Suelen estar en segundo plano, aunque muchas veces los reflectores terminan posándose sobre ellos. Con su trabajo pueden ganar tiempo, ayudar, complicar, salvar o hundir a sus clientes, generalmente políticos o empresarios poderosos, o famosos en problemas.
Los abogados defensores en casos de corrupción tienen en sus manos la difícil tarea de convencer a los tribunales de la inocencia de sus clientes, y también de hablar por ellos frente a una opinión pública que suele condenar antes de que caiga el martillo judicial.
Sin agotar ejemplos de todos los colores y para todos los gustos, elegimos cuatro casos de defensores que en los últimos días protagonizaron noticias en sonoros casos de corrupción, para analizar su desempeño.
Carlos Beraldi
Formado junto al ex presidente de la Cámara Federal porteña que juzgó a las Juntas Militares en 1985, León Arslanian, Carlos Beraldi se separó de él en 2009 y abrió su propio estudio. Con fama de serio y dedicado, fue captado por Cristina Kirchner cuando vio su trabajo como defensor del empresario Cristóbal López, su socio y amigo.
Desde entonces, a Beraldi le tocó lidiar con el tramo más duro de las causas por corrupción contra la expresidenta, en los que su estrategia fue sembrar de planteos procesales, pedidos de medidas cautelares, apelaciones y quejas los expedientes que desde 2013 comenzaban a subir de tono.
Ese plan dio los resultados esperados: dilatar y retrasar los casos por lavado de dinero Hotesur y Los Sauces, empiojar la causa Vialidad por fraude al Estado y demorar los juicios orales en las acusaciones por encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán y asociación ilícita y sobornos en el famoso expediente de los Cuadernos de las coimas.
Lo dicho: la densa red de escritos y planteos logró aplazar procesos y en dos casos hasta poner en duda la realización de los juicios (Hotesur y pacto con Irán). Pero la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y en varias ocasiones la Corte Suprema fue despejando el camino hacia los estrados. En diciembre de 2022, Cristina recibió su primera condena por corrupción, confirmada por la Casación un año después y por la Corte este año. Ahora cumple una pena de seis años de prisión, por ahora domiciliaria, y está inhibida de por vida para ejercer cargos públicos.
Pese a ese rotundo revés y el denso frente de nubes que aún la esperan, el prestigio profesional de Beraldi no es discutido en los círculos jurídicos.
El abogado Carlos Beraldi, en una audiencia por el caso Vialidad en la Cámara Federal de Casación Penal. Foto Federico López Claro.
Juan Pablo Fioribello
Otro excolaborador de Arslanian durante su paso por el ministerio de Seguridad bonaerense, como director general del ministerio. También fue secretario en la Secretaria de Investigaciones Judiciales, el organismo que manejó y coordinó todas las investigaciones policiales de la provincia y creó las famosas Departamentales de Investigaciones (DDI). En la función pública también participó desde su creación la Oficina Anticorrupción, de la que fue integrantes del Area de Investigaciones junto a otros jóvenes abogados, varios de los cuales luego hicieron carrera en la justicia federal porteña.
Ya al frente de su estudio jurídico, Fioribello defendió a políticos -entre ellos el expresidente Alberto Fernández, su entonces esposa, Fabiola Yañez, y su hijo Estanislao, o el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales-, empresarios y famosos, como la actriz Andrea del Boca, a quien logró que esta semana la absolvieran en el juicio por supuesto mecanismo ilegal para financiar la novela Mamá corazón.
«A esta altura yo no trabajo para perder», se jacta ante sus clientes, pero también con sus adversarios. Quienes lo conocen de cerca repiten su frase de cabecera: «en una causa hay que ganar como sea». Y reitera: «Como sea es como sea». Para lograrlo, el abogado -con muchas vinculaciones en los medios- esas mismas fuentes admiten que «juega fuerte y sin vueltas».
Es uno de los abogados más caros del país. Cobra honorarios en dólares y selecciona a sus clientes según la complejidad de los casos que lleven a su escritorio. Sus aceitados vínculos con jueces, fiscales y políticos de todos los partidos son tan importantes en su currículum como la solvencia profesional que le conocen. ¿Cuestionable? Puede ser, pero Fioribello no se sonroja. Casi que se enorgullece.
El abogado Juan Pablo Fioribello.
Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Shultze
Hace menos de dos meses, cuando el invierno aún apretaba a los argentinos, nadie conocía el nombre de Diego Spagnuolo, el ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, excepto por la demora en censar a los beneficiarios de la pensión por invalidez y la impericia para manejar una oficina que llenó de problemas al gobierno. Pero la filtración de una conversación de él con un interlocutor desconocido que lo grabó desató el escándalo más grande desde la llegada al poder de Javier Milei.
