El ambiente es, una vez más, terreno de disputa legislativa. Es que febrero será escenario para sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Y, además del proyecto de reforma laboral, otro de los ejes que ya genera debate en el seno político y científico es la modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639). ¿El objetivo del Gobierno Nacional? Otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios, con la explotación minera e hidrocarburífera como telón de fondo. Pero voces expertas ya se alzan en contra de posibles cambios que impacten a nivel ambiental.
“Una de las primeras cosas para destacar es que esta Ley de Glaciares, sancionada en 2010, es un verdadero ejemplo en el mundo, por el nivel de protección que tiene de estos cuerpos de hielo a nivel nacional”, destacó, en diálogo con Radio Universidad, la doctora Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Biológicas. “Hablamos de una ley que lleva 15 años vigente, luego de un proceso de debate y de participación social muy importante, y que se aplica desde ese entonces”, agregó.
Para la experta, si bien todo debate parlamentario es lícito, hay una jurisprudencia firme: el principio de no regresión ambiental. Es decir, se puede aumentar la protección, pero no retroceder. “Cualquier modificación que se haga a la ley, posible como en cualquier otra norma, no puede retroceder respecto a la protección. No debiera desprotegerse lo que ya está protegido”, sentencia la investigadora, con sede de trabajo en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (IIIA – UNSAM).
El Inventario Nacional de Glaciares, en el centro de la escena
González Trilla pone el acento en una cuestión clave para entender los cambios que el Ejecutivo quiere implementar. “Hay un instrumento previsto por la ley, y es el Inventario Nacional de Glaciares, que registra cuerpos de hielo. Estos incluyen a los glaciares ‘blancos’ -masas de hielo puro y nieve-, a los manchones de nieve y a los llamados glaciares de escombro, que pertenecen a lo que se denomina el ambiente periglacial”, desmenuza la especialista.
La responsabilidad de elaborar ese Inventario es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tiene dependencia del CONICET, la UNCUYO y el Gobierno de Mendoza. En total, son 12 las provincias que contienen algún tipo de glaciares.
“A partir de lo que especifica la ley, todo lo que esté inventariado por el IANIGLA es objeto de protección. Incluyendo a los denominados glaciares de escombros, situados en ambientes áridos o semiáridos y, por lo tanto, con un rol clave en cuanto al agua que puedan aportar en estos ecosistemas”, amplía González Trilla. En total, hay, actualmente, un total de 16 mil cuerpos de hielo inventariados y protegidos.
El proyecto de modificación que promueve el Gobierno, en cambio, sostiene que los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrán determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario, siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLA “deberá eliminarlo” del registro.
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