Cuando los márgenes de ganancia se hacen estrechos, cualquier variable en los costos asume mayor relevancia. Los colegios privados de la Provincia advirtieron por el impacto que tienen las tasas municipales que le cobran en los distritos bonaerenses, sobre las finanzas cada vez más ajustadas de esos emprendimientos.
Según denunciaron desde la Asociación de Institutos Privados Argentina (Aiepa) –que tiene más de 3.000 establecimientos asociados en Buenos Aires y CABA– en 2026 algunos municipios esos gravámenes se incrementaron hasta un 100% respecto de la alícuota del año pasado.
Se trata de ordenanzas que determinan el pago de entre el 0,02% y el 0,07% del total de la facturación que los centros de enseñanza recaudan por mes. Es decir: por cada millón de pesos de ingresos, deben dejar $ 2.000 y hasta $ 7.000. “No es un porcentaje alto, pero todo suma a los costos fijos que apremian a la economía de las instituciones”, dijeron en Aiepa.
La entidad explica que esta presión impositiva hay que incluirla a otros factores que -aseguran- ponen en riesgo la continuidad de las empresas educativas. Enumeran: aumento de servicios (luz, gas, agua potable), retraso en la autorización de aumento de la cuota y caída en los números de alumnos matriculados.
El sistema de educación privada en la Provincia representa el 30% de la cobertura y registra en sus planillas 1,38 millones de alumnos en los niveles inicial, primaria y secundaria. Son poco más de 5.800 centros de educación que lo gestionan empresarios particulares o instituciones religiosas.
Entre ese universo, hay un 80% que percibe algún tipo de subvención del Estado para pagar parte o la totalidad de los sueldos del plantel docente. Pero el resto de los costos los asumen los administradores.
La queja de los colegios contra las tasas municipales se suma a otras embestidas que encaró el Gobierno nacional contra el cobro de esos gravámenes. Desde 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, inició una campaña (acompañada de una resolución) en la que prohibía el cobro de algún concepto municipal en las facturas de los servicios públicos.
Y hace menos de una semana, los líderes de la LLA de la Provincia anunciaron que presentarían proyectos de ordenanza en 129 comunas bonaerenses para reducir o eliminar tasas que consideran “exageradas”, altas o “ridículas”. Ocurre que el concepto de “tasa” implica que quien lo cobre debe ofrecer a cambio una contraprestación.
En el sector educativo se alarmaron después que el Concejo Deliberante de Pilar aprobó la ordenanza 112/25 que aumentó el 100% la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) que se aplica a varios rubros empresarios y comerciales. Entre ellos el sector educativo. Pasó de 0,015 a 0,03% del total de la facturación. Además, la misma legislación estableció una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las Pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.
Según explicaron en la comuna, ese monto se determinó a cambio de un “servicio de salud” por la habilitación de un hospital municipal y por la prestación de las ambulancias, ambas gratuitas para todos los habitantes del distrito.
De acuerdo con la evaluación que hizo Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa, “este tipo de medidas provocarán un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. Una escuela privada es una Pyme con entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo”, señaló.
De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos por mes en tasas municipales, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año.
Un relevamiento que realizó Clarín reveló que casi todos los municipios de Buenos Aires aplican esta carga a los colegios. Por caso, en La Plata pagan TISH pero no es un porcentaje único. “Hay una exención que es en proporción a la subvención que les da la Provincia. Si son fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, también pueden estar exentos siempre que cumplan con ciertos requisitos”, dijeron en el palacio Municipal.
En el Gran Buenos Aires la alícuota de esta tasa tiene valores que varían: En Hurlingham es del 0,07; en Zárate del 0,06; en Vicente López del 0,06 igual que en San Isidro, Malvinas Argentinas o Avellaneda.
Mercedes aplica 0,055%; Tres de Febrero 0,05%; Tigre 0,05% y Escobar 0,04%, sólo para tomar algunos casos.
“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión. Aiepa envió notas y pedidos a varios concejos deliberantes para solicitar revertir este panorama.
Cuotas atrasadas
Las últimas negociaciones salariales también complican el escenario para gestionar colegios. Es que el Gobierno bonaerense acordó un incremento salarial del 9% en tres tramos para los docentes, que se sumará a otras mejoras otorgadas a fines del año pasado.
Pero, la Dirección General de Escuelas provincial aún no autorizó cambios en el valor de las cuotas que cobran a los estudiantes. Se trata de un aval que requieren los colegios subvencionados (80% del total). El resto puede fijar la matrícula mensual sin regulación estatal y también trasladar el pago de las tasas a los padres de los alumnos.
“Necesitamos que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos”, pidió Zurita.
Los desajustes financieros y la reducción en los números de inscriptos provocan otras consecuencias no deseadas: el cierre de los institutos. Pasó hace dos semanas en CABA y también hubo un caso en La Plata.
Se atribuye el fenómeno -además- a la caída en los índices de la natalidad y a la disminución de la matrícula, estimada en unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años.
La Plata. Corresponsalía
MG
