Mediante el Decreto 383/2025, el Gobierno Nacional oficializó una reforma estructural en la Policía Federal Argentina (PFA). Esta normativa redefine el perfil de la institución y establece una reorganización operativa y administrativa. De esta manera, se autorizó el desarrollo de requisas y detenciones sin orden judicial, con el fin de “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos”.
En comunicación con Radio Universidad, Victoria Darraidou, coordinadora de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró “preocupantes” las nuevas facultades otorgadas a la PFA. “Es absolutamente grave que haya un decreto así firmado por el Presidente. En su mayoría, son incumplimientos del Estado argentino en cuestiones tan nucleares como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, expresó.
En este sentido, recordó que las normativas que habilitan a las detenciones o las requisas sin ninguna autorización judicial “originaron los más graves hechos de violencia institucional que hemos tenido en nuestro país”. “Hubiera sido ideal que este tipo de cosas se discutan en el Congreso. Se debería llegar a acuerdos políticos, pero ese no fue el caso. El pretexto del decreto es la Ley Bases, que faculta al poder ejecutivo a tomar algunas prerrogativas”, indicó.
Asimismo, Darraidou señaló que este tipo de herramientas pueden ser utilizadas para “control político” e incluso “reducción de la discusión pública”. “Lo que podemos pensar es que, si uno manifiesta su pensamiento en redes sociales, probablemente estará vigilado, aparecerá en alguna determinada lista o será detenido sin justificación alguna. Este tipo de intervenciones violan el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la libertad de expresión”, agregó.
El impacto de las nuevas requisas
Por otra parte, la especialista consideró crucial que el Congreso anule el decreto y que la discusión de una nueva Policía Federal Argentina se realice “de otra manera”. “Últimamente venimos con ciertos reveses judiciales. A pesar de que hay muchos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta resolución que aplica el Gobierno desde diciembre de 2023 para reprimir la protesta social aun no la hemos podido condenar”, lamentó.
Para concluir, Darraidou destacó que la orgánica de la PFA “nunca se modificó”. “Aquí surgen dos cosas. Por un lado, la detención sin orden judicial, y por otro, lo que encuentren a uno en flagrancia. Para que una persona sea detenida debe haber razones fundadas y la policía tiene un plazo de diez horas para liberarla. El problema es que las razones fundadas por el famoso olfato policial, que muchas veces es sesgo racista y discriminador, se ha utilizado para hacer extorciones, controles y mucho más”, cerró.
