Todo empezó con un anónimo fechado a finales del 2024. Un escueto mensaje que incluía varias imágenes de cabezas de ciervo y corzo amontonadas en el interior de una especie de cobertizo que el interlocutor no identificaba ni ubicaba. El denunciante se limitaba a alertar de la práctica de furtivismo en el Pallars Sobirà.
La notificación llegó a los agentes rurales de la Generalitat, que tras unas primeras diligencias elaboraron un informe que entregaron al juzgado, concretamente al número 1 de instrucción de Tremp. El magistrado decidió entonces seguir adelante con la causa y encargó a los Mossos d’Esquadra, a la División de Medio Ambiente, la investigación y que trataran de identificar a los responsables de aquella matanza que por las imágenes quedaba claro que era ilegal.
Tras medio año de investigación, el pasado 24 de febrero, los Mossos identificaron a dos cazadores, José Carlos R. M. y Miguel Ll. P. que quedaron investigados por un delito contra la fauna. Mediante seguimientos lograron ubicar el cobertizo en el que escondían 13 cabezas de ciervo, 34 cabezas de corzo y cinco cabezas de íbice. Estos dos cazadores ilegales no son, ni por asomo, los primeros furtivos denunciados en Catalunya, pero sí los primeros en ser identificados en el marco de una investigación policial judicializada contra esta práctica que tiene una gran afectación en la fauna y flora del territorio catalán. Una actividad que, por poner en contexto, en el 2023 supuso la tramitación de 195 denuncias por parte de los agentes rurales, y en concreto de su grupo especializado de venenos y contra el furtivismo. Todos ellos fueron cazados infraganti. Este caso que nos ocupa implicó una investigación judicial con todas las herramientas que están a disposición de los policías, análisis documental, recogida de declaraciones de testimonios y seguimientos a los sospechosos para dar con el escondite y tratar de saber cuál era el fin de las piezas que cazaban ilegalmente en Catalunya. Solo se pudo comprobar la venta no reglada de un animal cazado, en este caso de un jabalí.
Investigación de los Mossos d’Esquadra contra la caza furtiva en Catalunya
LV
Los policías recuperaron cabezas de ciervo, corzo e íbice escondidos en un viejo cobertizo
El cobertizo estaba literalmente en medio del monte en la población de Llagunes.
Los policías accedieron al almacén el 24 de febrero. Se presentaba como un espacio para utensilios para la caza y el campo, sin que destacaran elementos sospechosos. Hasta que uno de los mossos movió la cementera que había colocada junto a una de las paredes y que escondía un pequeño acceso a una segunda estancia donde guardaban el botín de caza ilegal. Allí estaban amontonadas las cabezas de las capturas prohibidas. En los registros, los investigadores localizaron e intervinieron también seis rifles y cinco visores de alta gama.
Los Mossos solicitaron la documentación oficial de las piezas abatidas y solo uno de los investigados, Miquel Ll. P., pudo justificar la caza legal de un corzo. El resto de los animales carecía de autorización para su captura, como se comprobó en el Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en Lleida.
La policía interrogó a dos cazadores acusados por un juez de Tremp de un delito contra la fauna
Tanto el cobertizo como las piezas abatidas corresponden a la denominada zona de caza controlada de los municipios de Sort, Soriguera, Rialp y Tornafort, en la comarca del Pallars Sobirà.
Las zonas de caza controlada se delimitan sobre terrenos de aprovechamiento común, donde existen unas superficies de reconocido interés natural en las que se debe regular la conservación y garantizar una explotación ordenada de los recursos cinegéticos. Es responsabilidad de la Dirección General de Bosques y Gestión del Medio la declaración de una zona de caza controlada por una duración de un mínimo de nueve años para la caza mayor, y de seis años para la caza menor. También es responsable de elaborar un plan de aprovechamiento de cada una de las zonas, que se realiza juntamente con las sociedades de cazadores inscritas en los municipios de cada zona.
Investigación de los Mossos d’Esquadra contra la caza furtiva en Catalunya
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Actualmente en Catalunya hay declaradas 20 zonas de caza controlada, con una superficie de algo más de 118.000 hectáreas.
Cada animal abatido legalmente requiere un seguimiento documental que incluye el traslado de la pieza a los denominados espacios de manipulación de la carne de caza, que están autorizados por la Conselleria de Salut, y donde existe un control veterinario que determina si la carne es apta para el consumo humano, así como su trazabilidad
La captura de ciervos y corzos en una zona de caza controlada está tipificada como un delito de furtivismo, en el artículo 335.2 del Código Penal. Se considera furtivismo “cazar especies cinegéticas en terrenos públicos o privados ajenos sometidos a régimen cinegético especial, sin permiso del titular”. El Tribunal Supremo ha confirmado que, aunque no se llegue a abatir al animal, basta con la actividad de acecho para subsumir el hecho en este tipo penal.
Las penas que acarrean estas prácticas ilegales van desde una multa de cuatro a ocho meses, a multas de entre seis meses y dos años, cuando existe el agravante de daños al patrimonio cinegético, lo que para muchos resulta ridículo y con escasa capacidad de persuasión para los infractores.
