La participación de soldados indígenas en la Guerra de Malvinas sigue sin registro oficial en Argentina: entre estimaciones fragmentarias, investigaciones independientes y testimonios, emerge una historia invisibilizada que expone la ausencia del Estado en la reconstrucción de la memoria y el reconocimiento de los pueblos originarios, con un vacío particularmente marcado en Misiones y en las comunidades mbya guaraní.
Viernes 3 de abril de 2026 (Misiones Plural). La Guerra de Malvinas consolidó una narrativa uniforme sobre quiénes fueron los combatientes argentinos. Durante más de cuatro décadas, la imagen dominante fue la de un cuerpo homogéneo de soldados bajo una misma identidad nacional. Sin embargo, esa construcción dejó afuera una dimensión que sigue hoy con datos incompletos: todavía no es posible saber con precisión sobre la participación de conscriptos pertenecientes a pueblos originarios que el Estado nunca identificó como tales.
No existe, hasta el presente, un registro oficial que permita saber cuántos fueron, quiénes eran ni de qué comunidades provenían. Las estimaciones disponibles, elaboradas a partir de investigaciones académicas, archivos de organizaciones y reconstrucciones impulsadas por las propias comunidades -hay varios documentos incompletos o parciales en páginas de Internet-, oscilan entre varios cientos y más de un millar de soldados indígenas desplegados en el conflicto de 1982. La dispersión de cifras no responde a diferencias metodológicas profundas, sino a una misma limitación estructural: la ausencia de datos estatales de base.
En 1982, el sistema de conscripción no incorporaba variables de pertenencia étnica, y esa omisión no se corrigió en los años posteriores. La información que hoy circula es fragmentaria, producida fuera del aparato estatal y sostenida, en gran medida, por iniciativas individuales o comunitarias. En ese esquema, la memoria no fue organizada desde arriba, sino reconstruida de manera parcial desde abajo.
Las evidencias disponibles permiten trazar, al menos, un mapa general. La presencia de soldados indígenas está documentada en distintas regiones del país, con mayor concentración en el norte grande y la Patagonia. Jóvenes de pueblos Qom, Wichí, Moqoit, Kolla, Diaguita, Mapuche, Tehuelche y Guaraní integraron las filas del servicio militar obligatorio y fueron enviados a las islas. Provenían, en su mayoría, de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque también hay registros en el Litoral.
En Misiones, la situación presenta un nivel adicional de opacidad. La participación de conscriptos de origen guaraní aparece mencionada en relevamientos generales, pero no existe un registro documentado que identifique nombres, comunidades de pertenencia o trayectorias individuales. La categoría “guaraní” figura en algunos listados como referencia amplia, sin distinción entre parcialidades ni anclaje territorial específico, lo que impide cualquier reconstrucción precisa. En términos de documentación pública, la presencia está señalada, pero no verificada.
Ese vacío no puede explicarse únicamente por la falta de registros militares. Responde también a condiciones sociales y administrativas de la época. En 1982, muchas comunidades -en particular las mbya guaraní de Misiones- mantenían formas de organización territorial alejadas de los centros urbanos y con niveles irregulares de documentación civil, lo que pudo haber limitado tanto el ingreso formal al sistema de conscripción como la posibilidad de rastreo posterior. Además, como nación con un territorio amplio, muchos de los guaraníes, tanto de la época como los actuales, podrían vivir indistintamente y por períodos en los territorios de Argentina (Misiones), Brasil y Paraguay, la región que constituye su base territorial. Respecto al ingreso formal tanto a la conscripción como a la guerra, no hay estudios específicos que lo confirmen de manera concluyente, pero la hipótesis aparece como consistente con el contexto.
Donde sí existen avances más concretos es, particularmente, en la provincia de Chaco. El historiador qom Juan Chico desarrolló una de las investigaciones más completas sobre el tema, con trabajo de campo directo y reconstrucción de trayectorias individuales. Su trabajo permitió identificar con nombre y apellido a excombatientes indígenas y establecer un registro que, aunque limitado geográficamente, constituye una referencia central. A partir de esas investigaciones y de los relevamientos de la Fundación Napalpí, se logró documentar al menos medio centenar de casos en esa provincia. Se trata, en todos los casos, de registros no oficiales.
