Es notable como en determinados contextos, algunas personas explotan como “pururú” y se manifiestan con lo mejor o lo peor que tienen. En Tribunales, por ejemplo, no faltan los “peones creídos que la caretean de patrones”, según el olfato de pasillo de un veterano ordenanza que conoce todos los despachos y que con tantos años de andar repartiendo expedientes, ya desarrolló un olfato especial para “los agrandaditos y las malqueridas”. Por eso no sorprende que de tanto en tanto, se conozcan denuncias con nombre y apellido por presunto bullying y maltrato laboral. Por caso, una tensa situación se estaría viviendo en las Cámaras Primera y Segunda del Crimen de Río Cuarto con la jueza Natacha García, acusada por su secretaria Valeria Sabino ante la Administración General de Justicia por conductas violentas, lo cual sería compartido y padecido por otros trabajadores de la Cámara Primera, cuyo tribunal integra García. En un intento de poner paños fríos a la situación, las autoridades intentarían un enroque con el juez Emilio Andruet para que García pase a la Cámara Segunda. Sin embargo, los empleados de esta Cámara no querrían saber nada con recibir a esta magistrada, y según dejaron saber, no le darán ninguna bienvenida en los próximos días cuando en teoría García debiera ocupar su nueva oficina.
Estas situaciones, sostenidas en conductas autoritarias, no sólo impactan hacia dentro del Poder Judicial, sino también ante muchos ciudadanos que por diferentes razones concurren a tribunales, y sufren algún destrato. De hecho, también a veces también los trabajadores de prensa, debemos soportar comportamientos herméticos de funcionarios públicos, que sin embargo niegan y retienen información de interés general con arrogancia y altanería, como si estuviera en una oficina privada. Afortunadamente, estos casos son puntuales y fácilmente corregibles si las máximas autoridades del Superior Tribunal y la Fiscalía General se lo proponen. Después de todo, La Justicia no debería temerle “al llano” ni a facilitar el acceso y la difusión de la información, y mucho menos a prohibir de manera terminante el maltrato laboral y la proliferación de mandamases.
SALTA “LA LINDA”
Debemos reconocer que las estafas piramidales de Marcelo Cositorto son federales, y con un poco más de tiempo se hubiesen podido extender a Cuyo y a la Patagonia. Luego de la primera condena de 12 años de prisión en Corrientes, por fraudes y asociación ilícita, ahora la atención se trasladará a la capital salteña para lo que será el segundo juicio por los chanchullos de Generación Zoe. Allí y a partir del jueves 29 de mayo, el “calamar” (hincha de Platense) Cositorto, será juzgado por los mismos delitos junto a sus presuntos cómplices locales Vilma Albornoz y los hermanos Ana, Jorge y Ricardo Vilardel, y por haber estafado a 118 inversores. Los jueces tratarán de terminar este segundo juicio antes del inicio de las vacaciones de julio, por lo que el locuaz super-coach podría cosechar una segunda condena durante el invierno venidero. Ocurre que más allá del denodado esfuerzo de su defensor Guillermo Dragotto, las pruebas parecieran ser fulminantes y con una trazabilidad bastante clara del modo en que tentaban y pescaban aportantes encandilados con la posibilidad de ganar suculentos intereses en dólares. Según las estimaciones, los fraudes a valores actualizados rondarían los $60.000.000 y casi USD600.000.
Recordemos que la causa más resonante que involucra a Cositorto y a sus más estrechos colaboradores se encuentra en Córdoba, y con la expectativa que la investigación de la fiscal Juliana Companys de Villa María supere las oposiciones y finalmente llegue a juicio. Pero además se instruyen, desde el 2022 y con algunos contratiempos, otras causas en Rosario y también en Comodoro Py, en el juzgado del resistido candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo. En estas causas también estarían investigando el origen del dinero de las operaciones, ya que no se descarta que haya provenido del narcotráfico.
Así las cosas, y mientras Cositorto no puede entender porque por ahora los presuntos delitos criptos del Libragate navegan en una aparente impunidad, su derrotero por diferentes tribunales continúa avanzando casilleros como en el Juego de la Oca. Paso a paso, ya terminó lo de Corrientes y ahora llega el turno de Salta “La Linda”.
