En una comparecencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Evan Ellis, profesor investigador de América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y asociado senior no residente del Center for Strategic and International Studies (CSIS), advirtió sobre la expansión de la influencia de la República Popular China (RPC) en América Latina y el Caribe, y su impacto sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Ellis señaló que la presencia de empresas chinas en la región supera las 678 transacciones públicas por un valor estimado de 203.400 millones de dólares, mientras que el volumen comercial bilateral con los países latinoamericanos asciende a 499.600 millones de dólares. Según el analista, este vínculo económico ha generado una red de dependencia que reduce la disposición de las élites locales a confrontar públicamente al gobierno chino por sus acciones internas y externas.
“La expectativa de beneficios personales y comerciales derivados de la relación con China ha moderado la voluntad de muchos líderes de priorizar sus intereses nacionales si estos entran en conflicto con los intereses de Beijing”, afirmó Ellis ante el Senado.
El experto subrayó que la estrategia de la RPC no se limita al ámbito económico. En paralelo, China ha desarrollado una serie de redes de influencia interpersonal en la región. Entre ellas, mencionó los 44 Institutos Confucio que operan en América Latina, diseñados para promover el idioma y la cultura china, pero también utilizados como canales para reclutar estudiantes con becas directas del gobierno chino.
Asimismo, destacó el papel de programas como “Seeds for the Future” de Huawei, y los viajes de cortesía organizados para periodistas, académicos, funcionarios judiciales, policías y militares latinoamericanos. Según Ellis, miles de personas han sido invitadas a viajes financiados por la RPC, orientados a construir relaciones favorables y reforzar la imagen del régimen chino entre las élites locales.
En el ámbito mediático, el testimonio mencionó que China ha ofrecido contenido gratuito, imágenes y anuncios pagados a medios regionales como La Jornada en México y La Tercera en Chile, reforzando así su influencia en la opinión pública. Además, ha mantenido vínculos con partidos políticos y organizaciones empresariales a través del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino, incluyendo caucus parlamentarios pro-China en México y Ecuador.
La penetración china en el ecosistema digital regional también fue objeto de análisis. Ellis explicó que empresas chinas, en particular Huawei, han suministrado componentes y servicios tecnológicos en América Latina desde los años noventa. Actualmente, estas compañías participan en hasta el 60% de la infraestructura de telecomunicaciones del continente.
El experto alertó sobre los riesgos que esto representa para la soberanía tecnológica y la protección de la propiedad intelectual, en especial a raíz de las leyes de seguridad nacional y ciberseguridad adoptadas por China en 2017 y 2019, que obligan a las empresas chinas a entregar datos a las autoridades cuando se considere de interés para la seguridad nacional.
En el caso de México, Huawei figura como un actor destacado en el sector de servicios en la nube, proveyendo soluciones digitales a empresas privadas y entidades gubernamentales, incluyendo la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de alianzas con Telmex y el Grupo Carso.
Ellis vinculó la estrategia de la RPC en América Latina con el fortalecimiento de gobiernos autoritarios en la región. Subrayó que China ha canalizado más de 60.000 millones de dólares en préstamos a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y 13.000 millones al régimen de Rafael Correa en Ecuador, a cambio de recursos naturales y contratos para empresas chinas.
También denunció el suministro de tecnología de control social y represión por parte de empresas chinas. En Venezuela, China proveyó el sistema de la “Tarjeta de la Patria”, que permite al régimen controlar el acceso a alimentos y servicios. Además, vendió vehículos blindados VN-1, cámaras de reconocimiento facial y otros sistemas usados para perseguir opositores.
En Cuba, explicó Ellis, la contratación de infraestructura de telecomunicaciones con empresas chinas permitió al régimen interrumpir las comunicaciones entre manifestantes durante las protestas de julio de 2021 y aislar al país del exterior.
Finalmente, el investigador alertó sobre los escenarios de riesgo que podrían activarse si estallara un conflicto entre Estados Unidos y China, particularmente en torno a Taiwán. Según Ellis, la creciente presencia económica y tecnológica de la RPC ofrece al Ejército Popular de Liberación (EPL) capacidades para interferir en despliegues militares de EEUU en la región sin necesidad de establecer bases formales.
En tanto, mencionó la existencia de instalaciones de inteligencia chinas en Bejucal, Cuba, y la posibilidad de utilizar instalaciones comerciales en México, América Central y el Caribe para actividades de observación o sabotaje. También planteó el riesgo de que agentes del EPL hayan ingresado de forma encubierta a EEUU entre los más de 30.000 migrantes chinos indocumentados estimados en 2024, con el propósito de ejecutar acciones de sabotaje en caso de guerra.
Durante su comparecencia, Evan Ellis también abordó el papel que podría desempeñar la infraestructura controlada por empresas chinas en América Latina y el Caribe en caso de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la República Popular China (RPC). Afirmó que, en un escenario de guerra, el Canal de Panamá tendría una importancia crítica como ruta logística para el refuerzo militar estadounidense en el Indo-Pacífico.
