Las sentencias de los tribunales españoles sobre las muertes causadas por el amianto no dejan de llegar (la última conocida por ahora, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), pero las ayudas estatales para compensar a este colectivo siguen en un limbo, sin beneficiar a prácticamente a nadie. Así lo reconocen los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, que denuncian “las condiciones injustamente restrictivas del reglamento de la ley”.
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