Después de casi tres semanas de clausura y protestas, este lunes reabrió La Salada, la feria de ropa ilegal más grande de América Latina que ocupa 18 hectáreas en Lomas de Zamora y da trabajo a más de 30.000 feriantes con 8.000 puestos repartidos en tres predios: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
Solo reabrieron los dos últimos con sus dueños presos o prófugos, y bajo estricto control judicial, que incluye una serie de requisitos que fijó el juez Luis Armella.
Con alquileres de espacios 2×2 que rondan los $ 2 millones mensuales y micros de larga distancia que llegan a diario al polo textil con compradores mayoristas de distintas partes de la Argentina y países vecinos, según información judicial, en los últimos cuatro años La Salada movió más de $ 30.000 millones con venta de ropa, en un 70% falsificada e importada, y todo tipo de objetos, especialmente los miércoles, el día más fuerte.
La suma corresponde al dinero formal que se operó en solo tres cuentas. No hay dimensión de cuánto representa el negocio informal, que significa la mayoría de las transacciones, ya que se abonan en efectivo y sin entregar ticket. Por eso, la Justicia ahora exigió que los pagos se hagan con tarjeta como parte del proceso de formalización que encara, aunque hasta esta mañana admitían que aún predomina el pago en efectivo y sin comprobante.
A ello se suma el entramado comercial que se genera alrededor de la feria con stands aledaños, vendedores ambulantes, carreros que trasladan bolsones de mercadería, cuidacoches y otros rebusques en las inmediaciones a los tours de compra.
De fondo, subyace la complejidad que implican la informalidad laboral y los precios más caros de la indumentaria en el mercado legal comparado a otros países.
Los patrimonios de los dueños de La Salada
Punta Mogote S.C.A. fue el último predio que se creó. Con 3.000 puestos, tiene como uno de los accionistas al “Rey de la Salada”, Jorge Omar Castillo, que construyó un imperio. Cayó preso y está acusado de lavado de dinero con 25 empresas constituidas en la Argentina y Panamá, y evasión de impuestos por asociación ilícita junto a su esposa y su suegra, que quedaron imputadas.
Según se desprende del expediente judicial, la explotación de Punta Mogote generó depósitos en efectivo en sus cuentas por $ 26.827.043.210 entre 2021 y 2025. “En los procedimientos del 22 de mayo, se incautaron millones de dólares y pesos, aunque su participación en las sociedades se remontaba a mucho antes. Desde entonces, habían obtenido sumas millonarias ilícitas”, describe el documento de la causa.
Carreros que trasladan bolsones integran el entramado de La Salada. Foto: Maxi Failla Según el mismo, se identificaron también 37 inmuebles, 132 vehículos y un barco. Y detalla que solo Castillo y su pareja poseían 18 propiedades, 17 vehículos y una embarcación. En tanto, su hijo, de 19 años, recibió $ 749.558.552,52 en su cuenta bancaria y era titular de seis autos.
Además, la familia Castillo gastó alrededor de US$ 84.562 en un viaje entre el 27 de diciembre y el 20 de enero a Dubai y Malé, la capital de las islas Maldivas, y planeaban otro a Cancún, México, para las vacaciones de invierno, en un hotel cinco estrellas en el que la noche no baja de US$ 500.
Por otro lado, Enrique “Quique” Antequera, prófugo hasta la fecha, lideraba la organización Urkupita S.A. con su hermano, César Antequera, y Edwin Saravia, formando una asociación ilícita para explotar el mercado Urkupiña, de acuerdo a las escuchas telefónicas de la Policía Federal. Fundado por la comunidad boliviana, es el predio más grande y antiguo, con 4.000 puestos.
En este caso, según recabó la Justicia, se realizaron depósitos en efectivo y transferencias por $ 10.435.664.919,50 en las cuentas de Urkupiña. “Obtenían beneficios ilícitos gestionando el predio, vendiendo servicios y alquilando puestos a terceros con productos falsificados sin facturación”, detalla el expediente.
Enrique Antequera lideraba la organización Urkupita. Foto: Matías Martin Campaya “Antequera y sus socios depositaban elevadas sumas en efectivo en sus cuentas. Antequera utilizaba un socio con un local de baterías que operaba una financiera oculta para contabilizar y aplicar el dinero no declarado”, agrega el expediente, y apunta que en ese local se incautaron cinco máquinas de contar dinero.
También legitimaban ganancias ilícitas con sociedades pantalla. La organización conformada por varios imputados más poseía 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades, seis de ellas pertenecientes a Antequera, quien usaba testaferros para evitar registrarlas a su nombre, señala el documento.
En tanto, Ocean funciona bajo la figura de cooperativa con 1.000 puestos. La sociedad Unifap registró en una cuenta bancaria depósitos por $ 450 millones entre enero de 2023 y junio de 2024.
SN
