La actual gestión del Banco Central apunta todos los cañones hacia la última parte de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández. Las autoridades de la entidad que tiene al frente a Santiago Bausili sostienen que el momento más álgido de las maniobras se dio entre 2022 y 2023, y apuntan sobe todo a dos nombres: Sergio Massa, exviceministro de Economía, y Miguel Ángel Pesce, expresidente del BCRA.
Según el Gobierno actual, ellos son dos de las caras más visibles de la maniobra que se investiga, aunque también aseguran que “es imposible que la estructura no haya sido más grande”.
Con esta lógica, incluso, resaltan que los cinco empleados investigados y que hasta el momento continúan formando parte de la plantilla del Central, “en todo caso eran apenas un fronting”, es decir la cara más visible de una movida más grande.
Solo una vez que se avance con ese proceso, las autoridades monetarias definirán si corresponde o no apartarlos de su plantilla.
Incluso, explican que todavía faltan argumentos para saber con claridad de qué se los acusa a los empleados hoy bajo la mira de la Justicia, independientemente de que ya se está en marcha la iniciativa para avanzar sobre una investigación interna. Lo que surja de esas explicaciones, dicen en el Banco Central, “será una herramienta más para los procedimientos internos que se dispongan”.
La justicia investiga a empleados y gerentes de planta del BCRA. Se menciona específicamente a una gerente, Romina García, en audios que sugieren que las órdenes de autorizar estas ventas venían de «arriba», en referencia a miembros del anterior directorio.
Para la entidad, esta es hoy la la causa más significativa para sus propios intereses ya que involucra a parte de su personal.
En este contexto, además, sostienen que para que esto haya ocurrido debería haber existido también un “aval político”, por lo que Massa y Pesce no son los únicos exfuncionarios a los que mira el BCRA. En la lista también aparece Claudio Martín Golombek, que entre 2020 y 2023 estuvo al frente de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), el ente que debe supervisar, entre otras cosas, que las casas de cambio no se salgan de la ley.
La Justicia investiga si durante su gestión se hizo la vista gorda y se facilitó el camino para que prosperaran maniobras financieras como en las que ahora figuran personajes como Elías Piccirillo.
El foco de la investigación está puesto en cómo ciertas casas de cambio y bancos habrían facilitado el acceso al dólar oficial a personas y empresas que no tenían capacidad económica para justificar esas compras, para luego revender esas divisas en el mercado paralelo (el «blue»), obteniendo una ganancia exorbitante mediante el diferencial cambiario, lo que en la jerga se conoce como «rulo». El monto estimado alcanza los US$ 1.400 millones.
En cuanto a la resolución de los sumarios, hay dos vías. Una de ellas tiene que ver con lo estrictamente cambiario, y allí quien debe tomar una determinación es la Justicia Penal Cambiaria, y no el Central. Donde sí puede la entidad monetaria tomar agún tipo de decisión es en aquello relacionado con lo financiero, como el incumplimiento de controles internos, aunque en estos casos las sanciones suelen ser menores.
