Luego del amplio rechazo social a la decisión del Poder Ejecutivo de promulgar pero con aplicación «en suspenso» la Ley de Financiamiento Universitario, las universidades públicas comunicaron que recurrirán al Poder Judicial para exigir su cumplimiento. La resolución fue tomada por unanimidad en el marco del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El presidente del CIN, Oscar Alpa, destacó que, 40 años después del primer plenario del Consejo, las autoridades universitarias se volvieron a encontrar en la UBA para que las Casas de Altos Estudios «tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”. El decano anfitrión, Leandro Vergara, quien concurrió en representación de la UBA, recalcó que “un decreto no puede suspender una ley”.
Gravedad institucional
En tanto, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, advirtió: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aun en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”. “Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales y corresponde ahora recurrir a la Justicia”, explicó.
Según un comunicado del CIN, las y los representantes de todas las universidades públicas también resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
