Carlos Otero Álvarez, un exsecretario del Juzgado Federal N°1 acusado de no haber denunciado ni investigado crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, fue condenado este lunes a 3 años de prisión en suspenso.
Fue declarado autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La decisión fue por unanimidad del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de Córdoba, tras el pedido de la Fiscalía General N°2 , el fiscal general Carlos Gonella, y el auxiliar fiscal Facundo Trotta que solicitaron al Tribunal una pena de 7 años de prisión.
También se lo inhabilitó especialmente por el doble de tiempo, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41 del C.P., art. 12 del C.P. y arts. 403 y 530 del C.P.P.N).
Otero Álvarez -quien luego se desempeñó como juez de tribunal oral hasta 2009, cuando se jubiló-, había sido llevado a juicio por estos hechos junto a otros tres acusados en 2017 como parte del “juicio a los magistrados” y había terminado absuelto, una decisión que en 2020 fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó su reenvío para un nuevo veredicto.
El argumento fue que los hechos por los que fue juzgado Otero Álvarez deben ser calificados como delitos de lesa humanidad.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado en su alegato del 5 de marzo pasado, una pena de 7 años de prisión y 14 de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por la omisión de dar cuenta de detenciones ilegales.
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, se expresaron a favor de la sentencia, considerándola “un paso más en el camino de la memoria, verdad y justicia”.
