En las ciudades latinoamericanas, las motocicletas se han convertido en protagonistas silenciosas de la vida urbana. Más que una solución de movilidad personal, hoy son un instrumento de desarrollo económico-laboral y una pieza primordial de la cadena de suministro.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2022), su presencia se consolidó inicialmente como respuesta a la falta de transporte colectivo confiable. Desde Ciudad de México hasta Lima, de São Paulo a Caracas, las motos transportan personas, medicinas, alimentos y documentos, y cumplen un papel preponderante en la eficiencia de la economía urbana sin depender del transporte público.
Un fenómeno regional con impacto económico
América Latina registra un crecimiento notable del parque de motocicletas. En Colombia se duplicó en menos de una década. En Perú, las ventas crecieron más del 60 % tras la pandemia. Y en Venezuela, los registros oficiales señalan que, en 2025, hay más de un millón circulando por las calles de sus ciudades.
Este aumento no solo refleja un cambio en la movilidad personal, sino también la expansión de la economía digital y del delivery urbano, que conecta consumidores y negocios con una eficiencia inédita.
El auge del reparto urbano ha redefinido por completo el rol de las motos. En Brasil, iFood emplea a más de 200 000 repartidores. En Colombia, Rappi se ha consolidado como una de las principales plataformas de trabajo y de ingresos independientes, y en Venezuela, cadenas como Farmatodo desarrollan redes propias de entregas en moto.
En este contexto, la motocicleta se ha vuelto un instrumento de desarrollo económico y laboral que facilita el comercio y la distribución de bienes esenciales en entornos urbanos.
Empleo motorizado y formalización parcial
El impacto laboral del fenómeno es innegable. Hay estimaciones de que, en 2024, más de 200 000 motorizados se habrían incorporado al sector del delivery en Venezuela y serían ya más de 300 000 trabajando como repartidores.
Estas cifras reflejan la capacidad del comercio electrónico para generar empleos con ingresos que superan el salario mínimo, incluso en medio de la crisis económica.
Sin embargo, el crecimiento del empleo motorizado también pone en evidencia las tensiones entre formalidad e informalidad laboral en Venezuela. Los repartidores operan bajo contratos de prestación de servicios, sin derechos plenos, lo que crea una formalización híbrida: van uniformados, tienen seguros (parciales) y rutinas fijas, pero no estabilidad ni prestaciones completas.
Un fenómeno similar se observa en otros países de la región. En Perú, el Ministerio de Trabajo evalúa normativas para trabajadores digitales dependientes de plataformas de delivery; en Brasil, el debate sobre los motoboys de plataformas como iFood llegó al Congreso, y en Colombia, asociaciones de motorizados exigen su inclusión en la seguridad social.
En Venezuela, el fracasado intento de regular el sector ilustra la complejidad del tema y muestra la urgencia de que haya políticas coherentes que reconozcan el valor económico y social del trabajo motorizado.
Motos: la infraestructura invisible de las ciudades
Más allá del reparto, las motocicletas se han convertido en una infraestructura invisible que mantiene a las ciudades en movimiento. Conectan negocios y clientes, sostienen el comercio electrónico y facilitan la circulación de bienes primordiales en zonas congestionadas o con transporte público limitado.
Gracias a ellas, miles de familias logran ingresos y las urbes mantienen su ritmo económico diario. Este papel, a menudo ignorado por la planificación urbana, ha permitido la continuidad de servicios críticos en contextos de crisis o congestión.
Al mismo tiempo, las motos han permitido la inclusión de sectores tradicionalmente vulnerables en la economía, ofreciendo opciones de empleo flexible y adaptable. Sin embargo, este modelo plantea nuevos desafíos para la seguridad vial, la planificación urbana y la sostenibilidad ambiental.
Hacia una movilidad productiva y sostenible
El gran reto regional consiste en reconocer a los motorizados como una parte importante de la economía y la movilidad urbana. Integrarlos en las políticas de seguridad vial, transición energética y protección social es necesario para avanzar hacia un modelo de movilidad productiva y sostenible.
La Organización Internacional del Trabajo (2021) ha señalado que los países que han logrado regular con éxito este tipo de empleo no lo han hecho restringiendo las motos, sino garantizando que tengan condiciones seguras, eficientes y sostenibles.
La electrificación de flotas y la creación de infraestructuras seguras para las motocicletas podrían reducir los siniestros viales y las emisiones, consolidando un modelo más responsable de transporte urbano.
Medidas como incentivos a la electrificación, educación vial específica, seguros adecuados y la generación de datos abiertos sobre el empleo motorizado son pasos trascendentales para transformar la movilidad productiva en una movilidad digna.
Al cierre
En América Latina, las motocicletas han pasado de ser un recurso individual de movilidad a convertirse en un componente estructural de la economía urbana. Su combinación de eficiencia logística y flexibilidad laboral redefine la movilidad, el trabajo y la planificación de las ciudades.
Reconocerlas como parte de la infraestructura económica es fundamental para diseñar políticas de transporte, seguridad y sostenibilidad que respondan a las verdaderas dinámicas de la vida urbana contemporánea porque, al final, buena parte de la economía latinoamericana sigue moviéndose –literalmente– sobre dos ruedas.
