Como todos los años, el primer sábado de mayo se llevó adelante en Argentina una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM). Unas 25 ciudades sumaron para visibilizar antiguos y nuevos reclamos. Es que además de exigir una nueva Ley de Drogas, las organizaciones cannábicas y de derechos humanos, junto a otros actores de la sociedad civil, pusieron sobre la mesa cuestiones como la reparación histórica de usuarios y cultivadores que son perseguidos y criminalizados por la Ley 23.737 y el fin de la violencia estatal.
Hablamos de una ley vigente desde 1989, que durante 35 años ha sido utilizada como herramienta para realizar allanamientos violentos, detenciones arbitrarias y la estigmatización de los usuarios de sustancias, que siempre ha impactado con mayor fuerza sobre jóvenes de barrios populares, pueblos originarios, mujeres y personas trans. Todo ello mientras, como afirman desde la Mesa Organizadora de la Marcha, en otros países ya se han puesto en marcha modelos basados en la salud pública y el respeto a los derechos humanos.
Nermi, reconocida activista cannábica y referente de la organización El Jardín del Unicornio, contó a La Izquierda Diario: “Todas las consignas fueron acordadas por todas las organizaciones que formaron parte de la Mesa Organizadora, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Así se elaboró el documento que fue leído en el Congreso ante unas seis mil personas”.
Dicho documento había sido entregado unos días antes en la Casa Rosada, junto a una nota dirigida al presidente Javier Milei.
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La marcha se llevó a cabo bajo la consigna “Por una nueva ley de drogas. Basta de presos por marihuana”. En ese sentido Nermi agregó: “Indudablemente, lo que estamos viviendo, la pérdida de derechos en general nos llevó a juntarnos bajo esta consigna. Es necesario un cambio radical para que la marihuana sea legal para todes”.
El reclamo de una nueva ley de drogas incluye que se abandone la lógica criminalizadora respecto al cannabis, fundamentándose en derechos humanos, salud pública, perspectiva de género y justicia social.
A su vez, el manifiesto reclama compensar los daños de la Ley 23.737 mediante medidas como amnistía, absolución, sobreseimiento, cancelación de antecedentes y reparación económica para quienes han sido afectados por su carácter represivo y persecutorio.
Otro de los puntos que integra el documento elaborado por las organizaciones se basa en el reconocimiento del trabajo cannábico, es decir, que se valore y regule el esfuerzo, el saber y la experiencia de quienes participan en el cultivo y procesamiento del cannabis, reconociéndolos como parte esencial de la economía y la cultura popular.
En cuanto a la salud, destacan por un lado el pedido de la implementación por parte del Estado de estrategias de reducción de daños, es decir, de medidas preventivas para disminuir los riesgos asociados al consumo de sustancias, junto con la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos para las fuerzas de seguridad y funcionarios, orientada a erradicar episodios de represión; y en segundo lugar, la necesidad de la puesta en funcionamiento del Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Iacop), con el objetivo de garantizar el acompañamiento de las personas en situación de consumo problemático, desde una perspectiva de salud y derechos humanos.
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La Mesa Organizadora de la Marcha también se ha puesto énfasis en el rechazo a la violencia institucional y la condena de las acciones violentas durante las manifestaciones, señalando, entre otras medidas, el “Protocolo Antipiquete Bullrich”, el cual ha derivado en detenciones arbitrarias y representa un ataque al derecho de la protesta pacífica.
Sobre este último punto, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, dijo a este diario: “Haber marchado ya es un montón. Nos dieron dos carriles nada más, es la primera vez que nos pasa, con un cordón policial al lado continuamente, durante toda la movilización”.
Además, Salech subrayó que “el momento de luchar por una nueva legislación es éste, no podemos permitir que usuarios ocasionales o con consumo problemático sigan siendo tratados como criminales. Pero no basta sólo con pedir que se deje de criminalizar, sino que vamos a pelear porque haya una ley que además acompañe, que sea más humana, desde una perspectiva de la salud”.
Y añadió: “El movimiento está dando un paso histórico porque ya no nos alcanza con los marcos regulatorios existentes. La 23.737, a la luz de los hechos, ha fracasado y debe ser derogada; vamos por una nueva ley de drogas”.