Otros trabajos en curso, como los del investigador del Conicet Pedro Munaretto -politólogo especializado en la temática Malvinas y pueblos originarios-, coinciden en el diagnóstico general: no hay estadísticas públicas y el campo de estudio sigue abierto, con amplias zonas sin explorar, entre ellas Misiones.
Los testimonios recogidos en esas investigaciones aportan elementos que complejizan la comprensión del conflicto. En varios casos, los soldados indígenas no tenían al castellano como lengua materna, lo que introducía dificultades concretas en la comprensión de órdenes en contextos operativos. A esa dimensión se sumaban condiciones sociales previas, marcadas por pobreza estructural, trayectorias educativas interrumpidas y escaso acceso a recursos básicos. La experiencia bélica no corrigió esas desigualdades y, en muchos casos, las profundizó.
Dentro de ese mismo registro testimonial aparecen, de manera reiterada, situaciones de maltrato y discriminación por parte de superiores o dentro de las propias filas, aspectos que durante años quedaron fuera del relato público de la guerra y que hoy forman parte de causas judiciales aún sin resolución definitiva.
Los excluidos de antes y de ahora
El problema no se limita a la reconstrucción histórica. Tiene efectos concretos en el presente. La ausencia de un padrón oficial impide dimensionar con precisión la participación indígena en el conflicto y, por lo tanto, condiciona cualquier política pública específica de reconocimiento, reparación o memoria. Sin identificación nominal y sin datos sistematizados, la inclusión queda reducida a enunciados generales sin correlato operativo.
Algunas iniciativas avanzaron en el plano simbólico, como la sanción en la provincia del Chaco de una ley que instituye una fecha de conmemoración para los veteranos y caídos indígenas de Malvinas. Sin embargo, se trata de medidas parciales, circunscriptas a jurisdicciones específicas y sin capacidad de resolver el déficit estructural a nivel nacional. Cuando el Estado compensó -o intentó hacerlo- por la participación en la guerra, la mayoría quedaron afuera, según varios relatos de los propios excombatientes.
En Misiones, la falta de información es más marcada. No hay investigaciones académicas publicadas con trabajo de campo centrado en comunidades mbya guaraní vinculadas a la guerra, ni registros disponibles en organizaciones de excombatientes que incorporen la variable étnica. Tampoco existen datos oficiales accesibles que permitan avanzar en esa identificación. La posibilidad de reconstrucción depende, en este contexto, de relevamientos aún no realizados o de información no sistematizada que permanece fuera del dominio público.
Esa ausencia de registro dialoga con un problema más amplio que excede el caso Malvinas y se proyecta sobre la representación política. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, las comunidades mbya guaraní de Misiones no tuvieron presencia en listas legislativas con posibilidades reales de acceso a bancas, por ejemplo. La falta de visibilidad en los registros históricos encuentra un correlato en la limitada participación en los espacios de decisión, configurando un patrón de exclusión que no se restringe a un período específico.
La incorporación de esta dimensión no modifica los hechos centrales de la guerra, pero sí altera el modo en que se los comprende. Introduce una capa de complejidad que obliga a revisar la idea de homogeneidad sobre la que se construyó buena parte de la memoria pública del conflicto y expone una limitación persistente del Estado para registrar y reconocer la diversidad interna, incluso en contextos de máxima movilización nacional.
En ese marco, la falta de un registro de soldados indígenas de Malvinas no aparece como un dato aislado ni como una deuda meramente administrativa, sino como la expresión de una forma de construcción estatal que, al mismo tiempo que integró bajo una identidad común, omitió sistemáticamente las diferencias que requerían ser nombradas para existir en el plano público.
