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miércoles, febrero 5, 2025

La vida en una habitación de decenas de miles de personas en Catalunya

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La vida en una habitación de decenas de miles de personas en Catalunya

Barcelona

Ariany llegó a Barcelona el pasado junio desde Venezuela con su hija de cinco años, que tiene autismo, y con su madre enferma. Las tres se alojaron los primeros meses en una habitación realquilada en Sant Martí y hace unos días se mudaron a un piso de Badalona que comparten con otras cinco personas. Los únicos espacios comunes son una cocina y un baño por lo que la vida transcurre en su pequeño dormitorio con dos camas, una mesita, alguna estantería y una ventana. Decenas de miles de personas subsisten en Catalunya de la misma manera que la familia de Ariany; en concreto más de 50.000 ciudadanos atendidos por Càritas en el 2023 residían en cuartos.

Càritas y Esade analizan en el informe Exclusió compartida. Viure en una habitació en un context d’exclusió residencial i social , presentado ayer, un fenómeno que ha pasado de ser “una alternativa transitoria a una solución permanente”. La situación de Ariany es la misma que atraviesan muchas familias inmigrantes llegadas como ella de países latinoamericanos sin papeles. Brigitte, de Colombia, que ayer ofreció su testimonio en Esade, relata que en dos años ella, su marido y sus dos hijos han malvivido en habitaciones realquiladas, en tres pisos distintos de Cornellà, pagando entre 400 y 600 euros mensuales. La falta de respeto y la hostilidad hacia los menores por parte de los caseros ha sido habitual.

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Realquiler

La cocina, espacio común del piso en el que vive la familia de Ariany 

Miquel González / Shooting

Ariany, su hija y su madre subsisten en un habitáculo que comparten con cinco personas, en Badalona

El estudio es fruto de entrevistas a 50 personas, principalmente del área de Barcelona y algunas de Lleida, Girona y Tarragona, usuarias de Càritas. Una de las conclusiones es que este tipo de exclusión residencial afecta especialmente a mujeres solas con hijos, como Ariany. Ni ella ni la gran mayoría de ciudadanos que realquilan han firmado un contrato ni atesoran recibos, es un mercado subterráneo que se presenta como una de las únicas alternativas a la calle. Aunque sufran un trato abusivo no están en condiciones de denunciar la situación. Ariany no sabe quien es el propietario del piso de cuatro habitaciones en el que vive con cinco desconocidos, en un barrio de Badalona. “Viene una encargada a cobrar, no sé nada más, es muy difícil encontrar habitación y que admitan a niños, no he firmado ningún documento”, comenta. La norma que le impusieron era que debía pagar a principios de mes 400 euros y que se comprometía a permanecer en el lugar al menos seis meses, que al cabo de un año ya verían. Tampoco sabe si el arrendador es el dueño del inmueble o si en realidad es alguien que lo ha ocupado, que se lucra con un negocio ilegal que se aprovecha de la pobreza. Sonia Lacalle, responsable de la asesoría jurídica social de Càritas de Barcelona, constata que tienen localizados bloques enteros ocupados y alquilados ilegalmente en diferentes ciudades del área metropolitana, como L’Hospitalet y Cornellà.

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El estudio remarca la “inseguridad jurídica” que sufren los inquilinos, sin contrato por escrito, sin recibos, sin saber hasta cuándo podrán disponer de la habitación, además de otros problemas añadidos, como la habitual negativa del titular del inmueble a facilitar el empadronamiento en el mismo.

Lacalle remarca que es “un mercado que se regula al margen de la norma” y que sitúa a quienes viven en una habitación en una posición de indefensión. En este sentido hace referencia a los datos publicados por el Consejo del Poder Judicial, que indican que en el 2023 se dictaron 119 sentencias de desahucio de subarrendamientos de viviendas y 13 en el primer trimestre del 2024. “Estas cifras reflejan una “carencia de litigiosidad en relación a esta modalidad residencial”; “el mercado de alquiler o realquiler se autorregula al margen de las normas legales”, subraya el informe.

Realquiler

Los ocupantes del piso cierran sus habitaciones con candado 

Miquel González / Shooting

Ariany explica que en Venezuela atendía una panadería y que aquí espera poder trabajar pronto de dependienta al cumplirse el plazo estipulado tras formalizar la solicitud de asilo. El objetivo es disfrutar en un futuro de un hogar adecuado para una hija con necesidades especiales, dejar atrás esta etapa en una estancia claustrofóbica.

Redacción

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