Marcos Franco dijo que la directiva ordenó una auditoría que analizara los últimos cinco años de gestión que arrojó que hay gastos sin justificar y ameritan «tomar cartas en el asunto».
Foto: Leonardo Mainé/archivo El País
Redacción El País
Los resultados de una auditoría contratada por el sindicato mueven los cimientos de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). La actual directiva, liderada por el secretario general Marcos Franco, apunta contra al menos tres dirigentes del período anterior, entre ellos el exsecretario general Jorge Bermúdez.
La auditoría que se contrató, según explicó Franco, abarca los últimos cinco años de gestión. De momento arrojó resultados sobre los últimos 15 meses, «los más prolijos, o los más controlados», y aún faltan otros 45. En este examen parcial se encontraron viáticos sin justificar, entre otras irregularidades.
Por este motivo, la FUS, mediante su Consejo Central, «tomó la decisión de relegar en sus funciones políticas» a Bermúdez y otros dos dirigentes «por falta de confianza política». Además del exsecretario general, los involucrados son el exsecretario de Finanzas, Héctor do Santos, y la exsecretaria de Organización, Rossana Lombardo, explicó Franco en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).
La auditoría arrojó «varias situaciones que no son de agrado» y que ameritan «tomar cartas en el asunto» porque «por encima de todos está el interés colectivo», señaló el sindicalista en la entrevista televisiva.
Franco dijo que, específicamente en el caso de Bermúdez, hay $ 613.000 por viáticos nacionales y $ 127.000 por viáticos internacionales que «no han sido rendidos».
Foto: Archivo El País
Por otro lado, apuntó que no solo hay gastos sin justificación, sino otros que sí tienen boletas pero son abultados. «No podemos seguir con sistema de remises en cuatro meses por $ 460.000 cuando la FUS tiene un auto y chofer», exclamó.
En este sentido, alegó que hay que «ser muy cuidadosos en cuanto a los dineros de los trabajadores» y que «cuando se retira dinero hay que justificarlo y rendirlo».
Consultado acerca de la posibilidad de presentar una denuncia penal, dijo que aún no, que falta auditar 45 meses y que a él no le «gustaría» llegar a ese extremo. De todas formas, señaló que el caso «pasará al Tribunal de Ética» y que si el resto de los sindicalistas entienden que hay que judicializar el caso, probablemente se haga.
«No hay ningún tipo de operación política, cada uno puede resguardarse o justificarse de la manera que considere. Los números hablan por sí solos», aseveró.
Consultado al respecto por El País, Bermúdez indicó que de momento no haría declaraciones.
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