Tras años de titubeos y retrasos, en un contexto de pérdida de habitantes en las comarcas alejadas de Barcelona y dependientes principalmente del sector primario, hoy el Parlament de Catalunya dio luz verde a la ley del Estatut de Municipis Rurals. La Associació de Micropobles y Eines de Repoblament Rural, entre otras entidades, han batallado en los últimos tiempos para disponer de un marco legal que favorezca a las localidades pequeñas, que sufren un crónico déficit de recursos. En total, la norma establece medidas encaminadas a fomentar una suerte de discriminación positiva en 608 poblaciones de hasta 2.000 habitantes de comarcas rurales, aquellas en las que al menos el 15% de sus empadronados residen en municipios con menos de 150 vecinos por km2.
De estos 608 municipios, 381 que no llegan a los 500 habitantes son considerados de “especial atención”.
Ahora, el Govern debe analizar el texto validado hoy, con el voto favorable de todos los partidos excepto Vox, y concretar calendario y recursos para su despliegue. “Es un día de celebración, pero tras la aprobación es necesario presentar un calendario de ejecución y tener dotación presupuestaria. No podemos permitir que el estatuto quede aparcado en un cajón como ha pasado con otras leyes”, ha dicho Joan Solà, president de Micropobles.
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Para Solà lo más relevante del estatuto es que, “por primera vez”, se reconoce que la Catalunya rural merece un trato diferente para poder subsistir. “Tenemos un paraguas que nos protegerá, lo que no debe entenderse como un privilegio, es un hecho de justicia para conseguir la equidad territorial que siempre hemos reclamado”, añade.
El estatuto establece la creación de un grupo de expertos en el ámbito normativo con la misión de elaborar un informe sobre “los impactos reales y potenciales” de la legislación vigente “en las perspectivas de desarrollo, crecimiento, ocupación, bienestar social y calidad ambiental” de estos municipios. Asimismo, debe concretar pautas para determinar cómo afectan futuras leyes al ámbito rural.
Micropobles celebra la aprobación y pide al Govern un calendario y recursos para desarrollar el estatuto
Mejorar la financiación de los ayuntamientos, reducir la carga burocrática a la que se ven sometidos, establecer beneficios fiscales para los ciudadanos que se trasladen a estos municipios y adaptar la normativa urbanística para facilitar la creación de más viviendas son puntos fuertes del estatuto. Se trata de cambiar la mirada hacia la Catalunya rural, hacia comarcas que representan el 85% del territorio, pero en las que solo reside el 25% de la población. Una minoría crucial para mantener el paisaje y detener el abandono del campo. Sin agricultura ni ganadería el riesgo de incendio se multiplica.
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La ley fija que en un plazo de tres meses se cree una comisión de trabajo para proponer medidas “de adaptación de la normativa urbanística a la realidad, a las necesidades y a la capacidad de actuación” de estas localidades. En concreto deben proponerse nuevos modelos de gestión urbanística para núcleos con poca población y en recesión. De esta manera se espera que se atienda la demanda de los alcaldes de flexibilizar la normativa para poder habilitar viviendas en diferentes tipos de suelo.
El estatuto contempla ventajas fiscales para los ciudadanos de 18 a 35 años de edad o que tengan hijos a cargo menores de 16 años que trasladen su residencia habitual a alguno de los 608 municipios. El importe de la deducción en la cuota autonómica del IRPF será de entre 750 y 2.000 euros. También se han fijado rebajas para la adquisición de la vivienda principal, siempre que los compradores tengan hijos escolarizados en la zona, además de cumplir otros requisitos.
El tema de la financiación se prevé resolver con la creación de un fondo específico para estos municipios consistente en una asignación de carácter incondicionado y otro destinado a inversiones en función de su superficie, del número de núcleos diseminados, de su tasa de envejecimiento y de la pérdida de habitantes.
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La carga burocrática a la que se ven sometidos ayuntamientos con escasísimo personal se reducirá con la creación de un portal electrónico único, que integrará todos los trámites, servicios e informaciones que afecten a dichas localidades.
Se prevén ventajas fiscales para los ciudadanos que trasladen su residencia a estas localidades
El estatuto es el primer proyecto de ley que el Govern de Salvador Illa envió al Parlament en el inicio de la actual legislatura.
Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages, albergará el próximo 15 de noviembre una jornada para avanzar en el arranque de las medidas contra el despoblamiento.
