La instalación de una antena de telefonía sacudió la tranquilidad de familias de San Vicente, al sur del conurbano bonaerense. Aunque existe abundante prueba internacional del impacto negativo de las radiaciones que emiten estas antenas, el intendente Nicolás Mantegazza permite la instalación en el predio de un club barrial y frente a una escuela. Ya hubo movilizaciones de la comunidad educativa y de los vecinos.
Por Mariángeles Guerrero
Vecinas y vecinos de San Vicente (sur del conurbano bonaerense), familias y estudiantes de la Escuela Secundaria Agraria N°1 se manifiestan contra la instalación de una antena de conectividad 5G de la empresa Sitios Argentina 100, en el predio de un club barrial (llamado «Porteño»). La antena de telefonía, una vez emplazada, estará a escasos metros de la escuela, de numerosas viviendas y se realizó sin consulta previa a la comunidad. Diversos estudios comprobaron el daño que causan en los organismos vivos a tan próxima distancia. Ya se avanzó en la construcción de la torre y resta completar el emplazamiento para que empiece a estar operativa. El intendente Nicolás Mantegazza (PJ) no da respuesta formal aún a la comunidad.
En 2023 comenzaron los rumores sobre la instalación. Un grupo de vecinas y vecinos presentó solicitudes de información a la Municipalidad de San Vicente, pero no obtuvieron respuestas. El intendente Mantegazza solo los recibió en una oportunidad, ante un acercamiento espontáneo de los ciudadanos.
Un año después, en 2024, al ver movimiento en la zona, los vecinos ingresaron una nota por mesa de entrada solicitando información. Nunca les brindaron los expedientes ni datos de la empresa. El discurso del gobierno municipal era (y es) que la antena es inocuo a la salud, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó las radiaciones como «posible cancerígenas». Ninguno de sus reclamos ni presentaciones figuran en el expediente de trámite de la obra, al que recién pudieron acceder el 9 de octubre pasado.
La torre finalmente fue construida este año. Por el momento, sólo se elaboró un acta de infracción (N°1374), fechada el 7 de octubre, hasta tanto se analice el impacto ambiental de la antena. El informe fue elaborado por la propia empresa, que en su sitio web asegura tener presencia en 1.700 municipios de todo el país, con 4.100 torres de telefonía. Según el medio El Diario Sur, el informe, elaborado por el ingeniero Agustín Alonso, afirma que las emisiones de campos electromagnéticos se encuentra «muy por debajo de las normas aceptadas a nivel nacional e internacional». Sin embargo, detallan los vecinos, dicho estudio no tiene el aval de ningún organismo ambiental competente.
En una reunión reciente en el Concejo Deliberante, las y los vecinos propusieron crear una comisión multidisciplinaria con especialistas en el tema.
Impactos negativos en la salud
María Sol Dellamea es abogada ambientalista y asesora legal del Movimiento por Telecomunicaciones Sanas (Motesa) y acompaña a las y los vecinos de San Vicente. En marzo de este año hubo una audiencia informativa en el Club Porteño, entre vecinos, la Municipalidad y la empresa Sitios Argentina. “No se nos escuchó respecto del daño y quedó demostrado que no tenían ni números de expedientes de todos los reclamos que en estos tres años habían realizado los vecinos”, relata.
“En el interín de nuestros reclamos judiciales, los vecinos se apersonaron ante el Intendente a fines de septiembre. Y, luego de salir de la reunión, avanzaron con la estructura para la antena”, agrega.
El 6 de octubre hubo una manifestación ante la escuela y el municipio. En la Municipalidad, señala la abogada, había “policías de civil y uniformados que no nos dejaron ni golpear la puerta para ser atendidos. Nos enviaron a policías con armas largas frente a niños, por orden del Intendente para intentar disuadir nuestra presencia o callar nuestras voces”.
Posteriormente, ese mismo día, los vecinos fueron recibidos por Daniela Lasalle, concejala electa y actual jefa de Gabinete del municipio, que dialogó con ellos. También el intendente conversó con algunas de las personas autoconvocadas.
Dellamea detalla que esa radiofrecuencia “es un arma militar, que provoca muerte celular programada (apotosis) y en consecuencia afecta todo el cuerpo de seres vivos. Hablamos de cánceres, de ceguera, de impactos y daños al sistema neurológico, nervioso, circulatorio, cardiovascular, respiratorio, sordera y deterioro músculo-esquelético, daño en el ADN, daño metabólico, deterioro cognitivo, obesidad diabetes, estrés oxidativo, deficiencias de memoria y aprendizaje, abortos involuntario, en las gentes (hombres, mujeres y niños vivos) y en no humanos (seres sintientes del reino animal)”.
La abogada pidió la clausura y retiro de la antena fuera del ejido urbano. “Al día siguiente tuvimos el cartel de clausura en la puerta de la antena. Pero la estructura sigue en pie. El Poder Judicial no nos ha dado respuesta negando la competencia, negando la cautela, negando la vida. En cuanto al Intendente, él mismo deberá dar respuesta por cualquier daño a la salud y el ambiente que su inacción o acción maliciosa genere», afirma.
