La multirreincidencia centraliza buena parte de los esfuerzos del Govern, que desde el primer minuto de la legislatura trasladó a los titulares de Interior y Justícia la consigna de trabajar de la mano para desterrar la impunidad con la que operan determinados delincuentes que han sabido aprovecharse de las lagunas que presenta el sistema.
No son pocos los reincidentes responsables de esa percepción de inseguridad que avanza en sentido contrario al descenso general de las denuncias. Los Mossos d’Esquadra tienen contabilizadas a 3.000 personas que el año pasado fueron detenidas en más de tres ocasiones por delitos patrimoniales. Todo un ejército de delincuentes, en ocasiones organizados, hombres en un 80% y en su mayoría sin DNI español, a los que va dirigida la nueva estrategia de seguridad y justicia que pretende, según los consellers Nùria Parlon y Ramon Espadaler, “ponerles las cosas muy difíciles”. Tan complicadas, que robar en Catalunya “deje de ser rentable”.
El primer encargo que recibió la nueva jefatura de la policía catalana, con el comisario Miquel Esquius al frente, fue el de elaborar un estudio pormenorizado de la mutirreincidencia. El análisis buscaba saber quiénes son, dónde y cómo actúan, en qué situación legal están aquellos que llegaron de otros países y si tienen órdenes de búsqueda de los juzgados. Y una vez identificados y ubicados, ir a buscarlos. Hasta que sientan tal presión policial y judicial que se cansen. Una nueva estrategia, ambiciosa y compleja, bautizada como plan Kanpai (un brindis, en japonés, para vaciar la copa, en este caso, llena de multirreincidentes) y diseñada por el intendente Toni Rodríguez.
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Se trata de un plan a largo plazo que implica a múltiples actores y que, en palabras de Parlon, “es una estrategia ganadora que solo puede salir bien”. La titular de Interior es especialmente prudente con las estadísticas. En lo que llevamos de año son buenas, con una disminución generalizada en todos los delitos, salvo aquellos contra las mujeres relacionados con la violencia sexual y machista, y las estafas. Una mejora, advierte, que no es fruto de la suerte, “sino de un gran esfuerzo colectivo”.
Si ampliamos esa foto fija de la delincuencia, se observa cómo el fenómeno de la multirreincidencia ha ido creciendo año tras año. En los últimos cuatro años, del 2021 al 2024, las personas con siete o más detenciones han aumentado en un 140%. Se trata de detenciones exclusivamente vinculadas con delitos patrimoniales. Solo el año pasado, 637 personas fueron detenidas en Catalunya 6.993 veces. Sin contar los antecedentes que arrastraban de años anteriores.
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Pese a los reincidentes, las denuncias bajan. Nùria Parlon presentó las estadísticas el 12 de mayo en el último Comitè Nacional de Seguretat i Justícia, un organismo de nueva creación que se reúne mensualmente y preside Salvador Illa. El responsable del Ejecutivo socialista está especialmente implicado en la evolución de la seguridad. En todas las localidades que visita hace una parada en comisaría, pregunta y escucha.
El Comitè Nacional de Seguretat i Justícia funciona “como si fuera un único consejo de dirección”, explica el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
“Estamos ante el proyecto de seguridad integral más ambicioso de la última década”, asegura Albert Dalmau
El que fuera gerente del Ayuntamiento de Barcelona se trajo al Palau de la Generalitat la metodología del pla Endreça que está funcionado con muy buenos resultados en la capital catalana. Una metodología de trabajo que parte de la base de romper los espacios estancos de los diferentes departamentos para poner a los equipos a trabajar juntos con un mismo objetivo. “Todo forma parte de la misma cadena de valor. Empieza en el ámbito de la seguridad, en Interior, pero sigue en Justícia”.
En las reuniones del comité, los consejeros rinden cuentas al presidente de la Generalitat de la evolución de sus indicadores. El conocer con tanto detalle los planes y previsiones de unos y otros “ha mejorado la eficacia y el rendimiento de cada departamento”, indica Espadaler.
El problema de la marihuana
La droga, y más concretamente la marihuana –y también la entrada de hachís por las costas catalanas por la presión policial que hay en aguas del estrecho de Gibraltar–, es el otro gran caballo de batalla al que se enfrentan los gestores de la seguridad pública. El cultivo de la marihuana en el interior de pisos previamente ocupados sigue imparable, aprovechándose los productores de las dificultades legales que todavía existen para realizar determinados desalojos inmediatos. Una situación que la consellera de Interior, Núria Parlon, espera que mejore tras la última modificación legal en materia de desocupaciones, que dotará de nuevas herramientas a los Mossos d’Esquadra para acceder a viviendas ocupadas en las que existen evidencias de que en el interior hay una plantación de marihuana.
En estos primeros siete meses de legislatura, los responsables de Interior y Justícia han identificado diez proyectos transversales para ser más efectivos en la lucha contra la multirreincidencia. Desde el plan Kanpai al incremento de juzgados, pasando por una ampliación de la plantilla de los Mossos, entre otros. “Es el proyecto de seguridad integral más ambicioso de la última década”, asegura el conseller de la Presidència.
De momento, las cifras están acompañando a los responsables públicos. Parlon presentó sus números comparando las denuncias del 2025, hasta el 30 de abril, con el mismo periodo del año anterior. Las denuncias por delitos contra el patrimonio bajaron un 8,1 por ciento. Se entiende mejor al ver los números desglosados.
Hasta el 30 de abril se denunciaron 2.893 hurtos menos (-4,8%) que el mismo periodo del año anterior. Aun así, 56.901 personas denunciaron haber sufrido una sustracción sin violencia. Los robos con fuerza también descendieron en un 15,1 por ciento. O lo que es lo mismo, se denunciaron 2.000 menos. En el apartado de los robos con violencia, el descenso ha sido del 10 por ciento. Sin menospreciar que 6.412 personas denunciaron haber sufrido un robo con violencia.
Uno de los datos que desde Interior exhiben con más satisfacción es la reducción de delitos en el aeropuerto de El Prat. La infraestructura fue la primera en recibir un refuerzo de mossos tras años de decadencia y una falta de personal que permitía que durante horas podía no haber ni un solo policía uniformado en las terminales. Una situación que generó una llamada a delincuentes que literalmente tomaron las instalaciones para robar a destajo.
El próximo 12 de junio, los mandos policiales del aeropuerto presentarán oficialmente los nuevos datos y lo que han hecho para conseguirlos, que les ha permitido consolidar un descenso del 18% de las denuncias. Una estadística que Parlon ha compartido en las dos reuniones que ha mantenido con representantes de la sociedad civil, económica, sindical y cultural, con los que se cita periódicamente para implicarlos en el plan de seguridad.
Hasta el 30 de abril, los hurtos bajaron en un 4,8% y se presentaron 2.893 denuncias menos que en el año anterior
En ese mismo foro se detalló los resultados de los cuatro dispositivos Kanpai que ya se han desarrollado en varios puntos de Catalunya y que solo se entienden con la participación de las policías locales, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la policía portuaria y la seguridad privada.
Con mucha prudencia, los responsables de la seguridad pública se dan un año para revertir esa percepción de inseguridad tan arraigada y de la que se aprovechan algunos sectores para difundir discursos de odio.