De Luis Vernet a Pablo Areguatí
Si bien el primer comandante político y militar de las Malvinas, con sede en Puerto Soledad, fue Luis Vernet, designado en 1829 durante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires -que por entonces ejercía la soberanía sobre las islas-, estuvo al mando efectivo por aproximadamente dos años y medio. Su control se extendió hasta fines de 1831, cuando el ataque del buque estadounidense USS Lexington destruyó el asentamiento y desarticuló su administración. En 1832, aunque nominalmente seguía siendo la autoridad, ya no ejercía control real en las islas.
En 1833, durante el levantamiento encabezado por Antonio Rivero, fue capturado, lo que marca el final documentado de su actuación en las islas.
En ese contexto aparece el guaraní Pablo Areguatí (foto), quien, si bien no fue el sucesor directo de Luis Vernet ni integró un equipo de gobierno en términos formales, ocupó el vacío generado tras el ataque norteamericano de 1831, que destruyó el asentamiento y rompió la estructura de mando. Areguatí emergió como referente de los restos de la guarnición y de autoridades menores. Fue una autoridad de hecho, pero no de derecho, que sostuvo lo poco que quedaba del dispositivo militar argentino, con un papel breve pero significativo en la historia temprana de la presencia argentina en las Islas Malvinas, hasta la desarticulación definitiva del asentamiento y la toma del territorio por parte de los británicos.
Areguatí (también mencionado en algunas fuentes como Pablo Areguati o Areguaty) era un militar de origen guaraní que formó parte de la guarnición establecida en las islas durante la etapa posterior a la designación de Luis Vernet.
En medio de esa debilitada estructura política y militar, asumió funciones de mando de manera interina y precaria, como una autoridad local dentro de una guarnición reducida y en condiciones críticas. Su papel no fue el de un gobernador formal designado, sino el de referente militar en una situación de vacío de poder, intentando sostener la presencia argentina en el territorio.
Con el levantamiento encabezado por Antonio Rivero en 1833, Areguatí fue capturado durante esa rebelión junto a otros miembros de la guarnición, lo que evidencia el nivel de descomposición interna que atravesaba el asentamiento antes de la consolidación de la ocupación británica. Lo relevante de su caso no es sólo el hecho puntual de haber ejercido mando en una situación límite, sino lo que representa en términos históricos: la presencia de indígenas -en este caso guaraníes- dentro de las estructuras militares y administrativas en Malvinas, incluso en etapas tempranas del proceso de ocupación argentina.
Sin embargo, su trayectoria, al igual que la de otros actores no centrales en la narrativa oficial, quedó marginalizada en los relatos históricos más difundidos, lo que explica por qué su nombre aparece de manera fragmentaria y con escasa reconstrucción documental sistemática.
El combatiente hegemónico
La construcción del “héroe de Malvinas” se sostuvo durante décadas sobre una narrativa uniforme que invisibilizó a una parte sustantiva de los combatientes: argentinos de origen indígena que no fueron incorporados al imaginario histórico ni al reconocimiento simbólico. Esa omisión no fue ajena al contexto de producción del relato, marcado por una dictadura que controló la comunicación y consolidó una versión épica sin fisuras. Sin embargo, investigaciones recientes y reconstrucciones testimoniales permiten afirmar la participación de más de un centenar de soldados indígenas -en su mayoría jóvenes qom, wichí, moqoit, kolla y mapuche-, entre ellos el caso documentado de Simón Antieco, caído en combate en 1982. En paralelo, registros parciales identifican combatientes mapuches muertos y decenas de veteranos, mientras que en Chaco una ley provincial instituyó una fecha específica para conmemorar a los caídos indígenas, resignificando incluso antecedentes históricos como el levantamiento de Antonio Rivero en 1833. En ese marco, la revisión de la guerra en clave histórica incorpora no sólo la dimensión étnica omitida, sino también las condiciones en que combatieron los soldados, atravesadas por prácticas de violencia interna y por una conducción militar cuestionada, en un conflicto que se desarrolló bajo un régimen dictatorial y en un contexto de crisis política y social. ¡Que continúa!
