En diciembre de 2012, el concejal Carlos López presenta una denuncia penal contra las autoridades del Departamento Ejecutivo al estudiar y analizar los flagrantes incumplimientos en el contrato de la basura. La causa quedó en manos de la fiscal Luisa Pontecorvo que, en poco tiempo de evaluación penal, desestimó la denuncia.
López, que tuvo dos mandatos como legislador, asumió la responsabilidad que le corresponde a todo funcionario público: radicar la denuncia al considerar la posible comisión de un ilícito que atenta contra el pueblo, en este caso de Moreno.
A más de una década y media de aquella gran denuncia política y judicial, el dirigente del Partido Socialista, observa con cierto estupor el uso y abuso del poder local.
Maquinarias públicas de Moreno utilizadas por el Movimiento Evita en General Rodríguez, todo bajo el control de María Giménez, Secretaria de Obras Públicas, cuñada de la Intendenta Mariel Fernández, es una demostración inocultable que el Estado le es propio.
Sostiene Carlos López: «Este incidente que a primera vista parece una cosa menor, quienes han
actuado y quienes quienes no, han paseado por el Código Penal. A mí entender han perpetrado lo prescrito en la ley penal. Realmente llama la atención con el desparpajo que se llevan adelante todos los actos de gobierno, que no son distintos a otros que encarnan el mismo espíritu, tomar el Estado y sus bienes como si fueron propios y usarlos según sus conveniencias».
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