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La Patagonia mantiene a viva voz su rechazo a la flexibilización de la barrera sanitaria. Productores y entidades alertan sobre riesgos para la ganadería regional
Un amplio espectro de instituciones y productores de la Patagonia emitieron un documento conjunto para manifestar, una vez más, su rechazo a las resoluciones 180/25 y 186/25 del SENASA, que pretenden flexibilizar la barrera sanitaria en el Río Colorado. En su escrito, reiteraron el enorme riesgo que conlleva la intención del Gobierno nacional de integrar zonas con distintos estatus sanitarios (con y sin vacunación contra la aftosa), lo que podría afectar la sanidad de la región y la exportación de productos cárnicos.
Además de la firma de las cinco Federaciones que nuclean a toda las entidades rurales de las cinco provincias. En el documento se observa, entre otros, la adhesión de los gobiernos de Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además de la Legislatura de Tierra del Fuego, de la Legislatura de Río Negro y de la Municipalidad de Patagones. También se sumaron distintas empresas frigoríficas de la región.
Defensa del status sanitario
En el documento se destaca que la Patagonia, libre de aftosa sin vacunación, ha logrado reconocimiento comercial y una sólida base productiva. La flexibilización de la barrera, según advierten, podría poner en peligro este estatus, generar costos innecesarios, y aumentar el riesgo de enfermedades. Además, cuestionan el argumento del alto precio de la carne como justificación, señalando que otros factores, como los costos de transporte, influyen en el valor final.
“Está en juego una decisión de Estado que puede significar un durísimo e irreparable golpe a la producción primaria patagónica”
“Los productores patagónicos aguardamos con natural impaciencia la derogación de la resolución 180/25 y nos ponemos a disposición para aportar y colaborar en un renovado programa de lucha contra la fiebre aftosa que integre a todo el país en un único estatus sanitario superador”, marca uno de los párrafos clave del escrito.
Remarcan que “está en juego una decisión de Estado que puede significar un durísimo e irreparable golpe a la producción primaria patagónica”. Remarcan que “el sentido común indica que la barrera debiera ir incorporando y ampliando zonas sin vacunación y no como en este caso, que nada se modifica y solo flexibiliza hacia zonas libres que nunca vacunaron”.
Se resalta que la Patagonia “abarca un tercio de la superficie total del país, con el 4 % de los productores agropecuarios registrados y el 5 % de la población nacional, constituyendo la ganadería una de las pocas actividades productivas con fuerte arraigo y permanencia en el interior patagónico profundo. Un cambio de las condiciones comerciales podría significar el abandono de los campos, con la gravedad que ello implica en el ejercicio real de la soberanía en un territorio tan importante”.
Impacto en los mercados
El gobierno nacional remitió la resolución a la Unión Europea y a Chile, y quedó “abierto a consultas”. Lo que no queda claro es el tiempo de espera, que considerarán las autoridades para recibir esas consultas u objeciones. Hasta el momento el compromiso de esperar la respuesta ese es el único que habrían logrado las entidades de parte de la Secretaría de Agricultura. Pero al no haber sido elevada como un requerimiento de opinión expresa, el tiempo de respuesta de la UE o de Chile podría no ser el que pretende la Nación.
Por lo tanto, queda abierta la posibilidad de que, si en 15 días (fecha en la que vence la suspensión) no hay una respuesta o no aparecen objeciones de parte de los “clientes” de las carnes patagónicas, el Gobierno nacional se sienta “liberado” para avanzar en aplicar la Resolución 180/2025 de flexibilización.
Por cuerda separada, los exportadores de carne ovina iniciaron consultas con sus compradores del exterior. De todos modos, en el documento que emitieron entidades y provincias, se hizo notar a las autoridades que “importantes países compradores han manifestado en el pasado su reticencia a comprar en mercados en donde se vacuna. En el presente, esto pondría en riesgo toda la incipiente exportación de bovinos y la histórica y sumamente importante exportación de ovinos, única en el país, constituyendo el quiebre definitivo de las explotaciones ovinas patagónicas”.
Objetivo incierto
La Resolución 180/2025, por ahora suspendida, tiene como justificativo fomentar una baja de precios, ante el elevado precio de venta al público de la carne en la Patagonia. Pero los productores alertan que en esa afirmación se pretende “olvidar no sólo que nos encontramos en una zona desfavorable (lo que supone un costo extra del 20 al 40 %, dependiendo los convenios colectivos), sino también la incidencia de los fletes que encarecen TODOS los productos, no solo los cárnicos, en toda la región”.
Agregan que es importante recordar que “desde siempre ingresa carne sin hueso a la región en el orden del 60/70 % del total consumido y que, aún proviniendo del norte de la barrera, se comercializa a igual precio que la de producción local, situación elocuente que demuestra que no es un problema de oferta, sino que el mayor precio obedece a otras múltiples cuestiones”
Por esta razón el sector productivo patagónico instó a las autoridades nacionales a reconsiderar la medida, priorizando un enfoque integral de lucha contra la aftosa a nivel nacional que promueva un estatus sanitario único y superador: Argentina libre de aftosa sin vacunación. De esta manera, aseguran, “se podrá avanzar en el desarrollo de la ganadería y la exportación, sin poner en riesgo los logros alcanzados en la región”.
Alternativas
La Opinión Austral pudo saber que, hasta el momento, no han existido contactos oficiales que anticipen una respuesta tranquilizadora al reclamo de las provincias y los productores.
Este lunes, en la Sociedad Rural de Río Gallegos, los productores de la zona se reunirán para analizar el escenario actual y las distintas alternativas que se pueden establecer.
Una de ellas es avanzar con barreras sanitarias provinciales, bajo la potestad federal que tiene la jurisdicción. Emulando a la barrera que existe en Mendoza. En dicha provincia la medida sanitaria, pensada para proteger los cultivos frutales, es provincial y depende del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen).
Una opción es que cada provincia aplique su propia barrera. Pero teniendo en cuenta de que las provincias patagónicas son las que financian, en gran medida, la barrera sanitaria ubicada al sur del Río Colorado, otra opción sería que las provincias de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, firmen un acuerdo para imponer una única barrera sanitaria propia, que funcione en paralelo a la existente en la actualidad.
