El oficialismo logró el miércoles evitar el debate sobre el aumento de los impuestos Inmobiliario Urbano y Rural, entre otros, en la Legislatura de Córdoba, pese a los pedidos de la oposición y de la ciudadanía para comprender la magnitud del incremento y las razones para ese ajuste.
El tema fue derivado a comisión, pero el vencimiento del primero de los gravámenes opera el lunes próximo, con lo cual se da por hecho que el pago del aumento será obligatorio.
El Gobierno respondió a las críticas con algunas reacciones esporádicas de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba, con trascendidos oficiales y la limitada mención al tema por parte del gobernador Martín Llaryora en el inicio de las sesiones ordinarias de la Unicameral, en la ciudad de Deán Funes.
La estrategia del oficialismo es el silencio o dejar pasar el tiempo sin debatir el incremento, que también es cuestionado por el Gobierno nacional.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reforzaron en las últimas semanas los señalamientos a provincias y a municipios por el alza desmesurada de la presión impositiva sobre las familias y las actividades económicas.
El blanco de las advertencias apuntó al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que cobran las administraciones provinciales, así como las tasas municipales, algunas de ellas inverosímiles sobre los bienes que gravan.
La baja impositiva conlleva dos cuestiones clave en la economía. Por un lado, reduce el peso de los tributos sobre particulares y empresas, que pueden destinar esos fondos para mayor consumo o para inversión. Supone, además, un alivio para miles de fábricas que hoy enfrentan la fuerte competencia de productos que se elaboran, principalmente, en Brasil y en China.
La eventual decisión de una automotriz de cerrar su producción en Córdoba está ligada, en gran parte, a la posibilidad de importar los vehículos desde México a menores precios.
La Provincia también necesita aliviar la carga tributaria para que la agroindustria, la metalmecánica y el turismo –entre otras actividades clave para el funcionamiento económico de Córdoba– mantengan su competitividad.
En caso contrario, las grandes empresas y los miles de pymes que conforman el tejido productivo sentirán, más temprano que tarde, los efectos de una pesada carga sobre sus espaldas.
Las familias, a su vez, no han logrado aún recuperar el poder de compra de sus ingresos fijos, ya sean salarios o jubilaciones. Soportan, al mismo tiempo, un fuerte incremento en el costo de los servicios.
El Gobierno de Córdoba debe aceptar dar explicaciones y un debate necesario sobre el aumento desmedido en ciertos impuestos, así como sobre el tamaño necesario del Estado provincial para el mantenimiento de sus políticas.
El anuncio de obras públicas imprescindibles y urgentes en la ciudad de Córdoba y en el interior no son un justificativo para eludir dar certezas a la ciudadanía y a los actores económicos sobre la magnitud del esfuerzo que se les exige.
El ejercicio del poder público demanda en esta hora una difusión clara de los actos de gobierno, que debe estar por encima del silencio oficial o de los trascendidos periodísticos.
