Minutos después de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, Luiz Inácio Lula da Silva se dirigió sin escalas al barrio porteño de Constitución, más precisamente a San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por una condena de corrupción confirmada semanas atrás por la Corte Suprema. La visita fue su primera acción pública tras recibir el liderazgo del bloque regional.
La presidencia del Mercosur fue entregada por el presidente, Javier Milei, con quien el mandatario no mantuvo ningún encuentro bilateral. En cambio, prefirió abrazar a una dirigente que hoy está judicialmente inhabilitada.
Me alegró tanto volver a verla y encontrarla tan bien, fuerte y luchadora”, escribió Lula en sus redes luego del encuentro. “Le deseo toda la fuerza para seguir luchando con la misma firmeza que ha sido la marca de su camino en la vida y en la política.
El mensaje fue doble: por un lado, una clara muestra de solidaridad personal; por otro, una señal política al interior de la región, que pone en agenda la discusión del rol de los sistemas judiciales en América Latina.
En ese marco, cobra relevancia un término que no fue elegido al azar: lawfare. Se trata del uso del poder judicial, también de los medios de comunicación, como herramienta de persecución política.
En Argentina, Cristina viene denunciando esta estrategia desde 2016. En Brasil, la propia Corte Suprema reconoció que el proceso contra Lula estuvo viciado por parcialidad judicial, al anular en 2021 la causa por la que pasó 580 días en prisión.
Ambos líderes fueron condenados en contextos donde su presencia en el proceso electoral ponía en riesgo a los sectores más conservadores. En los dos casos, las condenas llegaron cuando anunciaban intenciones electorales y en medio de operaciones judiciales aceleradas. En Brasil, Lula fue proscripto y preso. En Argentina, Cristina fue inhabilitada e inmediatamente puesta bajo arresto domiciliario.
Que Lula haya elegido visitar a Cristina no fue un acto de cortesía, sino de posicionamiento, con la intención de dejar en claro de qué lado está, en un mapa regional donde la derecha sigue operando con la complicidad del poder judicial como arma de disciplinamiento político.
Fraternidad y mensaje internacional
“Lula pasó eso en la piel. Fue muy similar todo: el proceso, la forma ágil, cómo sucedió”, destaca Dani Santana, co‑coordinadora del Partido de los Trabajadores (PT) en Argentina. Su comparación entre Brasil y Argentina no deja lugar a dudas.
“En Brasil, él era el único que podía ganar las elecciones, y lo metieron preso. Acá, la semana que Cristina dijo que se iba a postular, la proscribieron, la condenaron, la pusieron en la cárcel”.
La analogía se sostiene en las coincidencias procesales: en 2018, Lula fue condenado en el caso del tríplex de Guarujá, un departamento que, según la fiscalía, la constructora OAS, lo ofreció como soborno. En 2021, el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló esa condena al detectar parcialidad del juez Sérgio Moro, quien fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 en la causa Vialidad, por supuesta administración fraudulenta en la obra pública. La sentencia fue ratificada el 10 de junio por la Corte Suprema, sin que se habilitara una audiencia pública completa, y con fundamentos cuestionados por juristas nacionales e internacionales. Organizaciones como CELAG, CELS o el Grupo de Puebla han denunciado un patrón de lawfare en ambos caso.
Para Santana, la reciente visita de Lula a Cristina en Constitución no fue solo un gesto de afecto, fue una advertencia:
“Muy poco en la región se habla de lo que está pasando con Cristina. Lula vino a dar un recado claro: hay que regionalizar e internacionalizar esta causa”.
Desde el PT, consideran que la movilización internacional como ocurrió con el “Lula Livre”, es clave para disputar el sentido jurídico y político de estas causas. La experiencia brasileña actúa como espejo y advertencia.
“No hay que bajar los brazos. Cuando la derecha vuelve, vuelve peor. Lo vivimos en Brasil con Temer, con Bolsonaro. Y acá, de Macri a Milei. La unidad latinoamericana, entre pueblos hermanos, no solo es necesaria, es urgente. ¿Cómo puede ser que quienes deciden nuestro destino no sean elegidos por el pueblo? Es un poder de pocos, de una élite”, se pregunta.
Santana cuestiona el poder judicial como un actor desbalanceado en la democracia. Así, Lula no solo respaldó a Cristina en lo personal. Su presencia fue también un acto político y un mensaje de solidaridad transnacional.
Herencia, calle y disputa
Bajo los mandatos de Lula, 29 millones de personas salieron de la pobreza, según el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE); 50 millones accedieron a ingresos básicos con el programa Bolsa Familia; y más de 2 millones de jóvenes, muchos de ellos hijos de trabajadores informales, llegaron por primera vez a la universidad pública o becada con Programa Universidade para Todos (ProUni). Gracias a Fome Zero (Hambre Cero) Brasil fue retirado del Mapa del Hambre de la FAO en 2014.
Esa transformación social no se olvida, pero tampoco se perdona: “Pudimos ir a las universidades. Sacó al pueblo del hambre”. Esa memoria, que Santana comparte como vivencia directa, no remite al pasado con nostalgia, sino con conciencia política. Lo que fue posible está otra vez en disputa, porque lo que se juzga no son delitos, sino modelos de representatividad.
No es solo una defensa de Cristina, ni un simple acompañamiento a Lula: “es la reafirmación de que la legitimidad popular no pasa por los tribunales, la historia compartida de luchas y conquistas, por el desafío de poner al pueblo por encima de los poderosos”, continúa.
No lo dice como espectadora, sino como militante. Sabe que los gestos no son neutros, y que, en una región marcada por golpes blandos, persecuciones judiciales y proscripciones, abrazar a una exmandataria inhabilitada, es también una forma de resistencia política. Una lectura común de los procesos que atraviesan Brasil, Argentina y buena parte de América Latina.
Los proyectos que ampliaron derechos garantizaron pan, salud, universidad y vivienda. En la actualidad están sitiados, no vencidos. Y por eso, deben ser defendidos por sobre los nombres y la persecución.
“Así como en nuestro país, hoy en Argentina se transmite un mensaje clarísimo: no pasarán”, sentencio la militante.