Según Ellis, el Ejército Popular de Liberación (EPL) tendría un fuerte incentivo militar para provocar el cierre del canal, aunque fuera de forma no atribuible, a fin de retrasar o impedir el paso de buques estadounidenses. Para ello, podría aprovechar su acceso físico, técnico y humano, derivado de la presencia de empresas como COSCO, la China Communications Construction Company (CCCC) y su filial China Harbour Engineering Company, que actualmente construye un nuevo puente en la zona canalera. También mencionó el rol de Hutchison Ports, operador de dos de los cinco puertos en la zona del canal.
Ellis advirtió que el acceso espacial de la RPC en América Latina representa otro factor de riesgo para las fuerzas estadounidenses. Mencionó que el EPL ha establecido instalaciones y programas con gobiernos políticamente afines como Venezuela y Bolivia, y opera radar y telescopios espaciales en Argentina y Chile.
Estos activos podrían ser utilizados para detectar, interferir o destruir satélites estadounidenses en caso de guerra, con consecuencias graves para las operaciones de defensa y comunicaciones. Además, señaló que la estación de radar profunda ubicada en Neuquén, Argentina, podría ser utilizada para apoyar ataques con armas orbitales hipersónicas, como el vehículo probado por China en 2021.
Otro caso que genera inquietud, según el testimonio, es el del Puerto de Chancay, en Perú, cuya operación ha sido concedida de forma exclusiva a la empresa china COSCO. Ellis advirtió que el control total por parte de una entidad vinculada al Estado chino, sumado a una posible falta de supervisión gubernamental peruana sobre las operaciones y cargas del puerto, crea un escenario plausible en el que la infraestructura podría ser utilizada para abastecer fuerzas militares del EPL en el Pacífico Oriental.
También señaló que este riesgo no se limita a Chancay. Existen proyectos portuarios y logísticos similares en Nicaragua y Honduras, países con gobiernos con tendencias antiestadounidenses. Estas infraestructuras podrían facilitar el traslado de materiales bélicos entre las costas atlántica y pacífica mediante corredores terrestres, especialmente si el gobierno hondureño de Xiomara Castro concreta su amenaza de expulsar a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) de la Base Aérea Soto Cano, clave para la proyección regional de Estados Unidos.
En su exposición, Ellis vinculó estas dinámicas a la política exterior de la RPC respecto a Taiwán. De los doce países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, siete se encuentran en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el número ha disminuido drásticamente en los últimos años.
Desde 2017, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras han roto relaciones con Taipéi tras campañas de presión diplomática y promesas económicas por parte de Beijing. Ellis afirmó que estas rupturas están motivadas por intereses económicos de corto plazo, pero tienen consecuencias estructurales negativas para los países involucrados.
Ellis respaldó su análisis con datos del Fondo Monetario Internacional, mostrando que los países que han abandonado a Taiwán no han experimentado un aumento significativo en sus exportaciones hacia China, mientras que las importaciones chinas han crecido, perjudicando la industria y el empleo local.
En El Salvador, las exportaciones combinadas a Taiwán y la RPC cayeron de 114,6 millones de dólares en 2018 a 74,9 millones dos años después. En Costa Rica, tras romper con Taiwán en 2007, las exportaciones conjuntas cayeron de 933,2 millones de dólares a 457,6 millones en 2023, mientras las importaciones desde China crecieron de 763,3 millones a 3.210 millones de dólares.
En Nicaragua, a pesar del tratado de libre comercio firmado tras cortar lazos con Taiwán, las exportaciones a China fueron de sólo 51 millones de dólares en 2024, frente a 1.020 millones en importaciones. Además, el país ha sido testigo de una proliferación de comercios chinos que desplazan a los comerciantes locales: Bazar Chino, China Mall, Supermercado Chino, La Estrella, Mundo Nica y Nicaragua Electrónica, entre otros.
Casos similares se observaron en Honduras y la República Dominicana, donde las expectativas de acceso privilegiado al mercado chino han sido frustradas por barreras no arancelarias y la falta de competitividad de productos como camarones, frutas y café.
En su testimonio final, Ellis propuso un conjunto de recomendaciones al Congreso para enfrentar la expansión china y reforzar la defensa de Taiwán. Estas incluyen: exigir transparencia en los acuerdos de países latinoamericanos con la RPC; fortalecer capacidades institucionales locales para evaluar contratos y combatir la corrupción; impulsar el papel del sector privado estadounidense y socios democráticos como Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y Taiwán; generar datos comparativos sobre el desempeño de empresas chinas frente a sus contrapartes democráticas; aumentar el respaldo militar y diplomático a Taiwán, incluyendo visitas oficiales y venta de armamento defensivo; y apoyar económicamente a países que mantengan relaciones con Taiwán, como Paraguay y Guatemala.
Ellis concluyó que la expansión de la influencia china plantea “el mayor reto estratégico” para Estados Unidos desde la Guerra Fría, y que los próximos pasos serán cruciales para preservar el orden democrático y la autonomía de Taiwán.
