Ley Nicolás: el proyecto contra la mala praxis médica está al borde del fracaso pese a la media sanción

En tono de “total faltan seis meses”, en agosto de 2024 y en estas mismas líneas se contaba que todavía había tiempo para que -tras obtener media sanción en Diputados- el Senado tratara la ley Nicolás, “de seguridad del paciente”, normativa aceptada en otros países para prevenir la mala praxis médica y las falencias del sistema de salud que llevan a los profesionales de la salud a trabajar en condiciones perjudiciales para ellos y los pacientes. El “total faltan seis meses” caduca en una semana, el 28 de febrero. La ley perdería estado parlamentario.

Salvo que ocurra un milagro. O que se le haga lugar a la moción de privilegio que al cierre de estas líneas impulsó la senadora Edith Terenzi para el tratamiento en sesiones extraordinarias de la ley Nicolás, o que, como analizó Fabio Quetglas (UCR), diputado impulsor del proyecto en cuestión, baje -de acá a una semana- la voluminosa espuma del cripto-gate, que colapsa hoy la conversación pública, y el Senado ponga en agenda el tratamiento en recinto de esta normativa.

Para que algo de esto último ocurra, debería ocurrir que el ministro de Salud, Mario Lugones, cambie su opinión sobre el tema. Ahora no apoya el tratamiento de una ley así, aunque es cierto que se pronunció públicamente en favor de mejorar las condiciones del sistema de salud para disminuir los eventos de mala praxis, y todo lo relativo a la llamada «inseguridad para el paciente». Es decir, aquellas condiciones del sistema que pueden generar entornos desfavorables para los profesionales y quienes se atienden con ellos.

Un comunicado oficial que comparte las novedades de la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) afirma que “el ministro Lugones destacó el compromiso asumido con la mamá de Nicolás y aseguró que desde la cartera sanitaria se hará todo lo necesario para evitar que casos como estos vuelvan a tener lugar”.

Gabriela Covelli, esa mamá de la que habla el comunicado, cree que no es suficiente. Su hijo, Nicolás Deanna, murió en 2017, a los 24 años. Tenía meningitis bacteriana pero le diagnosticaron alergia.

“Si el Ministro asume este compromiso, ¿porque no incluye la ley (para su tratamiento en el Senado)?”, se lamentó Covelli, antes de compartir que vino pidiendo audiencias con el Ministro, pero no obtuvo respuesta hasta que intervino el diputado Quetglas, por quien logró pautar una reunión con Lugones el 27 de febrero próximo.

Seguridad del paciente y burocracia parlamentaria

“Yo sí pude reunirme con el Ministro Lugones», contó Quetglas, y detalló: «Fue antes del CoFeSa. Una reunión amable, pero no fructífera. No hubo una disposición de cambiar de opinión”. Clarín buscó una respuesta del Ministerio de Salud sobre ese punto, pero no fue posible.

Pasaron largos meses desde que ese diputado escuchó el pedido de la madre de Nicolás, logró interiorizarse del tema (en un trabajo conjunto con médicos del Observatorio Argentino sobre Seguridad del Paciente), redactar un proyecto de ley, conseguir adherentes y el consenso suficiente para su tratamiento en Diputados.

La ley logró estado parlamentario en julio de 2022. Obtuvo la media sanción de Diputados en 2023 y tres días antes del cambio de mando presidencial, en diciembre de 2023, ingresó por mesa de entradas al Senado.

Meses después, en agosto de 2024, este medio advirtió que la ley andaba como bola sin manija. La mezquindad política impedía la conformación de comisiones en el Senado. No había comisión de Salud.

Por fin, el proyecto fue tratado, en simultáneo, en las comisiones de Salud y Legislación General. Tuvo el visto bueno. Adicionalmente, la Oficina de Presupuesto del Senado emitió un informe de siete páginas titulado Impacto fiscal proyecto Ley Nicolás: ley de calidad y seguridad sanitaria – expediente CD/23, fechado el 28 de noviembre de 2024. Vale la pena citar el párrafo final de ese texto:

“Teniendo en cuenta que las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley bajo análisis son de carácter reglamentario, no conteniendo previsiones específicas en materia de asignaciones de gastos que impliquen erogaciones significativas, se concluye que el mismo no arroja un costo fiscal adicional para el Tesoro Nacional, arrojando un impacto fiscal neutral”.

El verdadero costo de la salud

Según fuentes presentes en el CoFeSa que hablaron con este medio, uno de los argumentos que usó el ministro Lugones para explicar por qué no apoyaría la sanción de una ley así, se vincula al tema del gasto, en una disidencia clara con el informe del Congreso mencionado.

Es uno de los puntos que más indigna a Covelli: “La ley básicamente propone sumar dos solapas al sistema SISA, donde las instituciones puedan asentar los eventos adversos que se producen. Tiene prácticamente costo cero. Si hay un gasto, es obviamente mucho menor que los que genera enmendar errores permanentemente o afrontar gastos judiciales por mala praxis”.

“Registrar eventos adversos no sólo implica registrar la mala praxis cuando ya existe un daño sino también aquellas situaciones que podrían haberla producido. Se registra en el SISA para aprender en base a los datos disponibles”, explicó Covelli. Luego compartió una historia desoladora. Está fechada en diciembre pasado.

“Un técnico de diagnóstico por imágenes informó una tomografía de un niño de 6 años. Se había caído de una escalera. El pediatra, guiado por ese informe, indicó ibuprofeno y que se fuera a la casa. Tres días más tarde el niño manifiesta dolor insoportable. Se atiende en el mismo lugar, con otro pediatra. Pide una tomografía. La informó otro profesional. Resultado: fisura de cráneo”, contó.

“Es el mismo centro, el mismo caso. En el primero, el médico confía en el informe. En el segundo, el médico revisa y escucha al paciente. De estos errores hay que aprender. El chico está bien, pero podría haber tenido un derrame cerebral absolutamente evitable”, sentenció.

¿Qué hicieron las autoridades ante ese caso? “La secretaria de Salud de Pinamar, donde ocurrió este caso, hizo lo que corresponde: un sumario y escuchó a la madre y a la ONG que habían hecho el reclamo. Pero si tuviéramos la ley, la funcionaria debería haberlo hecho porque así lo ordenaba la normativa. El sumario no hubiera dependido de su moral”, consideró.

Regular o desregular: la polémica en seguridad del paciente

Si la ley Nicolás pierde estado parlamentario, se podrá volver a tratar en un año; no antes (salvo que le hagan modificaciones al texto). Es sabida la resistencia de muchos médicos por este proyecto. Temen una suerte de “caza de brujas”, aunque el espíritu de la normativa se funde en recabar datos y eventos y en controlar el cumplimiento de protocolos, de modo que ellos mismos trabajen en condiciones dignas.

Ahora bien, ¿por qué el Gobierno rechaza el tratamiento de la ley? Quetglas sugirió dos cuestiones. La primera, la histórica filiación del actual Ministro de Salud con el sector de los médicos. Por otro, que el Gobierno, ideológicamente, promueve una tendencia antirregulatoria.

“Los médicos dicen que el 95% hace las cosas bien. De los conductores de vehículos se puede decir lo mismo, pero en vialidad nadie duda de que se precisan normas claras para el resto. Ese 5% nos puede matar a todos”, lanzó.

“Cuando nos reunimos, Lugones me dijo una cosa con la que no puedo no coincidir: que leyes puede haber muchas pero el tema es el control. Yo le contesté lo siguiente”, continuó el diputado, y concluyó: “Que eso es cierto, pero el que controla precisa un marco para controlar”.

PS