El kirchnerismo, en tándem con Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, acordaron en Diputados cederle a Martín Menem la coordinación de la comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, pese a la resistencia, no sólo del resto de los espacios de la oposición que la integran, sino también de sectores de Unión por la Patria.
Todo se pactó en la madrugada del jueves, luego de una intensa puja entre el oficialismo y la oposición por la conducción de la comisión creada en la Cámara Baja para determinar la responsabilidad del presidente Javier Milei y de parte de su gabinete en el escándalo cripto que dejó pérdidas millonarias. Fue en la sesión en la que se aprobó el aumento a los jubilados que se resolvió que el secretario parlamentario Adrián Pagán coordine las dos próximas reuniones de la comisión.
El primer test será el martes, a las 16, cuando se buscará avanzar con la agenda de invitaciones y convocatorias, y una segunda reunión está prevista para el próximo 25 de junio, que será de carácter informativa, por lo que no se emitirá ninguna resolución.
La decisión de proponer a Pagán como una salida para destrabar la elección de autoridades y poner en marcha la comisión fue propuesta por el cordobés Oscar Agost Carreño, en un intento por evitar que muera la investigación antes de comenzar. La moción aprobada a mano alzada se completó estableciendo que cada bloque podrá presentar hasta tres propuestas de invitados.
Es cierto que la comisión está estancada desde la reunión constitutiva del 30 de abril, cuando el oficialismo propuso a Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y Unión por la Patria postuló a Sabrina Selva, pero la votación terminó empantanada en 14 votos por lado.
Menem puso a un hombre propio al frente de la comisión cripto
La oposición buscó llevar la discusión por las autoridades al recinto, pero Menem supo bloquear la ofensiva sirviéndose del reglamento que establece que las comisiones deben elegir sus autoridades por mayoría simple. Frente a este escenario, los K junto a Agost Carreño llegaron a un acuerdo con el riojano para designar a Pagán.
Pero al parecer, la jugada no contaba con el apoyo de todo el peronismo porque una fuente de Unión por la Patria aseguró que lo correcto era destrabar la designación de autoridades y definir un reglamento. «Se tendría que haber modificado la resolución y que diga que la comisión tiene que estar presidida por alguien que votó a favor de su creación o alguien que no sea del oficialismo», precisaron a este diario.
Maximiliano Ferraro lo dejó explícito en la madrugada del jueves cuando anunció que la Coalición Cívica no acompañaba la decisión. «Si no resolvemos el fondo de la cuestión con respecto a que la cámara no renuncie al poder contralor y de investigación vamos a estar en la misma», argumentó el diputado.
Pero la movida no sólo fue cuestionada por los lilitos sino también por los diputados de la izquierda y los radicales de Democracia para Siempre. Pablo Juliano, jefe del bloque que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau, advirtió que la nominación del secretario parlamentario es como «poner al zorro a cuidar las gallinas».
Está casi descartado que en la reunión del martes se pueda avanzar en la designación de autoridades y al estar empatada la comisión en la distribución de fuerza es poco probable que se pueda avanzar en un futuro. Por eso, Menem aceptó el acuerdo con la oposición sabiendo que la elección del presidente y vice nunca va a prosperar.
¿Qué efecto tiene la falta de designación de autoridades? Y, en principio, los testimonios que se puedan tomar en la segunda reunión del 25 de junio no tendrán el carácter de vinculante. En resumen, la oposición sólo podrá llevar testigos y especialistas pero no tendrá margen -al menos si no se modifica la resolución con la que se creó la comisión- para firmar un informe que sea vinculante y que pueda disparar un posible pedido de juicio político.
Algunos diputados ven como una mejor salida designar a un representante de cada lado en lugar de Pagán. Algo similar ocurrió en 2009, cuando se estancó la designación de las autoridades de la bicameral de Trámite Legislativo por la paridad entre el Frente para la Victoria y la oposición y se dispuso una doble conducción con Diana Conti y el radical Luis Naidenoff.
Hasta aquí, el Congreso no ha podido avanzar en nada para esclarecer la participación del Presidente en un presunto hecho de estafa. En un principio se había propuesto interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a los ministros de Economía, Luis Caputo; y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Incluso se había mencionado el nombre del vocero presidencial, Manuel Adorni.
Pero salvo Francos, que fue a Diputados y deslindó responsabilidad de Milei en el hecho, el resto de los miembros del gabinete pudo esquivar la citación del Congreso con distintas excusas y la única alternativa es que pasen por el ámbito de la comisión. Algo poco probable sobre todo después de que la Oficina Anticorrupción desligara al Presidente del caso.
