La libertad económica es un factor clave en el desarrollo de los países, ya que permite a los individuos y empresas participar en el mercado con menores restricciones, fomentando la inversión, la innovación y el crecimiento.
Uno de los principales factores que afectan la libertad económica en la región es la inseguridad jurídica. La falta de protección efectiva de los derechos de propiedad y la incertidumbre en las regulaciones desincentivan la inversión extranjera y limitan el crecimiento del sector privado. Además, la corrupción y la burocracia excesiva dificultan la creación y el desarrollo de empresas, especialmente para los emprendedores y pequeños negocios.
La alta carga tributaria en algunos países también representa un obstáculo para la libertad económica. Impuestos elevados y sistemas fiscales complejos generan costos adicionales para las empresas, lo que puede desincentivar la formalización y fomentar la economía informal, un problema estructural que afecta a millones de trabajadores en la región. La simplificación de los sistemas impositivos y la reducción de trabas administrativas podrían contribuir a mejorar el clima de negocios.
Otro desafío importante es la falta de acceso al crédito y la debilidad del sistema financiero en ciertos países. Muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan dificultades para obtener financiamiento debido a regulaciones restrictivas y tasas de interés elevadas. Sin mecanismos adecuados para acceder al crédito, el emprendimiento y la innovación se ven limitados, afectando la competitividad de los países en el mercado global.
A pesar de estos retos, algunos gobiernos han impulsado reformas para mejorar la libertad económica. La digitalización de trámites, la flexibilización del comercio exterior y la promoción de acuerdos comerciales han sido medidas efectivas en ciertas naciones. Sin embargo, para lograr un desarrollo sostenible, es fundamental que estas iniciativas sean acompañadas de políticas que garanticen la estabilidad institucional y el fortalecimiento del estado de derecho.
En conclusión, la libertad económica en América Latina y el Caribe sigue siendo un tema complejo y de gran importancia para el futuro de la región. La adopción de políticas que fomenten la competencia, reduzcan la intervención estatal innecesaria y protejan los derechos de propiedad podría contribuir a un crecimiento más equitativo y sostenido. No obstante, estos cambios requieren voluntad política y un compromiso real con la mejora de las condiciones económicas y sociales de la población.
Los más destacados en Latinoamérica
De acuerdo con el informe que expone El Mercurio, Chile obtuvo un puntaje de 73,2, superando los 71,1 registrados en 2024. Este incremento permitió al país avanzar tres posiciones en comparación con el año pasado, aunque aún se mantiene por debajo del 15° lugar alcanzado en 2020.
Este estudio mide el nivel de libertad económica en 184 países a través de variables agrupadas en cuatro categorías: Estado de derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercado. El puntaje mínimo es cero, lo que representa una economía completamente reprimida, mientras que el máximo posible es 100. En la edición 2025, Singapur se ubicó como la economía más libre con 84,1 puntos, seguido por Suiza e Irlanda.
En América Latina, Chile lideró la clasificación regional, seguido por Uruguay, Costa Rica, Perú y Panamá. En contraste, los países con menor puntuación en el ranking global fueron Venezuela, Cuba y Corea del Norte, este último con apenas 3 puntos, según el informe.
Pese a la mejora en su calificación general, el informe advirtió sobre desafíos en el respeto a los derechos de propiedad en Chile, lo que impactó su puntaje. Libertad y Desarrollo, organización que colabora en la elaboración del índice para el país, señaló que “hay una creciente alarma por el devenir de las tomas ilegales de terrenos, donde los fallos judiciales no se cumplen”.
