Mientras el Senado debate cambios a la Ley de Glaciares, ambientalistas y sectores sociales advierten sobre posibles riesgos para las reservas de agua y la biodiversidad en Salta, donde existen 646 cuerpos de hielo catalogados en el marco de la normativa vigente.
La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se volvió uno de los principales focos de debate ambiental y productivo en el país. En la provincia de Salta, donde se identifican 646 cuerpos de hielo inventariados por la legislación actual, la tensión se acentuó entre quienes defienden la protección del agua y quienes impulsan la explotación de recursos como el litio y otros minerales.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial —considerados reservas estratégicas de agua dulce— y prohíbe actividades extractivas en esas zonas para preservar los recursos hídricos. El Senado puso en agenda una modificación de esa normativa que podría redefinir los criterios de protección, en especial en territorios con potencial minero.
Quienes impulsan la reforma argumentan que una redefinición de la ley permitiría atraer inversiones mineras significativas, particularmente en el litio y el cobre, sectores que han cobrado importancia en la agenda económica por su rol en la transición energética global y las cadenas productivas. El debate en el Senado se da en simultáneo con otras discusiones legislativas, como la reforma laboral y acuerdos internacionales, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con su proyecto.
Por su parte, ambientalistas, organizaciones sociales y expertos advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección del agua y del ambiente periglacial, otorgando mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué geoformas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora protegidas.
La polémica se intensificó también en las calles y frente al Congreso, donde grupos ambientalistas realizaron protestas y expresaron su rechazo a la modificación del marco normativo que vela por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes de agua que sostienen tanto poblaciones como actividades productivas.
En Salta, donde la presencia de glaciares es un componente clave del equilibrio hídrico, la pulseada entre la protección ambiental y los intereses de la industria minera se volvió ejemplar de una discusión mayor: cómo equilibrar la preservación de recursos estratégicos con la búsqueda de inversiones y desarrollo productivo en regiones con reservas minerales.
