«Los derechos indígenas quedaron en el olvido porque la prioridad de América Latina es la agenda económica»

Cándido Mezúa Salazar, líder indígena embera de Panamá, se encuentra en su comunidad, en territorio colectivo, donde el aire es fresco y sólo se escucha el canto de los pájaros y las ranas, afirma en diálogo con Mongabay Latam. Además de haber representado a la Comarca Emberá-Wounaan, Mezúa presidió la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y fue secretario de asuntos internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).

Desde los últimos meses, Panamá vive uno de los momentos de mayor tensión social de los últimos tiempos. Los pueblos indígenas han tomado parte en las protestas que activaron una cruenta represión oficial, incluso en las comunidades, denuncia Mezúa.

La oposición a la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y una reforma para flexibilizar beneficios sociales han puesto a muchos panameños en las calles.
Mezúa reflexiona sobre las causas que condujeron a los indígenas embera a sumarse a las manifestaciones y relata cómo fue la represión en su comunidad.

-En 2016, durante una entrevista con Aristegui le preguntaron por el pedido público de perdón a los pueblos indígenas por parte del papa Francisco. Usted dijo que pedir perdón no era suficiente y que debía traducirse en acciones, en especial de parte de los gobiernos. Pasó casi una década desde esa declaración. ¿Cambió algo?

-Desde el enfoque indígena, nosotros estamos inmersos en un sistema que no es indígena, en lo que se llama “democracia” o la vida de los sistemas de los países. Cuando el papa Francisco pidió perdón universal por todas las atrocidades en las que la Iglesia fue partícipe, esperábamos que los gobiernos que se llaman de corrientes cristianas, católicas, iban a mejorar las cosas. Y en esa esperanza, con fe, como dice nuestro Creador, pues veíamos que con [la encíclica por el ambiente] el Laudato si’ daba luces a los gobiernos sobre cuál podría ser esa ruta de conducción con la casa común, con nuestra Madre Tierra. En Panamá, si en un momento había prioridad para atender una agenda con los pueblos indígenas, en el próximo gobierno fue borrón y cuenta nueva. Entonces, los derechos indígenas quedaron en el olvido porque la prioridad de América Latina y los gobiernos es la agenda económica, pero la agenda social y más aquellos temas que tienen que ver con derechos de pueblos indígenas son disminuidos o han desaparecido porque hay un interés es seguir generando más capital para el sistema.

-Panamá está viviendo momentos de mucha tensión social actualmente. ¿Cómo están participando los pueblos indígenas en esas protestas? ¿Qué rol están cumpliendo?

-En Panamá la protesta social está generada prácticamente por varios temas coincidentes en cuanto a vulneración de derechos. El gobierno está enfocado y está dirigiendo toda su maquinaria gubernamental a seguir vulnerándolos cada vez más. Uno de los temas es el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. La nueva ley viene a introducir un nuevo mecanismo de seguridad social, en el que disminuye todavía más la situación de las pensiones que ya eran deprimentes. Lo que hace es disminuir esos beneficios sociales que es un aporte del trabajador. No es un aporte del Gobierno per se, sino que es un aporte de cada trabajador a mantener ese sistema de seguridad social. Claro que el gobierno contribuye, como los empresarios como contraparte del trabajador. Estos tres sectores deberían haber coincidido en una propuesta, pero prácticamente lo único que queda es la propuesta presentada y modificada por el mismo gobierno. Hay una propuesta súper interesante desde el punto de vista indígena que es la de la Universidad de Panamá. Pero esto no se escucha. Nosotros aquí tenemos la Ley 37, basada en las normas internacionales de la OIT, que nos permiten y exigen al Gobierno establecer un mecanismo de consulta y consentimiento cuando existan leyes que vulneren derechos de pueblos indígenas.