En esa grabación, Spagnuolo se quejaba de que en su oficina y a sus espaldas funcionaba un supuesto circuito de sobornos que al menos parcialmente terminaban en manos de Lule Menem y Karina Milei. Cierta o no, la historia se transformó en denuncia judicial, comenzó a ser investigada y puso a Spagnuolo y a los dueños de la droguería Suizo Argentina contra las cuerdas: allanamientos, secuestro de teléfonos y documentos, congelamiento de cuentas y cajas de seguridad, levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Spagnuolo es abogado, pero tardó en elegir a un colega que lo representase cuando las sospechas atronaban. Luego de casi dos semanas presentó a Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Shultze.
Ambos tienen antecedentes en defender a acusados por corrupción: Aráoz de Lamadrid representó al primer arrepentido del caso de los cuadernos de las coimas, Juan Carlos de Goycoechea, exCEO local de una constructora española que habría admitido haber realizado pagos a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. A su vez, Rada Schultze ya trabajó con Aráoz entre noviembre de 2009 y mayo de 2011, cuando se desempeñó como abogado en Aráoz de Lamadrid & Asociados. Defendió a Luciano Donaire y Julio Mendoza en la causa Austral Construcciones, y en el expediente que investiga irregularidades en la gestión del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Pero ni los periodistas ni el fiscal Franco Picardi o el juez Sebastián Casanello lograron vincularse con ellos: luego de que el asesor digital del gobierno Fernando Cerimedo declarara como testigo que Spagnuolo le había dicho a él lo mismo que se escuchaba en el audio de la controversia, los dos abogados renunciaron a la defensa del ex titular de la ANDIS. Aunque en privado admitieron una «falta de confianza mutua» con su cliente, en los hechos su intempestivo alejamiento perjudica a Spagnuolo, al menos frente a la opinión pública.
¿Y los cuadernos de las coimas?
Es el caso de corrupción más grande de la historia penal de la Argentina, y estalló en agosto de 2018 cuando el periodista de La Nación Diego Cabot contó que Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -hombre de extrema confianza del todopoderoso ministro de Planificacion del kirchnerismo, Julio De Vido- había anotado durante doce años una bitácora del cobro de sobornos por parte de empresarios contratistas del Estado y proveedores de distintos servicios públicos regulados por el gobierno.
Luego de una larga y silenciosa investigación por parte del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, una catarata de operativos policiales detuvo en un puñado de días a medio centenar de los empresarios más poderosos del país y a varios exfuncionarios de Cristina Kirchner, quien sólo evitó seguir la misma suerte porque tenía la protección de los fueros como senadora.
Las pruebas contra ellos eran copiosas y detalladas: a partir de las anotaciones de Centeno, el fiscal y el juez fueron comprobándolas con la ayuda de cámaras públicas, cruce de teléfonos y documentos de todo tipo. ¿Resultado? Treinta y uno de los detenidos se convirtieron en imputados colaboradores, una figura recién aprobada por el Congreso que contempla declararse culpable de un delito a cambio de entregar información relevante para la investigación y bajo la promesa de obtener una reducción de la pena al término del juicio.
Bien: desde 2019, cuando Bonadio cerró la instrucción del caso, el sorteado Tribunal Oral Federal 7 se vio envuelto en una maraña de presentaciones y pedidos que sólo buscaron -y lograron- retrasar el comienzo del juicio oral. Recién este año logró desbrozarse la última maleza del camino, y entonces apareció otra jugada: los arrepentidos -que ahora son veinticinco– y otros imputados se presentaron al TOF para pedir que no se los juzgue a cambio de pagar una «reparación integral», una especie de indemnización que el código procesal penal contempla para casos puntuales con víctimas individuales que pueden aceptar esa «indemnización».
Aunque con montos muy dispares entre sí, la suma de todos ellos equivaldría a un máximo 40 millones de dólares. Un vuelto, si se tiene en cuenta que en el expediente ya hay embargos trabados por el equivalente a entre diez y veinticinco veces esa cifra. Otro detalle: si el intento fuera aceptado, los acusados pasarían a estar todos sobreseídos. Como si fueran inocentes.
La jugada implicó una discreta coordinación de decenas de abogados defensores -en total hay 88 letrados representando a los acusados-, entre los cuales hay integrantes de los estudios penales más grandes y caros de la Argentina. La propuesta es profesionalmente arriesgada, y parte de una estrategia de extrema debilidad: se clama desde la casi -en muchos casos la expresa- admisión de culpabilidad.
La fiscal Fabiana León se opuso a la movida con un vehemente escrito, en el que consideró que «no se puede tarifar la impunidad».
