Premià de Mar, Premià de Mar
A finales de verano, el Ayuntamiento de Premià de Mar paralizó varios intentos de empadronamientos masivos y fraudulentos. De que la operativa formaba parte de un entramado mafioso y criminal había pocas dudas. Y así lo ha demostrado el trabajo realizado por la unidad de investigación de los Mossos d’Esquadra del municipio, que el lunes detuvo a diez personas acusadas de falsedad documental, estafa, usurpación de identidad, delito contra la Seguridad Social, contra los ciudadanos extranjeros, contra el derechos de los trabajadores y pertenencia a un grupo criminal. Una larga lista de acusaciones que evidencian las presuntas prácticas de unos individuos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para lucrarse sin escrúpulos.
Los investigadores reunieron indicios de la actuación en Premià de Mar de un grupo organizado que ofrecía empadronamientos a personas extranjeras por unos precios que oscilaban entre los 500 y los 800 euros. Un documento cada vez más preciado que abre la puerta a la educación, la sanidad y los servicios sociales.
El grupo criminal falsificaba contratos de alquiler en el Maresme que usaba para acceder al padrón
Los Mossos reconstruyeron el modus operandi del grupo desarticulado en el marco de la bautizada como operación Shiva. Una operativa muy similar a la descubierta recientemente en otros municipios catalanes.
Los miembros del grupo tenían los roles bien repartidos. Los primeros en actuar elegían un inmueble de un municipio del Maresme. Los siguientes se acercaba hasta las oficinas del Registro de la Propiedad y solicitaban los datos del inmueble, un trámite para el que no se necesita presentar ningún tipo de documentación. Con esa información del registro elaboraban un contrato falso de alquiler del piso, usurpando la identidad del propietario. Un contrato de alquiler para el que utilizaban el membrete, la firma y los datos oficiales de una agencia inmobiliaria ajena a la estafa. También adjuntaban justificantes bancarios vinculados a cuentas que no correspondían a las del verdadero titular.
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Con el contrato de alquiler en la mano, otro miembro del grupo acudía al Ayuntamiento y realizaba el trámite de empadronamiento. Y a partir de ese primer registro iniciaban el proceso de empadronamiento de personas que pagaban hasta 800 euros por un documento que les permitía después el acceso a distintos recursos de la administración. No ponían límite en el número de personas empadronadas en una misma dirección. Trataban de espaciar la operación en el tiempo y en diferentes ayuntamientos del Maresme para así no levantar sospechas, aunque el nombre y los datos de la inmobiliaria se repetían siempre.
Los diez detenidos pasarán hoy a disposición del titular del juzgado de instrucción 3 de Mataró.
Varios ayuntamientos catalanes ya han impuesto medidas para terminar con las mafias de los falsos empadronamientos. En octubre, Sant Cugat del Vallès anunció el endurecimiento de las condiciones de acceso después de destaparse en verano un fraude con más de 320 contratos falsos de alquiler que buscaban el empadronamiento.
