El cuerpo de inspectores turísticos que el Ayuntamiento de Lloret ha impulsado este verano ha permitido detectar una cincuentena de alojamientos de uso turístico que operaban al margen de la legalidad. Con 3.447 viviendas legales, el municipio, que aprobó en 2017 una ordenanza pionera que fijaba en un máximo del 10% el número de viviendas de este tipo que podía disponer cada barrio, estima que hay centenares que operan al margen de la ley. Muchas ya no se ofertan en portales tradicionales de alquiler turístico como Airbnb o Booking, donde las administraciones han incrementado su presión, sino que optan por otros canales como Wallpop, Facebook o Instagram, más difíciles de rastrear.
Una búsqueda rápida en la plataforma de productos de segunda mano Wallapop permite descubrir que existen más de 160 inmuebles en alquiler o venta en Lloret de Mar: desde lujosas villas valoradas en más de 700.000 euros con vistas al mar a apartamentos más modestos de uso turístico.
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Que no figure el número de registro es uno de los motivos de sospecha de las dos inspectoras que a diario rastrean las webs a la búsqueda de apartamentos ilegales. Para ello se nutren de las plataformas tecnológicas de la Generalitat que permiten cruzar datos administrativos e identificar posibles incumplimientos. Una herramienta con la que han detectado más de 230 viviendas que podrían estar operando al margen de la ley.
El edil de Viviendas de Uso Turístico, Frederic Guich, asume que hay muchísimos más. “Los que se alquilan por el boca a boca son más complicados de descubrir y ahí nos tenemos que apoyar en las denuncias que formulen los vecinos”, reconoce el concejal, que insta a los ciudadanos a alertar a la policía ante cualquier sospecha de ilegalidad: el cambio constante de vecinos o ruidos y cánticos hasta altas horas de la madrugada son conductas que deben ponen en alerta.
Algunos alojamientos aparecen en portales poco habituales como Wallapop, Instagram o Facebook
Guich explica que el foco de los apartamentos ilegales se concentra en el casco antiguo y en urbanizaciones en las que abundan casas con piscina, que acaban siendo un gran reclamo para los turistas. El edil constata que en alguna ocasión ha sido el mismo huésped quien les advierte de que el piso que había alquilado para pasar sus vacaciones es una estafa, al detectar una fianza excesivamente alta o no ser devuelta. “Hay que luchar contra la oferta irregular, contra los que no pagan impuestos ni tasas, crean competencia desleal y se saltan las normas, entre ellas la ley de seguridad”, explica.
De los 50 inmuebles irregulares que el cuerpo de inspectores ha detectado, treinta ya han pagado sanción. Los ilegales se enfrentan a multas de 20.000 euros, que se quedan a la mitad si se pagan antes de treinta días. “La mayoría recurren y esgrimen que en realidad no es un alquiler vacacional, sino de más de 31 días, pero las reseñas de los huéspedes son una huella difícil de borrar”, explica.
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Veinte mil euros es la multa que recibirá un ciudadano francés propietario de una casa con piscina del barrio de Roca Grossa, que ofertaba su inmueble como vivienda de uso turístico a 300 euros la noche, sin estar registrada como tal. Cuando la inspectora le comunican la sanción, explica que desconocía que era necesario estar dado de alta. Aunque ahora quisiera regularizarlo, ya no podría hacerlo ya que Lloret ya no permite obtener nuevas licencias.
