La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, no se redujo el sueldo un 25 por ciento pese a que así lo prometió en 2024, tal como ha reconocido ella misma, que ha atribuido esta incongruencia a supuestos problemas legales para acometer la medida.
El Gobierno anunció el año pasado un recorte salarial que afectaba tanto a Herrera como al presidente, Bernardo Arévalo, y que teóricamente entró en vigor el 1 de junio. Sin embargo, al menos en el caso de Herrera no se llevó a cabo, lo que incluso le permitiría cobrar más que Arévalo.
La vicepresidenta ha alegado en un comunicado que en su día ordenó que se realizasen las gestiones para el recorte de sueldo, tras lo cual «se analizó la viabilidad jurídica y consecuencias que conllevaría esa acción».
Este examen concluyó «que no era viable constitucionalmente», según Herrera porque se trataba de un derecho adquirido asignado al cargo y no a ella a título personal. «No puedo tomar una decisión que afecte los derechos de quienes ocupen el cargo posterior a mi persona, lo cual podría derivar en futuras repercusiones legales», ha señalado.
En este sentido, ha afirmado que en todo momento ha trabajado «incansablemente» y cumplido con las obligaciones contempladas en la Constitución, dentro del cual se recoge que «el salario es un derecho irrenunciable y corresponde al trabajo que se realiza».
Sin embargo, el presidente Arévalo, «al enterarse» de que la medida de recorte «no ha sido implementada en su totalidad» en el caso de la vicepresidenta, ha lanzado una nueva orden al Ministerio de Finanzas Públicas para «aplicar la reducción acordada», ha anunciado el Gobierno en otra nota.
El Ejecutivo espera que esta rebaja «surta efectos inmediatos», de acuerdo a «los compromisos asumidos con el pueblo de Guatemala».
