La fuerte caída en la coparticipación de mayo, un envío clave para todas las provincias, incluida Córdoba, encendió todas las alarmas. Si bien los números del mes pasado tienen un gran asterisco, dado que se comparan con un mayo de 2024 excepcionalmente alto, lo cierto es que todo indica que la baja continuará profundizándose en los meses que siguen. O, entienden en el Panal, en el mejor de los casos, se estabilizará en los valores actuales.
No fue casual, entonces, que el conjunto de gobernadores acordara el martes pasado en la Ciudad de Buenos Aires solicitar una audiencia con el Poder Ejecutivo para discutir un consenso fiscal integral.
Los mandatarios provinciales buscan reactivar el Pacto de Mayo que quedó a medias y forzar al Gobierno de Javier Milei a abrir instancias de diálogo. El contexto de preocupación por la caída de las transferencias nacionales y por el nulo financiamiento para obras de infraestructura es compartida por todos los gobernadores, de todos los colores políticos. Lo demuestra la presencia de mandatarios tan diversos como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Martín Llaryora, Alfredo Cornejo y Jorge Macri.
“El Gobierno plantea una discusión sobre una reforma fiscal. Eso tiene una contraparte: somos los Estados subsoberanos. Las provincias somos actores clave en muchas de esas reformas. La idea es reflotar el espíritu del Pacto de Mayo y dar ese debate en conjunto con el Gobierno nacional, solicitar una audiencia y, en ese espacio, analizar punto por punto hacia dónde queremos ir”, dijo el chubutense Ignacio Torres, quien fue el vocero de los mandatarios luego de la cumbre en Puerto Madero.
Bajo el paraguas de una discusión sobre “nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal”, los gobernadores hablaron más que todo de la caída de los ingresos provinciales en un año electoral.
En este contexto, la recaudación de Córdoba dejó de crecer como lo venía haciendo en los primeros meses de 2025. En rigor, lo que se conoce surge de trascendidos del Centro Cívico y por el volumen de las transferencias nacionales. El tema es que el Gobierno sigue sin publicar los datos de ingresos propios, información que dejó de difundirse en febrero.
Ese mes había mostrado un repunte de la recaudación vía impuestos patrimoniales, en línea con el fuerte aumento anual y al vencimiento de la cuota única.
Los tributos patrimoniales (Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural, Automotores y Embarcaciones) son, junto a Ingresos Brutos y Sellos, las principales fuentes de ingresos locales. No se trata de una fuente menor: en febrero representaron el 45% del total recaudado.
Desde entonces, los únicos datos disponibles para evaluar la salud fiscal de la Provincia provienen de la Nación. Se trata de los envíos automáticos de recursos, concentrados en la coparticipación, donde el IVA y Ganancias explican el 90%.
El mayor problema que enfrenta Córdoba (como prácticamente todas las provincias) es que sus ingresos dependen en alto grado del nivel de actividad. Cuando este se ameseta o cae, la recaudación también lo hace.
Los impuestos ligados al movimiento económico son el IVA y Ganancias a nivel nacional, e Ingresos Brutos y Sellos a nivel provincial. En febrero, estos tributos representaron tres cuartas partes de la recaudación total, lo que explica su peso en el desempeño agregado.
Si se compara la evolución de este conjunto de impuestos con el período previo a la crisis iniciada a mediados de 2018 (y de la que el país aún no se ha recuperado), se observa una caída real del 2% entre febrero de 2018 y febrero de 2025.
La notable caída de la coparticipación de mayo hacia Córdoba se explica fundamentalmente por la merma en el impuesto a las Ganancias, que cayó 39,9% real interanual porque en mayo de 2024 se produjo un repunte extraordinario como efecto de la devaluación del diciembre anterior. Pero también bajó la performance del IVA (-1,1%).
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Precisamente la falta de recuperación del IVA es lo que más preocupa en el Centro Cívico, debido a que en este caso en particular se está comparando con un mayo de 2024 de bajo movimiento en el que todavía el país se estaba acomodando tras la devaluación.
Sin datos locales, en los primeros cinco meses del año, la Provincia recibió de la Nación en concepto de coparticipación y otros recursos nacionales transferidos de forma automática $ 1,92 billones, un 57% más que en el mismo segmento del 2024. Con una inflación anual promedio estimada en 60,6%, el dato se traduce en una caída real que ronda el 2%.
Si los ingresos por actividad no mejoran, Llaryora ya no tiene mucho desde donde exprimir. A pesar del acuerdo parcial en la Corte Suprema por la Caja de Jubilaciones, lo cierto es que las transferencias no comenzaron. Por otra parte, ya no hay demasiado margen para nuevos fondos, una de las maneras que la administración del sanfrancisqueño utilizó cuando estuvo en la Municipalidad y luego trasladó a la Provincia.
El ajuste se ve en todos los detalles. La semana pasada, por ejemplo, se supo que los cánones hídricos también forman parte del rediseño fiscal silencioso que impulsa el Centro Cívico. Este año, la Provincia aplicó fuertes subas a los montos que cobra por el uso, transporte y concesión del agua. En algunos casos, como el del canon por uso, el incremento superó el 450%.
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Estos ingresos no solo refuerzan la recaudación provincial, sino que, en parte, financian los gastos corrientes de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). Es decir, permiten reducir transferencias desde rentas generales o, en los hechos, implican un ahorro en el gasto, aliviando el presupuesto operativo del área.
El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, establecido por la Ley N° 25.917 y modificado por la Ley N° 27.428, tiene como objetivo mejorar la transparencia de la gestión pública y lograr solvencia fiscal sostenible en el tiempo mediante el cumplimiento de reglas cuantitativas y cualitativas.
La Provincia de Córdoba adhirió a este régimen a través de las leyes provinciales N° 9.237 y N° 10.538 respectivamente.
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), creado por estas leyes, es el órgano encargado de monitorear y evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las jurisdicciones adheridas.
En relación con los plazos, el CFRF establece que las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal deben presentar información sobre la ejecución presupuestaria mensual dentro de los 30 días posteriores a la finalización de cada mes.
Esta obligación se detalla en la sección de “Monitoreo” del sitio oficial del CFRF, donde se especifica que la Planilla 1.4, correspondiente a la ejecución presupuestaria mensual, debe ser presentada en ese plazo. La última Planilla 1.4 publicada por la Provincia de Córdoba data de diciembre del año pasado.
Lo mismo aplica para los informes trimestrales, que deben estar disponibles con un rezago máximo de un trimestre.
El artículo 32 de la Ley N° 25.917, en tanto, establece sanciones para las jurisdicciones que no cumplan con las obligaciones del régimen, incluyendo la divulgación de la situación en las páginas web oficiales y la limitación en el otorgamiento de avales y garantías por parte del Gobierno nacional.
