En comunicación con Radio Universidad, el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, celebró la sanción definitiva a la Ley de emergencia en discapacidad y le solicitó al Presidente Javier Milei “que prime la racionalidad, no la vete y la ponga en marcha”. “La situación es desesperante, no se aguanta más, por eso es de emergencia”, expresó.
En ese sentido, el legislador autor de la iniciativa sostuvo que “la ley es buena, es taxativa y su impacto fiscal es de 0,003”. “No tiene impacto fiscal, ese ínfimo numero es deuda, es plata que le debe el Estado a las familias y personas con discapacidad”, comentó el también exministro de Desarrollo Social, quien denunció que “hay una mezcla de crueldad e ignorancia que terminó haciendo un desastre”.
«La situación es desesperante, no se aguanta más, por eso es de emergencia».
Una situación catastrófica
De ese modo, manifestó que “es catastrófico que una persona que trabaja cuatro horas todos los días en un taller protegido cobre 28.000 pesos por mes, que un transportista de personas con discapacidad cobre 541 pesos el litro de nafta, cuando sale 1.300 pesos, y que una acompañante terapéutica cobre 3.000 pesos la hora y le paguen a 180 días”.
Así, explicó que la primera parte de la Ley de emergencia “reordena el nomenclador”. Esto implica que “el transportista tiene que cobrar el litro de nafta lo que corresponde, la terapista tiene que poder cobrar, los hogares tienen que poder sostenerse y las personas tienen que acceder a los medicamentos”. “Es absolutamente justa”, auguró.
Por último, se refirió a las declaraciones del Presidente, en las que afirmó que si el Congreso no respalda el veto, “se judicializará”. “No hay razón y no veo cómo porque nosotros hicimos doce reuniones con instituciones y familias, aprobamos el proyecto en cuatro comisiones, fuimos dos veces al recinto para aprobarlo y fue al Senado y se votó por unanimidad”, precisó y enfatizó: “Iría a la Justicia por algo que se hizo con todo el procedimiento y la lógica”.