El gobierno a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió 16 años de cárcel para Lázaro Báez, el ex socio comercial de Cristina Kirchner. Fue en el marco de la audiencia en la que se discutió la unificación de la pena de la Ruta del Dinero K (10 años por lavar dinero) y Vialidad (6 años por fraude al Estado). En tanto, la fiscalía solicitó 15 años para el dueño del Grupo Austral, mientras que su abogado defensor, Juan Villanueva, pidió que se aplique la pena máxima del delito de administración fraudulenta, es decir: 6 años.
Esta semana el juez Néstor Costabel, quien tiene a su cargo la responsabilidad por la ejecución de la sentencia, tomará la decisión sobre cuántos años debe cumplir Báez.
Ocurre que, a diferencia de Cristina Kirchner, el empresario patagónico enfrenta otro proceso: el de unificación de las dos penas, los 10 años que recibió por lavar dinero con Austral Construcciones y los 6 atribuidos por defraudar al Estado con la misma constructora como piedra angular de las maniobras de corrupción. Para determinar a cuánto ascenderá la pena unificada, Costabel fijó audiencia el viernes pasado.
El fiscal general Abel Córdoba pidió una pena de 15 años de prisión. El número más elevado los requirió el gobierno libertario a través de la UIF que, en su rol de querellante, solicitó 16 años de prisión para Báez. Esto se denomina “método aritmético”, que es la sumatoria directa de las dos condenas. No es el sistema más aplicado: suele contemplarse el llamado “método composicional” a través del cual se integran las dos penas, “ya que de haberse juzgado todo en un único juicio sería menor a la suma aritmética”, explicó a Clarín una fuente judicial.
En este mismo sentido, otro magistrado especializado en ejecución de penas indicó que en el método que compone la pena “hay que valorar condiciones personales del imputado, tiempos de detención, gravedad de los delitos, misma característica de los delitos” y otras variables que surgen de dos artículos del Código Penal.
El artículo 58 del Código Penal establece el principio de pena única que rige cuando una persona es condenada por varios delitos o cuando se dictan múltiples sentencias firmes que no respetaron las reglas del concurso de delitos. “En estos casos, se unifican las penas y se impone una única sanción”.
Bajo esta última metodología de unificación de la pena, el abogado de Báez solicitó que sólo le apliquen 6 años de cárcel. “Se pidió la unificación de pena por el monto del ilícito precedente (Vialidad, 6 años)”, dijo el asesor letrado a Clarín.
Y fundamentó su planteo en tres motivos. El primero, el más técnico, refiere al auto-lavado “que es la figura por la que se condenó en la Ruta del Dinero K y que ya contiene el reproche penal por el delito precedente. Por este motivo técnico, sumar las penas sin más implica penar dos veces por el mismo hecho”, apuntó. En segundo término se refirió a un argumento esgrimido a lo largo del proceso: “Dijeron que todo era una sola maniobra”. Y finalmente, “cuando condenaron por auto-lavado, reprocharon la «asociación ilícita» de Vialidad como un agravante, para elevar la pena. Como Lázaro fue absuelto por asociación ilícita, la pena que se le aplicó en la Ruta tiene que ser reducida proporcionalmente”, remarcó.
Decomisos multimillonarios
A diferencia de las penas, el decomiso como las multas aplicadas en el caso de lavado de activos no se unifican: Báez deberá afrontar lo correspondiente y fijado en cada expediente. La cifra será actualizada por el cuerpo de peritos de la Corte teniendo de base los más de $ 86.000 millones que determinó el juez Jorge Gorini (que ejecuta la pena en Vialidad) y los más de 55 millones de dólares de la Ruta del Dinero K.
El patrimonio de Báez, que siempre estuvo entrelazado con el de la familia Kirchner, se compone de 1.420 muebles bienes e inmuebles. A valores de 2016, el Tribunal de Tasación de la Nación le otorgó un valor de 205 millones de dólares, “cifra que deberá actualizarse”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
La constructora utilizada para lavar dinero como también para defraudar al Estado (Austral Construcciones) es la propietaria de la mayor cantidad de bienes de Báez. Fue la que le prestó más de 8,5 millones de pesos en 2008 al matrimonio Kirchner para comprar el hotel Alto Calafate.
Asimismo, fue la compañía la que después fondeó con más de 75 millones de pesos (entre 2009 y 2013) a Valle Mitre -también propiedad de Báez- utilizada para administrar tres hoteles de la ex Presidenta. Con ese dinero se garantizó, mes a mes, el pago del canon de locación incrementando el patrimonio de los Kirchner.
No fue lo único: Austral realizó la permuta de un terreno con Cristina Kirchner para que amplíe el hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces ubicado en El Calafate.
Responsable de construir un complejo de departamentos para la inmobiliaria Los Sauces SA (propiedad de la familia Kirchner e investigada por lavado de dinero), la constructora se convirtió en su inquilina mientras se convertía en la principal empresa constructora en Santa Cruz, según determinó la Justicia.
Junto con todo eso, seis empresas del Grupo Austral contrataron habitaciones de los hoteles de Cristina Kirchner, en lo que se determinó fue una operación para simular gastos como parte del lavado de activos que se juzga en Hotesur-Los Sauces. Mientras Austral Construcciones movía todo ese dinero, mantuvo un único cliente: el Estado nacional desde 2003 a 2015.
