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La jueza Karina Andrade indicó que hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos. También señaló que no había sido informada de la participación de barrabravas.
La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de las personas detenidas durante la marcha de los jubilados en el Congreso que se realizó el pasado miércoles, indicó que «hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos». Además remarcó: «Nadie me trajo información de que había barrabravas».
Andrade enfatizó que se tardaron “horas” en pasarle los datos de la última tanda de detenidos y que la información recibida era deficiente, careciendo de detalles esenciales como el lugar exacto de la detención y un resumen de los hechos en el caso de desobediencia.
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Subrayó que priorizó derechos constitucionales, como el de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. “Nuestra Constitución habla del derecho a la protesta, debe garantizarse”, indicó.
La jueza también señaló que su función dentro del sistema acusatorio es “controlar los requisitos de detención” en un contexto de “ponderación de derechos”.
Afirmó que la sentencia que dictó dejó en claro “el ABC de la detención de una persona en el país” y que su argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución.
Un mexicano
Andrade volvió a explicar los motivos por los que ordenó la liberaciones y reveló el caso de uno de los detenidos sobre quien sólo se consignaba que era de nacionalidad mexicana, pero no se brindaban más datos.
“El contexto era general de información que iba siendo completada después, sin estar todo informado como corresponde. Teníamos un caso que decía “mexicano”, pero hasta las 2 de la mañana no tuve información de quien era ese mexicano”, puso como ejemplo.
Andrade sostuvo que se trataba de detenciones “que estaban siendo convalidadas pero no tenían los requisitos básicos” para ejercer un control.
Además, destacó el contexto “un ejercicio de un derecho constitucional que debe garantizarse”.
La magistrada detalló que «las investigaciones no están cerradas. El Ministerio Público Fiscal, al menos hasta lo que yo conozco, las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente».
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La magistrada aclaró: «Yo no declaré la nulidad de las detenciones y esto es lo que explica que las investigaciones puedan seguir a cargo del Ministerio Público Fiscal. Mi argumento fue estrictamente jurídico apegado a la Constitución y mi decisión no fue espontánea»,.
Precisó que tiene «un rol jurisdiccional de control de legalidad. El marco que yo tenía para resolver eso, presentado por el Ministerio Público Fiscal, yo no tenía ninguna información de que se estaba llevando adelante alguna acción de una organización delictiva».
«Y esto lo quiero decir claro: si hay, por ejemplo, alguna investigación judicial podría haber habido algunas medidas durante el día anticipatorias, pero no era el contexto que yo tenía como jueza ni el contexto que se me traía desde el MPF».
Al respecto, Andrade agregó que el único dato que tenía era una marcha dentro de «un ejercicio de un derecho constitucional de personas adultas mayores a las que se van sumando otros grupos y eso lo que significa, con la Constitución Nacional en mi escritorio, es que hay que garantizar que eso pueda suceder».
También precisó: «Hasta las 10 y pico de la noche yo tenía 14 personas detenidas cuando, a la brevedad, la defensa me dice que hay una gran cantidad de personas detenidas que no están informadas debidamente. A partir de eso, y otras cuestiones, pido el cese de la detención».
Dijo que en ese momento le pidió «las actuaciones a la fiscalía» y les dio «2 horas» ya agregó: «Se cumplió ese plazo y la fiscalía no lo envía».
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«Yo no necesito las actuaciones para hacer un control de legalidad. Si la información es falsa, después habrá un problema. Pero, en principio, la información que se me da es la que cuenta para que yo pueda hacer un control básico. Y ese control básico es el que no estaba pudiendo cumplir», agregó.
Sobre la amenaza que realizaron algunos funcionarios de que iban a presentar un juicio político en su contra, Andrade dijo que «es un desprestigio al Consejo de la Magistratura».
«Yo cumplo mi función, uso la Constitución y hago lo que tengo que hacer», agregó y señaló que «eso afecta a la democracia y a la división de poderes».
Consideró que la postura de algunos funcionarios es «desafortunado por supuesto porque los jueces tenemos que poder resolver sin que ello conlleve a que por una decisión que yo hago en el marco de mis funciones automáticamente se salga a decir cosas que no son, mías personales, o a anunciar algún tipo de jury».
