque cuando todos callan, todos son cómplices. Y mientras sigamos aceptando cruzar esa frontera, seguiremos siendo una sociedad de justificadores, donde nadie se pisa el poncho, pero todos pagamos el costo.
