Enric Morist, director de la fundación Ajuda i Esperança y anteriormente de Creu Roja en Catalunya, ha llegado a la presidencia de la Taula del Tercer Sector Social con una abultada agenda orientada a mejorar la financiación de las entidades.
El adelanto electoral paralizó diferentes iniciativas, entre ellas el proyecto de ley del Tercer Sector, una vieja reivindicación de la Taula.
Sí, ya se habían hecho más de 50 comparecencias en el Parlament y quedó parado, se debe volver a empezar. Hemos enviado una carta a los grupos políticos que impulsaron la ley, que fueron todos excepto VOX, solicitándoles que la vuelvan a entrar en el Parlament, que no pidan repetir las comparecencias y que la lleven cuanto antes al pleno. Creemos que si hay voluntad puede aprobarse este 2025.
¿Por qué es tan importante esta ley?
Comporta el reconocimiento institucional de un sector que presta un servicio público; la ley nos debe dar seguridad jurídica. Que el hecho de ser una entidad social represente un valor añadido a la hora de presentarnos a un concurso. Tenemos un gran problema de financiación, los recursos públicos representan el 56% del total en los presupuestos. Gran parte de estos fondos llegan vía subvención y esto nos da inseguridad.
¿Por qué?
Porque la mayoría de convocatorias para optar a subvenciones son anuales, sería conveniente que fueran como mínimo de tres años para tener más estabilidad. También reclamamos que algunas actividades que consideramos que son un servicio público, como la atención a las personas sin hogar y a las que sufren pobreza extrema, pasen a estar en la cartera de Servicios Sociales de la Generalitat y no dependan de la subvención. La ley debe establecer que es importante que las entidades estén financiadas correctamente y que la cartera de servicios públicos sea más amplia.
¿Está satisfecho de la respuesta que da el sector a las demandas de la sociedad?
Estoy muy contento, el hecho de tener 37 federaciones, 3.000 entidades activas, más de 100.000 trabajadores y más de un millón de voluntarios es un gran potencial, aunque soy consciente de que tenemos carencias y que necesitamos mejorar. Si hablamos de transparencia considero que las entidades deberíamos explicar mejor nuestra actividad y cómo nos gestionamos, hay una parte que quizás puede parecer más opaca.
La autocrítica es necesaria.
Tenemos un problema con muchos trabajadores a los que no podemos pagar correctamente. Junto con La Confederació (la patronal del Tercer Sector) nos movemos para avanzar en la equiparación salarial con el personal público.
¿Sufren déficit de trabajadores?
Sí, por los citados motivos económicos. Cuando sale una plaza en la administración la gente se va, hay diferencias salariales de casi el 40% en algunos puestos.
¿Ese 56% de financiación publica de promedio que comentaba es el porcentaje adecuado, quieren crecer en aportaciones privadas?
Hay entidades con una dependencia excesiva de la administración. Debemos tener financiación publica porque hacemos un servicio público, pero es necesario reforzar los recursos propios, que ahora representan el 28%, crecer en donantes y firmar más alianzas con el sector privado para tener independencia y hacer aquello que queremos, no solo lo que nos diga la administración.
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Un desafío es la integración de la inmigración.
El 46% de las personas migrantes viven en situación de pobreza. Emigrar es un derecho y se ha demostrado que este país los necesita, sin este activo económicamente tendríamos un problema. La tendencia en Europa y en Estados Unidos es criminalizar a quienes emprenden un proceso migratorio y surgen discursos de odio que nosotros combatimos. La integración pasa porque no tengan que esperar dos o tres años para acceder a un trabajo legal. ¿Qué hacen mientras no tienen permiso de residencia? El mercado laboral los necesita, quizás les podrían dar permisos provisionales. La realidad migratoria debe repensarse, han venido huyendo de la miseria y se quedarán aquí.
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Integración
La realidad migratoria debe repensarse, son personas que han huido de la miseria y se quedarán aquí
Este verano el Gobierno español traspasó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya. ¿Cuál debería ser el siguiente paso?
Celebramos el traspaso y el anuncio de la Generalitat de que abrirá una ventanilla única para el IMV y la Renta Garantizada de Ciudadanía, ahora tenemos que ir hacia la fusión de ambas.
¿Y qué opina de la Renta Básica Universal?
Estamos a favor de que se haga un plan piloto por un tema de investigación social, tenemos derecho a experimentar.
Un 18% de la población está en riesgo de pobreza. ¿Hasta cuánto ve posible reducir este porcentaje?
¿Cuánto dinero estamos dispuestos a invertir? Todo depende del compromiso que queramos asumir como país. Los servicios sociales sufren un gran déficit en comparación a la sanidad y la educación en Catalunya, están infrafinanciados. La realidad actual es muy diferente a la de 30 años atrás, con una población muy envejecida, con la llegada de más migrantes pobres, con nuevos retos.
