Veamos los números fiscales de 2024, que todavía pueden registrar alguna modificación leve en un sentido o en otro, lo mismo que puede suceder con la estimación del PIB, que juega como denominador en la ratio entre el déficit y el PIB.
Mi primera actitud ante esos números fue la de buscar “cosas raras”, dado que, en las semanas anteriores, desde el gobierno electo, se había advertido la posibilidad de que se hubieran registrado adelantos impositivos de las empresas estatales desde 2025 hacia 2024, lo mismo que se hubieran “pisado” algunos pagos de la Tesorería.
Y, según los números disponibles y el análisis realizado, no encontré nada especial a ser destacado en ese sentido, en particular en el mes de diciembre.
La necesidad de ver los números con esos cuidados venía al caso, por lo que decían funcionarios del gobierno electo y también, cabe destacarlo, porque al cierre de 2022 se había dado un movimiento “curioso” en estos números, que por su oportunidad terminaría incidiendo en las cifras de 2022 y 2023.
Nada extraño hay en las cifras de la deuda flotante de la Tesorería, que cerró el año en una magnitud muy parecida a las de 2019 y 2023 (sí hubo una cierta “inflación” de estos números en el transcurso de 2024, que luego se revirtió). Si esa serie tiene errores u omisiones sistemáticos o puntuales, no puedo saberlo.
Foto: Archivo El País
Tampoco hubo nada especial en los datos de diciembre de las empresas estatales, en las que hubo a lo largo del año un aumento de los dividendos vertidos al Gobierno Central por 0,2% del PIB, lo que de todos modos sería un juego de suma cero. Pero sí hubo una versión extraordinaria de aportes del BROU y otros organismos en 2024, que superó en 0,3% del PIB a los de 2019. Y esto sí suma.
Dicho esto, vayamos a lo importante. El resultado fiscal del año pasado fue de 4,1% del PIB. Ese número merece dos comparaciones. Una, con el del cierre del período de gobierno que lo precedió: en 2019 el déficit fue de 4,4% del PIB, por lo que hubo una modesta mejoría (que se anula si se considera lo referido al BROU y otros). Dos, con el objetivo que se planteó este gobierno en su “hoja de ruta”, el Presupuesto quinquenal, cuyo escenario macro fue publicado el 31 de agosto de 2020, cuando la crisis sanitaria ya estaba en pleno desarrollo.
Ese objetivo fue de 2,5% del PIB, sobre un PIB que luego se ajustó hacia arriba en 9%, por lo que, ajustado por este factor, era en realidad de 2,2% del PIB. Por lo tanto, en esta comparación queda en evidencia un contundente incumplimiento de la meta.
Viene al caso destacar que aquel presupuesto se hizo con una inflación de 3,7% en 2024, la que terminó en 5,5%, por lo que, para justificar los desvíos, no vale alegar que la menor inflación erosionó los ingresos fiscales.
¿Qué pasó con los ingresos? Los ingresos del sector público no financiero (SPNF) subieron entre 2019 y 2024 en 1,7% del PIB, destacándose aumentos de 0,6% del PIB tanto en la DGI como en el BPS. ¿Y los egresos? Los egresos primarios (antes de intereses) del SPNF subieron en 1% del PIB, 0,6 puntos las pasividades y 0,4 puntos las transferencias. Mientras tanto, los intereses subieron en medio punto del PIB, con 0,4 puntos debidos al BCU y sus LRM.
Vale destacar que la inversión en el sector público pasó de 2,3% del PIB en 2019 a 2,1% del PIB en 2024. Y esto llama la atención porque el despliegue formidable de la inversión en infraestructura que se dio en este período no se ve reflejado en esos números, sino que están por fuera del “perímetro” de las finanzas públicas que seguimos mes a mes (vía CND y CVU). Esto ya ocurría en 2019, pero parece evidente que su magnitud es ahora considerablemente mayor.
Foto: Estefania Leal
El déficit medido por fuentes de financiamiento (por debajo de la línea) ha estado desde 2023 por encima del base caja, por lo que estaría captando algo de lo anterior. Esperemos dos meses para conocer el de todo 2024.
Algunas reflexiones a partir de la información analizada.
El gobierno saliente llegó con la convicción de que no sería necesario subir los impuestos para cumplir con sus metas fiscales. Dijo que haría un ajuste del gasto de casi mil millones de dólares para lograr ese propósito. Para que ello ocurriera, dicho ajuste debía ser permanente. Lo hizo al principio (es difícil saber su magnitud dado que fue concomitante con el mayor gasto por la crisis sanitaria) y se basó principalmente en reducir salarios y pasividades en términos reales. Pero al mismo tiempo que lo hacía, anunciaba que sería transitorio y reversible, por el compromiso de recuperar esas variables al cabo del quinquenio.
Efectivamente, ese ajuste fue transitorio y no permanente y, en vez de bajar un punto del PIB, el gasto terminó subiendo en igual magnitud. De haberse ajustado de manera permanente, se habría alcanzado el objetivo fiscal del presupuesto.
En el caso de los impuestos, las medidas que los involucraron produjeron una mínima baja de recaudación, del orden de 0,1% del PIB. Hubo un leve aumento al inicio, al reducirse los descuentos en el IVA por el uso de tarjetas y hubo una pequeña reducción a mediados del período en el IRPF, el IASS y otros.
También quiero destacar, porque me involucra, que el gobierno “celebró la victoria antes de tiempo” en materia fiscal. Cuando el déficit bajaba (bajó considerablemente, excluyendo el “efecto COVID”, hasta septiembre de 2022, la mitad exacta del período) el gobierno se jactaba de haber hecho el ajuste sin subir los impuestos, en alusión a lo que algunos economistas señalábamos en 2019.
Pero los partidos tienen 90 minutos y el resultado no se cierra en el primer tiempo. Los economistas que señalábamos que, en Uruguay, para bajar el déficit fiscal de manera permanente es imprescindible subir los impuestos no nos equivocamos, lamentablemente. Y esto no cambió en este período aun cuando se diseñó una regla fiscal y su institucionalidad, que no impidieron que se diera lo de siempre: ajustes en la primera mitad y desajustes en la segunda. Como Penélope.