-Y esa ley afecta a muchos trabajadores indígenas…

-Esta ley interviene a nivel nacional e involucra los territorios indígenas y entonces, por lo tanto, debió haber pasado por ese mecanismo, por los procedimientos que tenemos nosotros los pueblos indígenas de consulta. Nosotros tenemos economistas indígenas. Tenemos docentes, tenemos trabajadores indígenas. Por ejemplo, en el caso de las bananeras, en Bocas del Toro, se habla de 7000 empleos, pero más del 90 % de esos empleos son indígenas. Los cafetales en Chiriquí, en Veraguas, en la mano de obra, el 100 % de los recolectores es indígena. Los cañaverales, las azucareras que están en provincias centrales indígenas, también trabajadores indígenas. Entonces tenemos un gobierno que dice no, los indígenas no cotizan. O sea, tenemos un Gobierno que invisibiliza el sector de la mano de obra indígena. Entonces esa es una de las razones por la cual los indígenas tomamos partido aquí y estamos diciendo esto nos involucra porque afecta no solamente a los trabajadores, sino a las generaciones que vienen.

-¿Qué rol jugó la oposición a la minería también en estas protestas?

-Hay una agenda de gobierno y esa agenda de gobierno es buscar más capital. Hay negociaciones que se dieron con los gobiernos anteriores por el tema minería y, como ya se sabe, la Corte Suprema manifestó en su sentencia que ha sido totalmente ilegal. Aun los beneficios que supuestamente generan al Estado son beneficios irrisorios, ínfimos en comparación con otros países. En el caso indígena, tenemos esta particularidad y es lo que a veces no nos entienden. Nosotros tenemos un sistema de vida que ha estado vinculado espiritualmente con el uso de la mina, del oro y otros minerales, pero en Panamá, la parte indígena siempre ha estado usufructuando sin daños ecológicos porque se ha convertido en un sistema de subsistencia de vida para nosotros, los embera, en algunas comunidades y son pocas personas que se dedican a eso, pero es algo cultural nuestro, entonces a veces dicen: “No, pero ustedes están sacando, extrayendo también oro”. Sí, pero nosotros no afectamos con grandes maquinarias, nosotros no le metemos veneno al agua. Es simplemente un sistema de extracción de oro tradicional, cultural, que lo hemos mantenido por más de 500 años, como mucho antes. Nosotros no trituramos la montaña para sacar oro. Si el Gobierno quisiera hablar de beneficios sociales, entonces vamos a hablar de que debe nacionalizar todo el proceso de la extracción minera. Y esa es una de nuestras propuestas. Lo que nosotros queremos es una minería sin impacto.

-¿Cómo fue la respuesta del Gobierno ante las protestas?

-Ha habido muerte. El día de ayer se han identificado cuerpos en las bananeras, por ejemplo. Familias que han sido torturadas, jóvenes, inclusive mujeres. A nuestros niños, en esos días, nosotros que vivimos aquí en la comunidad, sufrimos una represión tremenda de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con unos gases que ya uno puede decir esto es para usarlos en guerra, prácticamente nubes de gases, y nosotros tuvimos que con tristeza mover a nuestros hijos a la montaña. Eso es lo que choca de tener un gobierno represor, que uno ya no le puede decir que esto es un gobierno democrático.

-¿Cómo fueron esas horas?

-Por sistema de consulta colectiva se decidió que nosotros teníamos que acompañar el movimiento social como pueblos indígenas y se decidió que en la mayoría de las comunidades iban a hacer su protesta pacífica, como lo reconoce la Constitución de Panamá. Fijamos un horario y ese horario se comunicó oficialmente para que la protesta tenga validez. Ese horario se comunica por lo menos 24 horas antes, así que ellos ya sabían que íbamos a una protesta de 12 horas. Hemos sido reprimidos. El primero que sale del carro de estos blindados de la policía le dispara casi a quemarropa a uno de nuestros líderes con esa bomba de escopeta que tira la bomba lacrimógena al pecho. Eso es para matar gente. Si no estuvieran los jóvenes al lado, fornidos porque trabajan en el campo… lo jalaron y lo trajeron corriendo porque venían a llevárselo. Eso saca la efervescencia de los jóvenes. Nosotros con piedra, ellos con arma, perdigones, balines y ojalá fueran perdigones de goma. Ellos no vienen a dialogar, ellos vienen a reprimir. Cuando ya ven que la policía va entrando a la comunidad, la comunidad entonces entera en general se pone de frente. Ya ahí es un enfrentamiento más claro, más serio contra la policía. Los niños y los ancianos prácticamente tenían que ir huyendo a la montaña como si estuviéramos en una guerra.

-¿Hubo reacción de organismos internacionales frente a sus denuncias públicas?

