CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un militar guatemalteco de alto rango, condenado por delitos de lesa humanidad como tortura, violación y desaparición forzada durante el conflicto armado interno de Guatemala, falleció sin que enfrentara dos nuevos procesos penales por genocidio de indígenas mayas.
El general de división retirado Manuel Antonio Callejas y Callejas murió a los 90 años, informó el jueves el Ministerio de Defensa. Padecía párkinson y enfermedades renales.
El militar permanecía en libertad por orden judicial, pese a haber sido condenado por desaparición forzada, mientras su salud mejoraba para ser procesado nuevamente.
La Asociación para la Justicia y Reconciliación y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que representa a las víctimas, dijeron en un comunicado que recibían la información de su muerte con indignación.
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Lamentaron que Callejas y Callejas falleciera «sin que haya enfrentado a la justicia en el más reciente juicio por genocidio, delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada en contra de población (maya) ixil».
El fallecido fue jefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor General, conocida como G-2, una temida y peligrosa estructura militar que durante los años de la guerra en Guatemala (1960-1996) fue responsable de graves crímenes como torturas, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos.
En 2018, un tribunal lo condenó, junto a otros militares, a 58 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Thiessen en los años 80, cuando el menor tenía 14 años, y por la violación de su hermana sobreviviente.
Aunque estuvieron detenidos por las condenas en su contra, la Corte de Constitucionalidad los benefició con libertad bajo el argumento de problemas de salud.
La Corte Interamericana de DDHH pidió no liberar a los militares, luego de que en 2022 condenara al país centroamericano por la desaparición de Molina Thiessen.
«Fue bajo su dirección, como lo probamos en juicio,… que se catalogó a la población civil, al sector religioso, sindical y estudiantil, así como a comunidades indígenas enteras como enemigo interno, ordenando su eliminación», dijeron las organizaciones.
Callejas y Callejas también estaba procesado por el caso de la zona militar número 21, ubicado en el municipio de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, donde ahora funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz y donde más de 500 personas fueron torturadas, asesinadas y enterradas.
Además, era procesado por su presunta responsabilidad en masacres que costaron la vida a más de 1.700 personas, entre 1978 y 1982 en el área maya ixil, conformada por los municipios de Santa Maria Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, del departamento de Quiché, una de las zonas más golpeadas durante la guerra.
«Hoy, aunque muere amparado por un sistema judicial corrupto, recodamos que fuimos capaces de llevarlo a los tribunales y engrilletado como genocida», dijo la asociación de víctimas.
