Los ayuntamientos económicamente saneados, que desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) calculan que podrían oscilar entorno al millar, han iniciado movilizaciones y protestas para modificar la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) aprobada en el 2012 e impulsada por el entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro y que limita la capacidad para realizar inversiones, aún disponiendo de superávit, un remanente de tesorería positivo y un bajo endeudamiento.
La situación, que juzgan insólita los afectados, impide que los ayuntamientos no puedan incrementar el gasto más allá de un límite que se calcula en base al producto interior bruto, con lo que queda bloqueada la capacidad de invertir en servicios e infraestructuras, a pesar de disponer de los recursos económicos necesarios.
Alcaldes del PP durante la manifestación que tuvo lugar el pasado martes en Madrid. (FEMP)
Lee también
Un caso paradigmático se localiza en el municipio barcelonés de Arenys de Mar que, pese a disponer de “quince millones en el banco –explica su alcalde, Estanis Fors–, no podemos invertir más allá de 700.000 euros”. Una preocupación que trasladó, junto con la concejala de Hacienda, Cristina López, ante Israel Arroyo Martínez, secretario de Estado de Economía, en su reciente visita a Madrid. Allí, le requirieron que modifique el artículo 32 de la ley orgánica, así como la disposición adicional sexta para que “los ayuntamientos que estén saneados y dispongan de remanente lo puedan utilizar para inversiones financieramente sostenibles”, lo que ahora el redactado legal imposibilita.
Por otro lado, mientras se materializan las buenas intenciones del secretario, piden que “se puedan impulsar moratorias a los ayuntamientos saneados” para evitar que se sometan al obligatorio Plan Económico Financiero que bloquearía las inversiones.
El alcalde de Arenys de Mar, Estanis Fors, con la concejala de Hacienda, Cristina López .
Aj. AdM
El obstáculo legal no solo afecta a pequeños municipios como el de Arenys de Mar, con 16.000 habitantes, sino también a grandes ciudades, como Badalona. Allí, el alcalde, Xavier Garcia Albiol, describe como “desconcertante”que la Administración central deba tutelar “nuestros propios recursos” sin estar en déficit financiero. “Deben dejarnos actuar según nuestras posibilidades”, reclama, para evitar el desequilibrio que impone la presión financiera del Estado español. Los ayuntamientos están obligados a requerir una autorización al ministerio para llevar a cabo ciertos gastos si superan los límites o si desean utilizar el superávit al margen de lo que describe la ley.
Activar a los grupos parlamentarios
Muchos alcaldes denuncian también un trato discriminatorio, ya que consideran que el propio gobierno del Estado incumple a menudo los límites de déficit, mientras obliga a los ayuntamientos saneados económicamente a realizar ajustes financieros. Con ello se paralizan inversiones o se acumulan los remanentes en las cuentas corrientes bancarias.
La reclamación por el uso del remanente de tesorería según la Loepsf, mantiene en vilo a numerosos ayuntamientos de todas las comunidades autónomas, como Catalunya, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Baleares y Navarra, entre otras. Desde donde se emiten mociones e iniciativas parlamentarias para recuperar la autonomía financiera y poder destinar los fondos a inversiones locales.
Municipios como Arroyo de la Encomienda (Valladolid), ciudades como Zaragoza, Huesca, Murcia o Ibiza y entes supramunicipales como la Diputación de Badajoz o el Parlamento Navarro han cuestionado públicamente la penalización a los ayuntamientos saneados.
Lee también
A nivel estatal, la Federación Española de Municipios y Provincias ha reclamado la aprobación urgente de un real decreto ley “que evite el grave perjuicio económico para los ayuntamientos”. En Catalunya, la Federació de Municipis que preside el alcalde de Mataró, David Bote, ha iniciado contactos con “los grupos parlamentarios” para mediar con el Estado y “obtener el compromiso de los partidos políticos para que voten a favor de los decretos que se impulsen en el Congreso de los Diputados en este sentido”.
Por su parte, la otra entidad municipalista, la Associació Catalana de Municipis, impulsó una moción para requerir el levantamiento de las restricciones que imponen el uso de los superávits y remanentes. Se incluye igualmente la petición de flexibilizar las reglas fiscales que limitan el gasto local, como la ley de Estabilidad Presupuestaria (Lrsal) y reclama compensar la pérdida de ingresos que han sufrido los ayuntamientos a causa de varias reformas, como la de las plusvalías, y conceder más transferencias a los municipios. Una resolución que tiene como objetivo dotar a los entes locales de herramientas financieras más sólidas y adaptadas a la realidad presupuestaria actual, reforzando la autonomía y la capacidad de gestión de cada ayuntamiento.
