En una intervención de once minutos en el Senado, Jorge Capitanich se pronunció en contra de la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, y sostuvo que la norma vigente ya garantiza la compatibilidad entre desarrollo minero y tutela ambiental.
El senador encuadró su postura en una visión estratégica sobre el agua como recurso crítico del siglo XXI. Recordó que el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales el 70% es agua y el 30% tierra. De ese total hídrico, el 97% es agua salada y apenas el 3% es dulce. «Esa agua dulce es una reserva estratégica con múltiples usos: consumo humano, producción agropecuaria y preservación de la biodiversidad», remarcó.
Agua, glaciares y cambio climático
Capitanich subrayó que los glaciares resguardan cerca del 70% del agua dulce en forma de hielo y nieve, y advirtió que el calentamiento global ha provocado pérdida de masa glaciar en el período 2010–2019 en distintas regiones del mundo.
En ese marco, destacó que Argentina —con 2,78 millones de km² de superficie continental y 3,7 millones si se incluyen Islas del Atlántico Sur y sector antártico— es uno de los países con mayor diversidad de glaciares. Según detalló, el país cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, que ocupan 8.484 km², distribuidos a lo largo de 5.000 kilómetros de cordillera, en 36 cuencas que involucran a 12 provincias.
«Estamos hablando de cuencas hidrográficas que garantizan la vida humana y el desarrollo de comunidades enteras», enfatizó, al mencionar ríos como el Atuel y el Colorado.
Rechazo a la reforma
El exgobernador chaqueño sostuvo que la ley vigente, sancionada en 2010 y respaldada por la Corte Suprema en el fallo «Barrick» del 4 de junio de 2019, ya compatibiliza el artículo 41 de la Constitución Nacional (presupuestos mínimos ambientales) con el artículo 124 (dominio originario de los recursos por parte de las provincias).
«El núcleo del debate es el principio precautorio», afirmó. Para Capitanich, la modificación propuesta debilita esa herramienta central, en especial en lo que respecta a la definición de qué constituye un glaciar o un área periglacial dentro del inventario nacional.
Por eso, anunció el rechazo de su bloque a la reforma de la Ley 26.639 y argumentó que el esquema actual otorga previsibilidad jurídica, regula adecuadamente la evaluación de impacto ambiental y protege las cuencas proveedoras de agua.
Minería y desarrollo: «No hay contradicción»
Lejos de plantear una postura antiminera, Capitanich reivindicó el rol del peronismo en la promoción de la actividad. Enumeró la Ley de Inversiones Mineras, el Acuerdo Federal Minero y otros instrumentos que —según dijo— permitieron expandir exportaciones de oro, plata y litio, que hoy representan cerca del 70% del total del complejo minero argentino.
Se preguntó por qué países como Australia (con más de 120.000 millones de dólares en exportaciones mineras), Chile (más de 60.000 millones) o Perú logran desarrollar el sector con estándares ambientales, y sostuvo que Argentina puede hacerlo si combina reglas claras con capacidades regulatorias sólidas.
Un proyecto minero, explicó, puede tardar entre 16 y 34 años en madurar, por lo que requiere previsibilidad normativa. Sin embargo, advirtió que la eficiencia del sector no se logra debilitando estándares ambientales, sino fortaleciendo el Estado.
«Casa común» y doctrina social
En el tramo final de su discurso, Capitanich apeló a fundamentos históricos e ideológicos. Recordó el mensaje ambiental de 1972 en Estocolmo y citó la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, donde se promueve la defensa de la «Casa Común» mediante un equilibrio entre desarrollo productivo y sostenibilidad ambiental.
Señaló que 38 organizaciones de la sociedad civil y la Academia Argentina de Ciencias Ambientales expresaron observaciones sobre la reforma, e insistió en que el presupuesto mínimo ambiental es la base sobre la cual las provincias ejercen su dominio de recursos bajo el principio de progresividad.
«La inversión minera estratégica es clave, pero también lo es la preservación del ambiente», sintetizó.
Para el senador chaqueño, la reforma no mejora la competitividad del sector y sí debilita la protección de cuencas hidrogeológicas fundamentales. «Para crecer y generar empleo de calidad necesitamos capacidades estatales regulatorias eficientes que combinen inversión, seguridad jurídica y tutela ambiental», concluyó.
