Por Steven Grattan con AP
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el jueves una opinión consultiva histórica que vincula las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos con su responsabilidad de hacer frente a la amenaza del cambio climático.
Se espera que esta decisión influya en las políticas y los litigios de toda América Latina y el Caribe. La opinión es la primera de este tipo emitida por el principal tribunal de derechos humanos de la región y responde a una solicitud presentada en 2023 por Colombia y Chile.
En él se afirma que, en virtud del derecho internacional, los Estados tienen el deber de prevenir, mitigar y reparar los daños ambientales que amenacen los derechos humanos, incluso mediante leyes, políticas y acciones encaminadas a frenar el cambio climático.
Estamos en una emergencia climática
El tribunal esbozó una serie de normas jurídicas, entre ellas el reconocimiento de un derecho humano a un clima sano, la obligación de prevenir daños ambientales masivos e irreversibles, así como el deber de proteger los derechos de las generaciones actuales y futuras.
«El Tribunal ha declarado que nos encontramos en una emergencia climática que está socavando los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras y que los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier respuesta eficaz», declaró a The Associated Press Nikki Reisch, directora de programas del Centro de Derecho Ambiental Internacional Clima y Energía.
El dictamen afirma que los países tienen el deber legal no sólo de evitar daños medioambientales, sino también de proteger y restaurar los ecosistemas, guiándose por la ciencia y los conocimientos indígenas.
«Se trata de un dictamen histórico», afirmó Reisch. «No es sólo un hito jurídico, es un plan de acción. Esta opinión guiará los litigios climáticos en los tribunales locales, regionales y nacionales, y proporcionará una base para la formulación de políticas climáticas, fundamentando la legislación local y las negociaciones globales en la obligación legal, no sólo en las Américas sino en todo el mundo.»
Las conclusiones del Tribunal podrían reforzar las demandas climáticas
Aunque no son vinculantes, las opiniones del Tribunal tienen peso jurídico en muchos países miembros de la Organización de Estados Americanos y a menudo influyen en la legislación nacional, las sentencias judiciales y la defensa internacional.
Se espera que las conclusiones del Tribunal refuercen las demandas relacionadas con el clima y las reclamaciones de derechos humanos en la región, y que influyan en las negociaciones previas a la COP30, la próxima gran cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima, que se celebrará en noviembre en Belem (Brasil).
«Los Estados no sólo deben abstenerse de causar daños medioambientales significativos, sino que tienen la obligación positiva de tomar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas», declaró la Presidenta del Tribunal, la Jueza Nancy Hernández López.
«Causar un daño ambiental masivo e irreversible… altera las condiciones para una vida sana en la Tierra a tal grado que genera consecuencias de proporciones existenciales. Por lo tanto, exige respuestas jurídicas universales y eficaces», afirmó López.
Creciente impulso indígena a favor de la justicia climática
El dictamen llega en medio de un creciente impulso indígena en la región, incluida una cumbre celebrada el mes pasado en la Amazonia ecuatoriana, donde cientos de líderes indígenas se reunieron para exigir el cumplimiento de las sentencias judiciales que reconocen sus derechos territoriales y medioambientales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, es el máximo tribunal de la región encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sus sentencias, aunque a menudo cuestionadas por su débil aplicación, han desempeñado un papel clave en la promoción de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente en toda América Latina.
En los últimos años, el Tribunal ha condenado a gobiernos por autorizar proyectos mineros en tierras indígenas sin la debida consulta, y los defensores del medio ambiente han recurrido cada vez más a él como foro para la rendición de cuentas en relación con el clima.
El dictamen consultivo se basa en la sentencia consultiva de la Corte de 2017 que reconoció el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano independiente, profundizando su aplicación en el contexto de la ruptura climática.
