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El Consejo Superior de la institución decidió iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795
La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió este miércoles iniciar acciones legales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
La iniciativa fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por decreto., pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
En este contexto, el Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025.
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En su resolución, la UBA planteó que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Y agregan que “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”.
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La Ley aprobada por el Congreso de la Nación tiene por objetivo garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales de Argentina y la recomposición salarial de los/as trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes. pic.twitter.com/rtGu9SvD59
— UBAonline (@UBAonline) October 22, 2025
Además dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.
El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.
La institución recordó “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes”.
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Ley de financiamiento universitario
Concretamente, mediante el Decreto 759 se aplicó la Ley 27.795, que establece el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial del personal docente, que busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y actualizar los salarios del personal docente y no docente, así como los programas de becas estudiantiles.
La normativa establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.
