Barcelona
Los dueños de las licencias de coches de alquiler con conductor también conocidos como VTC informan de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya admitió a trámite la denuncia que interpusieron contra España por someterles a un régimen sancionador que consideran abusivo. “Se trata de un hecho extraordinario y supone que el TEDH considera que los hechos alegados merecen un examen”.
Fuentes de Unauto VTC Catalunya, la principal patronal del sector por estas latitudes, también detallan que únicamente en lo que llevamos de año el Institut Metropolità del Taxi (Imet) ordenó hasta 1.779 inmovilizaciones de vehículos VTC, una cifra que triplica la registrada en el año 2023, y que para recuperarlos tuvieron que pagar más de siete millones de euros. Los propietarios de las licencias advierten que reclamarán indemnizaciones.
La cuestión es que los coches de alquiler con conductor requieren de una autorización especial para prestar sus servicios dentro del área metropolitana de Barcelona, un permiso que presenta diversos requisitos, como que la longitud del vehículo sea de al menos 4,90 metros.
Y la verdad es que buena parte de los vehículos con licencias VTC que circulan por las calles de Barcelona carecen de este doble permiso, extremo que se pena con la inmovilización del vehículo hasta que se pague una multa de 4.001 euros. Precisamente esta semana la Guardia Urbana desplegó en la capital catalana unos cuantos controles de estos coches, y los taxistas hicieron circular por las redes sociales muchas fotografías de la grúa municipal en plena acción.
“Sí -reponen las fuentes de Unauto VTC Catalunya-, el 90% de las inmovilizaciones se producen por carecer de la licencia de la Àrea Metropolitana de Barcelona para prestar servicios urbanos, licencias que como vienen indicando los tribunales, fueron denegadas de forma incorrecta, en base a un requisito anulado por la justicia”. Esta patronal exige “el fin inmediato de las inmovilizaciones automáticas y la revisión urgente del marco sancionador”.
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Unauto VTC Catalunya ya escribió a Laia Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidenta del Imet, para informarle de la decisión del TEDH y solicitar una reunión urgente.