-Es lo más triste. Aquí en Panamá hay un sistema de Naciones Unidas. Unicef, ONU, [Oficina de la] Mujer. Y todos estos organismos que tienen que ver con derechos de pueblos indígenas, con derechos de los trabajadores, no se pronuncian. Prácticamente desconocemos cuál es el informe de Naciones Unidas. ¿Para qué tenemos un sistema de Naciones Unidas que supuestamente debe velar por el derecho humano de todos? Para nosotros, es un silencio cómplice. Yo tuve que auxiliar a tres jóvenes que le cayeron perdigones de plomo en el pie. Y por suerte tenemos una enfermera porque nosotros sabemos que donde ese muchacho salga al centro de salud, al hospital más cercano, va a ser apresado. No sabemos hasta donde vamos a llegar, pero si queremos que la justicia llegue hasta el Presidente de la República.

-¿Cuáles son los desafíos de su organización indígena en este contexto?

-Tenemos que hablar de realidades de los pueblos indígenas. La agenda es el reconocimiento de los derechos de los pueblos, como su forma de subsistir culturalmente en un sistema que no es nuestro. El reconocimiento de derechos territoriales, que aún falta prácticamente más del 30 %, que aún no ha sido legalizado o reconocido formalmente, está en proceso. Hay leyes que permiten ese procedimiento, pero no hay voluntad del Gobierno para hacerlo efectivo. La agenda ambiental se vincula al derecho territorial y también sobre el subsuelo. Es un tema contradictorio porque está inmerso dentro del marco constitucional. Entonces, eso nos lleva a una agenda de participación política en el sistema. Pero no todas las poblaciones indígenas tienen vocería en la Asamblea de Diputados, donde se construyen las leyes. Solo dos. El resto de los territorios indígenas no tienen. Entonces, ese un tema que la agenda política de Estado debe tener una reforma constitucional para que todos los pueblos indígenas puedan tener vocería.

-La Corte Interamericana emitió una opinión consultiva esta semana a pedido de pueblos indígenas de la región. Establece obligaciones y derechos claves que los Estados deben respetar y garantizar, entre ellos, abstenerse de retroceder en la protección climática y de derechos humanos, y prevenir daños irreversibles al ambiente. ¿Cuál es su posición ante esta medida?

-Consideramos que debería tener una acción vinculante. Panamá es uno de los países que acoge las normas y convenios internacionales como parte de su sistema jurídico, debería ser vinculante en la acción, pero aquí resulta que inclusive hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han obligado al Estado a cumplir ciertas demandas pero el Estado hace oídos sordos de esos fallos. Lo estamos viviendo en este caso, por ejemplo, aquí en esta comunidad de Alto en Vera, que conjuntamente con la comarca Kuna demandó al Estado panameño, fue sancionado y obligado a garantizar los territorios.

-¿Cuáles son los problemas de Panamá en estos temas que más les preocupan?

-Río Indio [la construcción de un embalse y un lago artificial para asegurar el suministro de agua tanto para el Canal de Panamá]. Usted sabe que ese es uno de los temas que ha traído la efervescencia de la población panameña anteriormente. Unos 5000 millones de dólares va a costar eso, pero a cambio va a dejar a una comunidad totalmente sin agua potable, posiblemente. Es una belleza escénica estar en Río Indio, pero este proyecto prácticamente desvía todo ese caudal de agua pura, limpia que hay, para el agua del canal. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los barcos, las grandes transnacionales que van a pasar por el canal. Al Gobierno no le interesa el aspecto ambiental, no es prioridad para este gobierno. El tema de la soberanía del canal. Ya no le interesa al Gobierno el Canal de Panamá como recurso natural, sino como recurso para mantenerse en el poder. Y eso es peligroso para nosotros. Aquí volvemos y retomamos lo primero. Nosotros hemos confiado, tenemos fe. Para nosotros la casa común de la que hablaba Francisco nos lleva a eso, a tomar acciones. La única forma aquí es que los medios internacionales puedan hacerse eco de la realidad. Esa es la gran diferencia que puede existir.

Imagen principal: Mezúa Salazar fue cacique de la Comarca Emberá-Wounaan, presidió la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) y fue secretario de asuntos internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB). Foto: cortesía Cándido Mezúa Salazar