Diversos sectores sociales y políticos advierten sobre una creciente persecución judicial contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien fue recientemente condenada en una de las causas que enfrenta. La decisión judicial ha generado fuerte controversia y es vista por amplios sectores populares como parte de una estrategia para impedir su eventual participación en futuros comicios presidenciales.
Mientras tanto, el expresidente Mauricio Macri, quien asumió la presidencia en 2015 con más de 200 causas judiciales abiertas en su contra, continúa realizando viajes internacionales y participando de actividades fuera del país, sin mayores obstáculos judiciales. Esta situación alimenta las sospechas de un tratamiento desigual por parte del Poder Judicial argentino.
Distintos referentes sociales sostienen que esta condena a Fernández de Kirchner no responde a una verdadera búsqueda de justicia, sino al temor que genera su figura política entre quienes impulsan un modelo económico centrado en los intereses empresariales y financieros. Desde su mirada, el peronismo encarna un proyecto de país más equitativo y popular, lo que lo convierte en un objetivo a neutralizar por quienes aspiran a mantener el control de los recursos y las decisiones económicas del país.
La reacción de numerosos sectores organizados no se ha hecho esperar. Movimientos sociales, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo a lo que consideran un intento de proscripción política. Se hace un llamado a la unidad del campo popular más allá de diferencias ideológicas para defender la democracia y rechazar los intentos de disciplinamiento político a través del aparato judicial.
